En la noche del miércoles 29 de septiembre los estudiantes de la Universidad Pública de Mendoza, en Argentina, derribaron una estatua de la Virgen que adornaba el edificio principal de la institución. El acto surgió después de una asamblea interfacultades en la que se acordó remover los símbolos religiosos de la universidad para exigir la separación de la Iglesia, el Estado y la educación.
La Virgen caída se convirtió en una de las múltiples expresiones del apoyo de los estudiantes argentinos al paro indefinido de más de 190.000 maestros que reclaman que el gobierno del presidente Mauricio Macri les garantice salarios dignos y asigne, de una vez por todas, el presupuesto para mejorar la infraestructura y la calidad de las 57 universidades públicas del país.
En concreto, las protestas de los profesores, que comenzaron hace cuatros semanas y no parecen estar cerca de terminarse, tienen como primer objetivo obtener un aumento del sueldo que se ajuste a la inflación oficial, que ya va en 20 % y se espera que termine el año por encima del 30 %.
“Estamos convencidos de que la oferta del Ministerio de Educación de aumentar el salario un 15 % es absolutamente inaceptable”, le dijo Nicolás García Roel, secretario de la Asociación Gremial Docente, al diario Nodal de Buenos Aires. Y añadió: “Vamos a rechazarla hasta las últimas consecuencias, pero tenemos la confianza de que con el apoyo de los estudiantes y de los padres de familia podamos llegar a una solución justa”.
Las últimas consecuencias a las que se refería el dirigente sindical son, sin duda, las marchas y las movilizaciones populares que, además de dejar sin clases a un millón y medio de estudiantes universitarios y a cientos de miles de alumnos de colegios que también se sumaron al paro, tienen contra las cuerdas al gobierno argentino, que vive hoy una de las peores crisis económicas de los últimos años.
“Hoy no es una marcha sólo en defensa de la universidad y la ciencia, es una protesta contra el Gobierno”, dijo Gabriel Bober, delegado de los trabajadores de la oficina pública que financia proyectos de investigación científica, en una entrevista con El País de España.
La idea que defiende Bober es quizás una de las principales razones por las que el paro de maestros ha recibido el apoyo de importantes sectores de la sociedad argentina y la acogida de casi la totalidad de los docentes. De acuerdo con la prensa argentina, la última semana el paro tuvo un 75 % de adhesión en la Universidad de Buenos Aires, y en las provincias del interior el acatamiento fue mayor al 80 %.
“La crisis de las universidades públicas es sólo uno de los síntomas del fracaso de las políticas neoliberales de inflación, devaluación y endeudamiento de Macri”, aseguró un estudiante durante la multitudinaria marcha del jueves, que reunió a distintos sectores inconformes en la Plaza de Mayo, mientras el Banco Centro elevaba de 45 a 60 % las tasas de interés para tratar de detener la inminente devaluación del peso argentino.
Además de las marchas y las tomas estudiantiles de las universidades, los profesores se han ingeniado otras formas creativas de protestar: “El gobierno nacional está sordo a nuestros reclamos. Por eso trajimos nuestro trabajo, nuestros tableros y nuestros alumnos a la Plaza de Mayo”, le dijo a Clarín Ileana Celotto, secretaria general del sindicato de profesores de la UBA, quien es una de las 100 profesoras que están dictando su clase al aire libre.
“Siempre apoyo las medidas que tomamos los docentes en la asamblea, pero esta vez más que nunca. Ayer no había papel ni tóner para imprimir las listas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA”, afirmó Joaquín Farina, profesor de macroeconomía y política económica.
Aunque suene extraño, los padres y madres de familia también apoyan las manifestaciones de los profesores. “Como miembros de la comunidad educativa queremos expresar nuestra solidaridad con el reclamo docente, en la certeza de que la educación pública de calidad empieza con el reconocimiento de la justicia de esa demanda de mejora salarial por parte de los educadores”, se lee en una circular que una de las asociaciones de padres le enviaron al ministro de Educación, Alejandro Finocchia, quien respondió, a través de un comunicado de prensa, que “el gobierno nacional busca trabajar en forma conjunta con los sindicatos para arribar a una pronta solución del conflicto y reconoce como legítimo el reclamo gremial”.