Cataluña hace frente esta semana a una nueva incertidumbre política relacionada con el movimiento independentista. No es una novedad. Una vez más, como desde hace tres años, cuando Carles Puigdemont asumió la presidencia de la Generalitat, la inestabilidad política, la polarización y confrontación social e institucional, la paralización de la actividad política y los desafíos a la legalidad se han convertido en asuntos casi cotidianos.
El motivo de esta semana es quizás la última oportunidad política para que los adeptos al proceso de separación de Cataluña demuestren sus fuerzas y su poder de convocatoria. Por eso la preparación de la respuesta institucional y civil a la sentencia que juzgaba a siete políticos y a dos líderes de asociaciones independentistas ha sido calculada finamente, pues es vista por los sectores secesionistas como el punto de quiebre en sus estrategias de movilización y visibilización.
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La espera de la sentencia llegó ayer a su fin. El Tribunal Supremo condenó por el delito de sedición a siete políticos y dos líderes de asociaciones independentistas a penas de prisión que oscilan entre los 9 y los 13 años. El castigo más duro fue impuesto al líder del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de Cataluña en octubre de 2017.
Las principales organizaciones independentistas, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, habían preparado cuatro estrategias de respuesta que incluían una manifestación espontánea en cuanto se conociera la sentencia, una concentración de personas a las 20 horas del mismo día, la fijación de carteles en rechazo a la sentencia y la activación de las “marchas por la libertad”, cinco recorridos desde diferentes partes de Cataluña que pretenden emular, según las mismas organizaciones, a “la marcha en Washington por el trabajo y la libertad de Martin Luther King” (1963) o la “marcha de la sal, de Gandhi” (1930).
A ello se sumó, tan pronto se conoció la sentencia, el Tsunami Democrático, otra organización política soberanista que activó, entre otras cosas, el plan de ocupar y bloquear el aeropuerto de Barcelona, así como alterar la normalidad en todo el territorio catalán.
El gobierno de Cataluña, encabezado por Quim Torra —quien en 2015 escribió en un artículo de opinión que “un catalán que aspire a ser español no es nada”—, enviaba mensajes ambivalentes de cara a la respuesta institucional a la sentencia. El Diario ARA titulaba así las medidas que el Govern catalán pretendía realizar: “El independentismo busca desobedecer sin poner en riesgo las instituciones”.
De hecho, después de que el Parlament avalara el pasado 26 de septiembre la “desobediencia institucional” nadie en el gobierno o en el parlamento ha realizado ninguna acción de desobediencia, y menos cuando el Tribunal Constitucional ya ha advertido a ambas instancias de su obligación de impedir que se apruebe cualquier documento que avale la autodeterminación o que, de nuevo, establezca barreras para la aplicación de la ley y del orden constitucional en Cataluña. Vista la sentencia sobre sus compañeros en prisión, los políticos actuales saben cuáles pueden ser las consecuencias.
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Divisiones, parálisis y 10N
La respuesta civil y política a la sentencia no tiene, sin embargo, una única expresión en la sociedad catalana. La actualidad política es diversa y representa más una fragmentación que una unidad, por más que así la quieran hacer ver los sectores independentistas cuando hablan del “pueblo catalán”. La independencia no es apoyada por la mayoría de las personas en Cataluña. De hecho, el último barómetro de opinión política en Cataluña realizado en julio de 2019, demostró que únicamente el 34,5 % de los consultados cree que Cataluña debe ser un Estado independiente.Pero en el universo independentista también hay una fractura importante. Varios líderes asociados al soberanismo, como Artur Mas, expresidente de la Generalitat y Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, se inclinan por un rechazo político de la sentencia, pero no por la desobediencia institucional o por la parálisis de Cataluña, como sí lo plantean desde otros partidos, como la radical Candidatura de Unidad Popular (CUP) o de las organizaciones civiles que presionan con fuerza de masas a los políticos.
Para Mas y Rufián la paralización del país puede afectar gravemente la economía, incluso al trabajador medio, y terminar por ser contraproducente para el propio movimiento. Sólo hace falta recordar que desde el último semestre de 2017 los catalanes han visto marchar a más de 5.400 empresas que han decidido cambiar su sede de lugar por la inestabilidad política.
Pero la economía no ha sido la única resentida en Cataluña en los últimos años. La parálisis institucional, a la que ahora invitan a sumarse a la sociedad, es absoluta. El Parlamento ha aprobado tan solo dos leyes en más dos años y el gobierno catalán ha olvidado el sistema de bienestar de la sociedad catalana. Las universidades públicas, dentro de las que se encuentran al menos dos de las mejores universidades de España, se han declarado en emergencia económica ante el abandono del gobierno. En la salud y en la atención a la pobreza pasa lo mismo.
Mientras en el sector público no se resuelven las resoluciones que definen la vida de las personas, sus inversiones y proyectos, la política y algunos movimientos civiles proponen la desobediencia y la parálisis. Una propuesta polémica que permitiría, por ejemplo, que cualquier acción ciudadana que violara la ley en función de una causa popularmente justa (como la vivienda o el hambre, por ejemplo) debería ser apoyada por el Parlamento, la institución que hace las leyes. Por eso, y porque la ciudadanía ha visto a políticos independentistas como Toni Comín, exconsejero de Salud huido en Bélgica, o Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, decir que “la declaración de independencia fue simbólica”, la división en el independentismo social y político es hoy más grande.
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El horizonte de las elecciones generales en España, el 10 de noviembre, abre también otro frente de inmediata reacción en Cataluña. ERC, como partido integrante de la coalición de gobierno en Cataluña, ha insistido en la necesidad de convocar elecciones autonómicas justo después de la sentencia, algo que su socio de gobierno, Junts per Catalunya, no ve con buenos ojos. Los últimos sondeos realizados de cara a las elecciones generales dejan a los partidos separatistas catalanes sin margen de juego.
La sentencia puede, por tanto, sumarse a un resultado fragmentado en Cataluña en las elecciones del 10N. La dispersión y la misma confrontación electoral puede hacer perder peso político del tema catalán fuera de Cataluña. Y, si se confirma su poca participación en la formación del gobierno tras las elecciones generales, los catalanes tendrán que conformarse con arreglar su problema de convivencia entre ellos solos.
Porque, en la cruda realidad política, el problema de Cataluña nunca ha trascendido fuera del territorio catalán, por más que los catalanes independentistas se hayan esforzado mucho por internacionalizar su conflicto. Incluso con el dinero y los medios públicos, los apoyos de fuera de Cataluña son escasos.
La pérdida de protagonismo, el cansancio social y el agotamiento emotivo, sumado a la parálisis política son ingredientes suficientes para que Cataluña enfrente, ella misma, su propio problema de convivencia. No hay en el horizonte cercano una posición que pueda representar a toda la sociedad catalana, diversa, multicultural y, al menos, bilingüe por más que la respuesta a la sentencia en las calles esté siendo importante. Encontrar el consenso que determine un norte político entre catalanes es la única vía de devolver el impulso social, cultural, económico y de bienestar que se vivía en la comunidad hace tan solo cinco o seis años.
Es difícil encontrar algún resultado positivo de los años de conflicto político. El balance del independentismo no puede ser otro que (auto) destructivo. Porque la vía unilateral, ha dejado fuera, por lo menos, a la otra mitad de Cataluña.
*Politólogo colombiano y profesor del departamento de periodismo de la Universitat Autònoma de Barcelona