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El pasado 15 de enero arrancó la más reciente de las llamadas “caravanas”, éxodos o largas marchas hacia los Estados Unidos que pretendía llegar a su destino en el contexto de la toma de posesión del gobierno de Joseph Biden. Unos mil hondureños iniciaron el recorrido e ingresaron a territorio guatemalteco. Sin embargo, la caravana fue violentamente contenida por fuerzas de seguridad de dicho país, bajo el argumento de irregularidades migratorias y razones sanitarias. Aunque algunos pocos lograron llegar a su destino, la mayoría de los miembros debieron regresar al país de origen.
Luego de este último episodio, el 1º de marzo los presidentes Joseph Biden y Andrés Manuel López Obrador tuvieron una reunión virtual. Tras abordar cuestiones bilaterales como la evolución del T-MEC o la gestión de la pandemia en la región fronteriza, los líderes examinaron la delicada cuestión de los flujos migratorios mixtos de los últimos años, especialmente desde territorio hondureño. Las caravanas son verdaderos éxodos de familias completas, de niños y adolescentes desacompañados, desempleados, refugiados ambientales, personas LGBT, personas con discapacidad y de migrantes procedentes de otros países del continente y del mundo.
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El origen de las caravanas
Las caravanas o éxodos masivos de centroamericanos con destino hacia los Estados Unidos se hicieron más visibles a partir de octubre de 2018. La primera caravana, convocada anónimamente en las redes sociales, salió desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula y posteriormente se fue engrosando por migrantes procedentes de otros países centroamericanos, caribeños y de otras nacionalidades.
La caravana emergió como una innovadora estrategia migratoria que buscaba por medio de la acción colectiva alguna protección y seguridad para sus integrantes durante esa larga marcha dentro del territorio guatemalteco y mexicano hacia un incierto “sueño americano”.
Desde la perspectiva de los países emisores de migrantes, las caravanas han sido —y continúan siendo— provocadas por causas estructurales como las injusticias sociales, la exclusión, el desempleo y subempleo, la violencia, el patriarcado y la criminalidad. También por causas coyunturales como los efectos socioeconómicos y sanitarios provocados por la pandemia de la Covid-19 y fenómenos climáticos extremos como los huracanes Eta e Iota que asolaron los países centroamericanos en noviembre de 2020.
Vínculo entre exceso de corrupción y emigración
En el caso de Honduras —principal país emisor de caravanas o éxodos— es necesario agregar el descalabro institucional y el grave deterioro de la calidad democrática generado por numerosos casos de corrupción, de captura del aparato estatal y hasta de ilícitos transnacionales cometidos por funcionarios del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
Efectivamente, existe un vínculo entre el exceso de corrupción y la emigración masiva de hondureños. Recientemente, un informe del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras afirmaba que “la corrupción suscita la migración entre los hondureños a medida que pasa el tiempo, perdiendo principalmente los accesos a los servicios públicos que le han sido mermados y hasta robados al pueblo”. Además, la falta de empleos incide en que la mirada de las personas “se posicione hacia otras naciones, cuyo nivel y calidad de vida son altos y alcanzables, aun migrando de manera irregular y bajo circunstancias de alto riesgo.”
Coincidencias entre Biden y AMLO
En este contexto de crisis migratoria y humanitaria macro-regional, la convergencia al menos retorica entre Biden y AMLO es una buena noticia. Según la declaración conjunta publicada a partir del referido encuentro presidencial, las partes se propusieron “discutir mecanismos de cooperación en materia de migración y avanzar en los esfuerzos conjuntos para promover el desarrollo en el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica.”
La declaración reconoce además las contribuciones de los migrantes a los diferentes países de origen, de tránsito y de destino, y los mandatarios se habrían comprometido “a impulsar políticas migratorias que reconozcan la dignidad de las personas migrantes, así como el imperativo de una migración ordenada, segura y regular.”
Los mandatarios acordaron además “colaborar en un esfuerzo conjunto para abordar las causas de raíz detrás de la migración regional, mejorar la gestión y desarrollar vías legales para la migración.” En dicho esfuerzo bilateral y multilateral, los gobiernos de ambos países, junto a sus homólogos centroamericanos, bien como a actores de la sociedad civil y del empresariado, podrían promover desarrollo económico, luchar contra la corrupción y cooperar en la aplicación de la ley.
Desde la perspectiva de la defensa del interés nacional de ambos países, bien como por consideraciones humanitarias, ese paso hacia delante de los gobiernos de Biden y AMLO podrá ser apoyado por otros actores sociales, políticos, económicos, ambientalistas y académicos con vínculos e intereses en la temática. La formulación e implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo social y ambiental, y que eleven la calidad democrática en el sur de México y en Centroamérica, son realmente urgentes, necesarias y pertinentes.
La búsqueda de nuevos horizontes
Las personas, las familias o las colectividades deciden salir de su país y emprender una arriesgada, peligrosa e incierta travesía solamente cuando llegan a la infeliz conclusión de que no podrán realizar sus proyectos y sueños en su propio país. Ello se erige en un poderoso incentivo para buscar nuevos horizontes en el exterior.
Y aunque la migración —particularmente el refugio— sea una alternativa y hasta un derecho, ciertamente el éxodo masivo de recursos humanos acaba siendo una virtual hemorragia de fuerza de trabajo para los países de origen. Así como un desafío político-administrativo, laboral y social para los países de tránsito y de destino.
Existe una oportunidad para reiniciar un diálogo político-diplomático y societal más efectivo, constructivo y solidario entre Estados Unidos, México y Centroamérica. Obsérvese que el diálogo tripartito en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración —también conocido como proceso de Puebla—, fue prácticamente abandonado durante la administración de Donald Trump. La reactivación de este mecanismo de consulta y concertación podría, ciertamente, contribuir a desactivar la actual crisis humanitaria representada por las caravanas de los últimos tres años. Solamente políticas públicas reformistas, integrales y fraternales conseguirán resolver definitivamente el problema.
Carlos F. Domínguez Avila Investigador-colaborador del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Brasilia (UnB). Doctor en Historia. Especializado en temas sobre calidad de la democracia, política internacional, derechos humanos, ciudadanía y violencia.
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