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El mismo juez que saltó al estrellato internacional en 1998, al ordenar la captura del exdictador chileno Augusto Pinochet, será esta vez el encargado de evitar la extradición del colombiano Álex Saab, importante ficha del gobierno venezolano de Nicolás Maduro y señalado por Estados Unidos de ser su supuesto testaferro.
Se trata del abogado español Baltasar Garzón, considerado en su momento como un “superjuez” en su país y quien a lo largo de su carrera ha sido reconocido por su defensa a los derechos humanos, pero cuyo nombre cayó en desgracia tras haber sido inhabilitado por un caso de intercepciones ilegales entre unos abogados y sus defendidos.
A pesar de haber perdido su condición de juez en 2012, Garzón continúa ejerciendo como abogado. El español es el defensor principal del fundador de Wikileaks Julian Assange y esta semana se supo que su bufete tendría en Saab a un nuevo –y polémico– cliente.
Pero Garzón integrará el equipo legal del empresario colombiano en un momento en el que su futuro es incierto. La llegada del español se da justo cuando el gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del barranquillero, requerido por las autoridades gringas por presunto lavado de activos.
Ver más: Gobierno de Cabo Verde accede a extraditar a Saab
En concreto, el exjuez español va a liderar un proceso contra los gobiernos de ambos países ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por “la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab como enviado especial de Venezuela”, según explicaron fuentes de la defensa del empresario colombiano a la agencia de noticias española EFE.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para abastecerse de combustible en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la isla norteña de Sal (el más importante de este país insular de África Occidental), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol. Las autoridades gringas aseguran que el colombiano, junto con otros socios, “lavó” cerca de US$350 millones entre 2011 y 2015.
Garzón también intentará abrir ante la justicia del archipiélago “un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen” de Saab, con una reclamación que se situaría entre los US$5 y US$12 millones.
Un abogado controvertido
Garzón, segundo de una familia de cinco hermanos, nació en Torres (Jaén) el 26 de octubre de 1955 en el seno de una familia de agricultores. Tras hacerse abogado en la Universidad de Sevilla en 1979, poco tiempo después empezó su carrera como juez en la provincia de Jaén. Nueve años después, en 1988, llegó a la Audiencia Nacional como juez encargado de instruir causas contra el terrorismo y el narcotráfico. Su llegada a esa instancia judicial no pasó inadvertida.
Sus expedientes contra el grupo terrorista vasco ETA le dieron notoriedad nacional. Los casos, muchos mediáticos, lograron que se formara una imagen pública que lo motivó a lanzarse exitosamente a la política en 1993, a través del Partido Socialista Obrero Español (Psoe).
Garzón consiguió elegirse diputado y poco después fue nombrado por el gobierno del presidente Felipe González (1999-1999) como secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas, pero su paso por el ejecutivo fue breve y regresó a la Asamblea Nacional como magistrado, donde ganó notoriedad internacional.
Para noviembre de 1998 la Audiencia Nacional ya había acordado que España tenía jurisdicción para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los gobiernos militares de la década de 1970 y 1980 en Sudamérica. Garzón enfocó sus esfuerzos en las dictaduras de Chile y Argentina, y en especial en el exdictador Augusto Pinochet. El nombre de Garzón se convirtió en sinónimo de paladín de la justicia internacional.
Pero su imagen de juez incorruptible se quebró en 2008, cuando en medio de una investigación que adelantaba contra delitos cometidos durante el franquismo, la derecha inició una embestida en su contra por supuestamente haberse extralimitado en sus competencias.
Las acusaciones en su contra aumentaron con el pasar de los años y los conservadores le acusaban de excederse en sus competencias. Finalmente, en 2010, Garzón fue suspendido por una investigación en la que se le acusaba de haber ordenado interceptar ilegalmente las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en un caso de corrupción que él investigaba. En 2012, el Tribunal Supremo le inhabilitó por 11 años para ejercer como juez.
Clientes mediáticos y asesorías internacionales
A pesar de haber perdido sus facultades como juez, y de quedar manchado dentro de España, el nombre de Baltasar Garzón no ha dejado de sonar en el plano internacional. Después de su suspensión y posterior inhabilitación en 2012, el abogado español ha sido consultor en materia de derechos humanos para el Tribunal de La Haya, la Organización de Estados Americanos (OEA) y diferentes gobiernos de la región.
También dirige la Fundación Fibgar, que ha ejecutado programas en DD. HH. y jurisdicción universal en España, Argentina, Colombia y México. De hecho, el exjuez español ha sido particularmente activo en nuestro país, donde fue parte de la misión de paz que la OEA dispuso para acompañar el proceso de desmovilización y reinserción de los paramilitares por invitación del entonces presidente Juan Manuel Santos.
Garzón también fue contratista de Canal Capital en 2013 y de la Fiscalía General de la Nación en la era de Eduardo Montealegre, de la que recibió pagos por $1.308 millones para prestar “apoyo técnico para la investigación penal de la macrocriminalidad en contextos de justicia transicional”.
Al tiempo, Garzón ha dirigido el bufete Ilocad, que ha defendido a clientes controversiales como la estatal petrolera venezolana Pdvsa, al expresidente de Bolivia Evo Morales, al exgeneral venezolano Hugo el Pollo Carvajal y el australiano Julian Assange, quizá su cliente más mediático, a quien Estados Unidos ha pedido en extradición.
Y así como con Assange, el objetivo de Baltasar Garzón es evitar que Saab se vaya extraditado desde Cabo Verde hacia Estados Unidos, en donde lo espera un proceso por supuesto “blanqueo de dinero”. Según Washington, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, el colombiano y otros socios se confabularon para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.