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El aniversario de los cuatro años del TLC entre Colombia y Estados Unidos no sólo trajo cifras bajas en el tema de exportaciones para el país, sino que también sacó a la luz pública una amarga resolución que le abriría paso a la importación de alcohol carburante o etanol desde el país norteamericano a la nación.
Si bien en 2003 se estableció la importación de alcohol carburante para cubrir el déficit de la oferta y en aras de promover la autosuficiencia energética del país y el abastecimiento interno del biocombustible, en 2014, como ministro encargado del Ministerio de Minas y Energía, Alejandro Gaviria Uribe, expidió una resolución que restringió la importación del biocombustible y la condicionó sólo al déficit de la demanda nacional.
La razón: el TLC que había empezado a operar en mayo de 2012 inundó de etanol al país. Según la DIAN, en 2013 se importaron 14.9 millones de litros desde EE.UU. En 2014, cuando ya estaba la restricción, 12.2 millones y el año pasado, 1.8 millones de litros.
Así quedó establecido, buscando, entre otras cosas, proteger esta industria que creció especialmente en el valle geográfico del río Cauca y que hoy se compone de cinco plantas adyacentes a los ingenios azucareros: Risaralda, Mayagüez, Providencia, Manuelita e Incauca. Entre todos producen 1,2 millones de litros al día, 121 millones de galones por año, que equivale al 0,47 % de la producción mundial.
Pero esta noticia pondría en grave riesgo a este sector, dice el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, quien desde la semana del 13 de mayo viene citando a un debate que se aplazó para este miércoles, con el fin de advertir al coincedencialmente vallecaucano Germán Arce, que tal decisión que dejó proyectada la interina ministra de Minas, María Lorena Gutiérrez, “es grave para la estabilidad económica y social de las cadenas de etanol, azúcar y panela en Colombia”.
La justificación del Gobierno, según el documento borrador, es que “debido a que los efectos del cambio climático, la entrada en mantenimiento de algunas plantas productoras y el aumento en la demanda de combustibles han causado incertidumbre en el abastecimiento de alcohol carburante como producto nacional”. Cosa que sí tuvo lugar en abril de 2015 y enero de 2016, por lo que existen las resoluciones, que en el primer caso, por ejemplo, autorizaron la importación de alcohol carburante de hasta un millón de galones para un período comprendido entre mayo y junio de ese año.
Sin embargo, esa no parece ser una constante. Según el presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, Jorge Bendeck Olivella, “la industria nacional está en capacidad de suplir la demanda de etanol para una mezcla del 8 %, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Minas y Energía. Una importación libre de etanol o de biodiésel le daría un golpe de muerte a la industria, que es pequeña en comparación con la producción norteamericana que produce enormes excedentes que pueden inundar los mercados del mundo, en particular el pequeño de Colombia, a precios muy bajos”.
Argumentos con los que coincide el senador Robledo, quien preparó un documento para el debate en la Comisión Quinta del Senado, el cual conoció este diario. “El etanol en Estados Unidos es una industria que opera desde 1982, pero que quebró por la caída de los precios del petróleo y se recuperó en 2009, cuando vinieron los subsidios que despejaron el montaje de plantas”, argumenta. Desde entonces, pasó de producir en 2007 unos 6.498 millones de galones a 14.806 millones en 2015 (58 % de la producción mundial). Mientras que en Colombia la producción apenas alcanzó los 121 millones de galones, o sea, el 0,47 % de la producción mundial, que es de 25.682 millones de galones anuales.
Una competencia de cinco plantas colombianas contra 213 refinerías que tiene Estados Unidos. Una competencia de precios de etanol de US$1,60 el galón a US$2,65, que es lo que vale hoy en Colombia. Una competencia, dicen Bendeck y Robledo, que pondría en riesgo una economía que tuvo ventas el año pasado de $920.000 millones. Esto sin contar los 100.352 empleos que genera la cadena del etanol soportada en 130.973 hectáreas que representan el 57 % del área de caña sembrada en el país.
Pero este, el primer chicharrón grasoso que tendrá que digerir, sin afectar a sus coterráneos, el ministro valluno Germán Arce tiene un antecedente. El 13 de septiembre de 2014, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, le manifestó al presidente Juan Manuel Santos su preocupación por las nuevas restricciones a la importación de etanol que, entre otras cosas, estaba lastimando el comercio bilateral. Meses después de que el Gobierno expidiera la resolución que restringió el ingreso de etanol al país.
Otra razón para oponerse, que tienen el senador del Polo Democrático y el gremio de los biocombustibles, es que en diciembre próximo entraría a operar la planta de etanol de Ecopetrol. Producirá 500.000 litros al día, lo cual equivale al 38 % de la producción nacional, según las cuentas de la compañía.
Por ahora, dice Bendeck, el gremio ya se ha reunido con el Gobierno “y estamos pendientes de alcanzar un acuerdo que permita que la industria crezca para bien del ambiente, del desarrollo regional incluyente, de la paz al generar miles de empleos y para asegurar el suministro de combustible limpio de alto octanaje, en un país que avanza aceleradamente hacia la pérdida de la autosuficiencia petrolera”.
Por eso, cuatro años después de entrar en vigencia el TLC con Estados Unidos, el senador Robledo dice que “fue un tratado tan mal negociado, que Colombia se va a inundar de alcohol carburante gringo subsidiado por los propios colombianos”.