Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En 2015 la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano (Uninpahu) incrementó en un 3,5% el valor de la matrícula para los nuevos y antiguos estudiantes de los programas de tecnología en administración de sistemas de información y documentación, tecnología en salud ocupacional y tecnología en comunicación social y periodismo. En ese entonces, la institución justificó el alza (0,21% más de la variación del índice de precios al consumidor) asegurando que invertiría esa diferencia en el fortalecimiento académico de estos programas acreditados. (Lea aquí: Estas son las 30 universidades investigadas por el Ministerio de Educación)
A finales de ese año, el Ministerio de Educación realizó una visita para verificar que esto fuera cierto y observó, en un principio, que “los mayores ingresos recibidos por concepto de derechos pecuniarios se aplican a gastos de funcionamiento. No se identifica de manera clara la destinación específica de los mayores ingresos recibidos por concepto de derechos pecuniarios”. Ante el posible incumplimiento de lo sustentado en los incrementos de las matrículas, el ministerio abrió el 10 de noviembre de 2016 una investigación administrativa preliminar para determinar si efectivamente existía o no una inconsistencia. (Lea aquí: ¿La universidad donde estudias está investigada o fue sancionada? Consulta aquí)
Sin embargo, el pasado 24 de mayo el Ministerio de Educación archivó la investigación preliminar al no encontrar méritos suficientes en este caso. De acuerdo con la cartera, los dineros recaudados con los incrementos de las matrículas sí fueron invertidos de manera satisfactoria. La fundación universitaria dotó la biblioteca, creó y adecuó espacios e implementó y fortaleció las tecnologías de la información y comunicación.
“Los ingresos recibidos por Uninpahu en el 2015, por concepto de incrementos en el PC ($9.837.905), fueron invertidos en los conceptos que había informado el Ministerio de Educación, con el concepto de mejorar las condiciones académicas de los programas que ofrece”, aseveró la fundación universitaria.
A través de una resolución, el Ministerio de Educación ratificó la semana pasada que la institución tiene la razón. Por tanto, no violó ninguna norma que rige la prestación del servicio público de educación superior.