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“Darles el cheque a las personas que lo necesitan, a la población vulnerable”, según Lisandro Junco, director de la DIAN, es lo que el Gobierno pretende con el fin del régimen de exentos y dejando bienes como los huevos, el arroz y las verduras en la categoría de excluidos de IVA. Así lo explicó esta mañana en la Comisión IV del Senado de la República, en donde se llevó a cabo un debate de control político a la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno.
Vale la pena recordar que los bienes exentos (categoría en la que actualmente están muchos alimentos y otros bienes) tienen IVA, pero de 0 %. Es decir, causan el impuesto y los productores pueden, al final de los procesos, pedir la devolución de todos los IVA que pagaron en la cadena. Los bienes excluidos, por otro lado, no causan el impuesto, por lo tanto, no se puede pedir la devolución de los IVA pagados para producir el bien en cuestión (por ejemplo, el IVA del alimento balanceado que consume el ganado).
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Esa propuesta es la que, según economistas y gremios, podría derivar en un aumento de los precios finales para los hogares: si el IVA es un costo que tiene que asumir el productor, es probable que este termine trasladando eso a los consumidores. Sin embargo, según Junco, el “cheque” de esas devoluciones suma $1 billón, por lo que en el debate les solicito a los senadores que le permitan al Gobierno entregar el “cheque” a los más pobres, es decir, no a los productores.
En su intervención, el director de la DIAN también aclaró la cifra del umbral a partir del cual las personas naturales tendrían que declarar renta (en 2023). “No es cierto que van a pagar los asalariados por $2,5 millones al mes”, dijo. De acuerdo con los cálculos de la entidad, los ingresos anuales de las personas que tendrían responsabilidad con el impuesto sobre la renta tendrían que sumar alrededor de $50 millones anuales, es decir, unos $4,1 millones mensuales (sin descontar seguridad social). Descontando seguridad social (es decir, lo que puede llegarle a un asalariado a su cuenta de nómina), serían unos $3,79 millones.
Para calcular la renta líquida (que es lo que el proyecto de reforma fija en 800 UVT para 2023 sobre el año gravable 2022), la DIAN descuenta exenciones y aportes como los de seguridad social:
➡️En nuestro ejercicio, estos asalariados pagarían por impuesto de renta $166.610/año, es decir, $13.884/mes. #Solidaridad 🇨🇴 con los más vulnerables. pic.twitter.com/HBx4gKmaYS
— Lisandro Junco (@LISANDROJUNCOR) April 21, 2021
El senador Juan Luis Castro, de la Alianza Verde, recalcó en su intervención que la comunicación del Gobierno alrededor de la reforma ha sido irrespetuosa e irresponsable, y citó como ejemplo el hecho de que el país hubiera empezado a discutir el asunto a raíz de entrevistas radiales y no con base en un texto oficial.
Por parte del Ministerio de Hacienda, asistió el viceministro Juan Pablo Zárate, quien intervino brevemente para reafirmar la necesidad de sacar adelante la reforma teniendo en cuenta la coyuntura económica del país. Aseguró que, además de esta medida, será necesario reducir el gasto en tres puntos porcentuales del PIB e hizo referencia las metas de austeridad que se ha puesto el Gobierno. Asimismo, reconoció la necesidad de trabajar más, desde la DIAN, para combatir la evasión.
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Entre los invitados al debate estuvo la actriz Alejandra Borrero, quien expuso la difícil situación económica por la que están atravesando no solo los actores, sino todos los involucrados en la cadena de producción del cine, el teatro y la televisión. Afirmó que el gremio está “pasando hambre” y resaltó la importancia de mantener incentivos para la industria, como los del Certificado de Inversión Audiovisual y la Ley del Cine, que ha impulsado la cinematografía. Acabar con sus incentivos, agregó la artista, “acabaría con el cine colombiano”.
Entre los congresistas participantes del debate hay una especie de consenso respecto a que la reforma debe atender las necesidades de los más pobres, sin afectar a la clase media ni su capacidad de consumo, impulsar a las pymes y no tocar las pensiones. Son cuestiones que con seguridad se abordarán en los próximos días y semanas, cuando la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, radicada con mensaje de urgencia, surta sus primeros debates. Esto, en la antesala de una convocatoria de paro nacional para el próximo 28 de abril y en medio de las voces, como la del senador citante Wilson Arias, que insisten en que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, deje su cargo.