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El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra este miércoles una reunión ordinaria en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington. En esta, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, presentó el informe “Los desafíos del narcoterrorismo a la institucionalidad democrática”, en el que muestra, según él, los vínculos entre el gobierno de Nicolás Maduro y las guerrillas colombianas.
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“Agradezco en nombre de Colombia que se haya incluido el tema para la sesión de hoy” afirmó el canciller Trujillo al iniciar su intervención. “He venido hoy en nombre del presiente de los colombianos a hablar de los desafíos del narcoterrorismo, de democracia y de solidaridad continental”, aseguró.
Según Trujillo, su intervención presenta una “nueva amenaza a la paz y la seguridad del continente, que tiene sus raíces en el pasado reciente y que involucra la acción de un régimen dictatorial que le brinda albergue y apoyo a otro grupo narcoterrorista recientemente organizado”.
Trujillo hace referencia al anuncio del pasado 29 de agosto, en el que por medio de un video alias “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” abandonaban el proceso de paz y regresaban a las armas. Según el canciller, con esta muestra “lanzaron una amenaza criminal directa contra la democracia colombiana” en alianza con el ELN que, asegura, tiene viejos vínculos con la “dictadura de Nicolás Maduro”.
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Posteriormente, el canciller presenta los presuntos vínculos del gobierno venezolano con los grupos armados ilegales de Colombia. Según Trujillo, estos vínculos tienen más de dos décadas y han sido expuestos continuamente por el gobierno colombiano y otros gobiernos en instancias internacionales.
Entre algunas de las pruebas que mostró se encuentran la denuncia en 2002 de la existencia de campamentos de las Farc en Zulia, los presuntos vínculos entre alias “Rodrigo Granda” con autoridades venezolanas que fueron encontrados en los computadores del fallecido alias “Raúl Reyes”, las sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. a altos funcionarios venezolanos por su “apoyo a las Farc” en 2010, entre otros. Según el ministro colombiano, en los últimos 3 años los grupos armados ilegales “han pasado de tener una retaguardia estratégica a construir un enclave especial en Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro”.
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Para el canciller esa relación es de mutuo beneficio, ya que los grupos le sirven al gobierno de Maduro como “instrumento para garantizar la continuidad”, además, de recibir réditos de las actividades criminales y respaldo político y control social en las zonas de injerencia. Según afirmó, los grupos reciben “protección, apoyo logístico, entrenamiento y armamento”.
Trujillo también presentó una serie de mapas en los que las autoridades colombianas aseguran que se encuentran estos grupos ubicados en Venezuela, cómo actúan sus frentes y dónde tienen las zonas campamentarias. Así pues, aseguró que el frente de guerra Norte tiene 10 zonas campamentarias en Zulia y la Serranía del Perijá; el Oriental tiene 20 zonas en Apure, Bolívar y amazonas; y el Nororiental otras 20 zonas en Táchira.
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Además, según las cifras que presentó, de los 2.402 hombres en armas del ELN, cerca del 43% se encuentran en Venezuela, es decir, alrededor de 1043 hombres.
Otra de las denuncias del ministro de Relaciones Exteriores colombiano es la relación entre los mandos de las guerrillas y las autoridades venezolanas. Según Trujillo, el encargado del vínculo entre el ELN y el gobierno de Maduro es Alias “Lenin”, del Frente de Guerra Oriental, quien tiene enlace con el delegado de Maduro, Freddy Bernal, que fue denominado como protector del Táchira. Estos vínculos, asegura, son riesgos nacionales porque el ELN “protegido por el régimen, genera nuevos elementos de inseguridad en la región”.
Asimismo, afirmó que hay una relación entre los colectivos de la frontera y los grupos armados colombianos, que trabajan en conjunto en temas de economías ilegales y pasos fronterizos. También, aseguro, ejecutan actividades logísticas, económicas y de control social en las zonas de influencia.
Para el canciller hay un denominador común en todas esas acciones: la vinculación con autoridades venezolanas ya sea de tipo nacional, regional o local, que permiten que estos grupos utilicen y sean protegidos en Venezuela.
Finalmente, aseguró que la declaración de "alerta naranja" en la frontera es una "bravuconada" y responde a "una estrategia de disuasión del régimen para responder a la presión internacional ante las evidencias de la relación de ese régimen con organizaciones narcoterroristas".
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