Pablo Felipe Robledo, el cumplidor de la ley

En el país del “¿usted no sabe quién soy yo?”, aplicar la ley a todos por igual, aun a los poderosos, es un acto rayano en el heroísmo. Al cabo de un año en que saltó a la vista que la corrupción pública y privada es la mula que se atraviesa en el camino de un país menos injusto y en paz, enfrentarla sin ambages da para ser personaje nacional.

Hacer cumplir las reglas de juego: ese es el mérito de Pablo Felipe Robledo, el superintendente de Industria y Comercio (SIC) que ha impuesto multas sin precedentes, por más de un millón de millones de pesos, a empresas del azúcar, el cemento, la telefonía celular, el arroz, los pañales, la seguridad privada, el papel higiénico, la televisión por suscripción, los cuadernos, el Acueducto de Bogotá (por el esquema de recolección de basuras) y un largo etcétera.

La regla que habrían violado todos es la elemental del juego económico: competir limpiamente, sin ponerse de acuerdo con sus rivales para repartirse el mercado o mantener precios inflados; y sin aprovechar su poder para imponer sus condiciones, como hizo Comcel-Claro para dificultarles a sus clientes llevarse su número de celular a otra compañía, lo que le valió una multa de la SIC por 87.000 millones de pesos.

Las metáforas deportivas –competencia, rivalidad, reglamento, juego limpio– son inevitables en una conversación con Robledo. Bajo la pinta de abogado corporativo se asoma el tenista profesional frustrado, que a los 16 años abandonó las canchas por determinación del padre, que advirtió a tiempo que el muchacho tenía más ganas que talento. “Que dos empresarios coludan para no competir es tan ilógico como si Federer y Djokovic se pusieran de acuerdo para repartirse los partidos”, me dice mientras muestra las fotos de sus ídolos. Me da la impresión de que, como no llegó a ser uno de ellos, se convirtió en árbitro. Y de los buenos.

El paralelo entre las grandes ligas empresariales y deportivas eclipsa la otra cara del trabajo de Robledo y la SIC, que es menos visible y me interesa más, por afectar los derechos de los más débiles. Si las empresas se ponen de acuerdo para mantener altos los precios durante años, ¿quién paga esos precios? Desproporcionadamente, los ciudadanos más pobres, que pueden vivir sin comprar El Espectador pero no papel higiénico, pañales, azúcar o cuadernos.

Si los cálculos y el proceso en curso son atinados, el cartel empresarial de los papeles suaves habría elevado artificialmente el precio del papel higiénico en un 30 %. Esos son $300 en un paquete que debería costar $1.000, lo que puede ser la diferencia entre poder y no poder comprarlo para muchos colombianos. Algo parecido pasa con los demás productos de la canasta básica en los que se ha enfocado la SIC, como el arroz, sector en el que la empresa Roa Flor Huila fue multada con $33.800 millones de pesos por influenciar los precios. O con los funcionarios y empresarios investigados (como los del Grupo Nule) por acusaciones de coludir para repartirse licitaciones públicas, con plata de los impuestos de todos.

En últimas, se trata de un robo al público, un “robo erga omnes”, como me dice Robledo con el latinajo que delata su oficio previo de abogado privado. Quien se roba un pañal en un supermercado es enviado a la cárcel. ¿No es apenas justo que quien les robe diariamente a los compradores de pañales reciba también una sanción, una multa proporcional a las utilidades artificiales que recibió?

Por eso es difícil de entender que influyentes sectores políticos, empresariales y mediáticos se vinieran lanza en ristre contra la SIC por la multa de $324.000 millones de pesos que propuso contra compañías azucareras, por posibles prácticas de cartelización que nos habrían costado miles de millones de pesos en sobreprecios a los consumidores. Desde el uribismo hasta el Moir, desde el gremio azucarero hasta la ANDI, criticaron duramente a Robledo por cumplir su deber. Al cerrar filas, los azucareros y sus defensores dieron la impresión de que en Colombia existe una versión gremial del “¿usted no sabe quién soy yo?”.

El respaldo del presidente Santos a Robledo confirma que este ha sido un logro destacado del Gobierno actual, que fortaleció a la SIC con poderes, presupuesto y personal competente desde 2010. Ojalá el Gobierno hubiese hecho lo mismo en otros sectores que son su lunar, como el ambiental, que requieren con urgencia mayor supervisión, independencia y competencia.

Pero eso no es asunto de Robledo. Lo suyo es cumplir y hacer cumplir las reglas de juego por igual. Así de sencillo, y así de notable.

*Director de Dejusticia y columnista de El Espectador.

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