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En diciembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia panameña ordenó la detención preventiva del expresidente de ese país Ricardo Martinelli. Para ese entonces, el exmandatario y empresario ocupaba el cargo de diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y los cargos por corrupción que pesaban en su contra no paraban de crecer.
En el último día de la presidencia de Martinelli en junio del 2014, el mandatario se despidió de su cargo con un mensaje optimista a través de su cuenta en Twitter: “No me voy para siempre. Esto es un hasta pronto, volveremos”. El trino, además, venía acompañado de una fotografía en la que el millonario empresario de los supermercados señalaba con su dedo el retrato que lo ponía en la historia añadiendo su rostro a la galería de presidentes de Panamá.
En junio de 2014, la intención de Martinelli para regresar a la cabeza del ejecutivo de su país empezó a encontrar sus primeros obstáculos. Juan Carlos Varela, quien había sido su fórmula vicepresidencial y canciller, fue elegido presidente de Panamá. Varela había roto relaciones con el presidente antes de terminar el período que los había elegido y terminó en la paradójica situación de ser una de las figuras más importantes para oposición mientras, al mismo tiempo, ocupaba un cargo en el gobierno.
Con Varela a la cabeza del Estado panameño, las investigaciones por casos de sobrecostos en las contrataciones en la administración de Martinelli fueron el comienzo de las causas jurídicas que se abrieron contra el expresidente.
En enero de 2015, otro fantasma que persiguió a la administración del magnate de los supermercados volvió a ponerse sobre la mesa: Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, exdirectores del Consejo Nacional de Seguridad, fueron detenidos y se les imputaron cargos por realizar interceptaciones ilegales a las comunicaciones de los adversarios políticos de Martinelli.
Los rumores de que el presidente realizaba escuchas ilegales vienen desde muy temprano en su mandato. Según la información filtrada por Wikileaks, la embajadora de EE.UU. en Panamá, Barbara J. Stephenson, se había referido al tema en varios cables diplomáticos en los que además hablaba de Martinelli haciendo referencia a “su fuerte personalidad, su falta de compromiso con el imperio de la ley, su exagerado presidencialismo y su popularidad pueden llegar a dañar las instituciones democráticas de Panamá”.
Una vez terminado su mandato presidencial, Martinelli se convirtió en miembro del Parlamento Centroamericano, desde donde denunció que las investigaciones en su contra hacían parte de una persecución política. En septiembre de 2016 se anunciaron nuevas investigaciones sobre un presunto fraude a través de la casa de valores Financial Pacific y otro caso por recepción de sobornos provenientes de una empresa dedicada a la cobranza de impuestos.
El exmandatario se radicó en Miami donde, en noviembre de 2016, recibió la noticia de que la Cancillería panameña solicitó a Washington su extradición por las interceptaciones ilegales. Entre ese momento y su captura esta semana, la Interpol sumó otro caso a la enorme lista de acusaciones que rodean al círculo de Martinelli: una circular roja pidió la captura de Ricardo y Luis Martinelli, los hijos del mandatario, a quienes ya se les habían incautado varios bienes en medio de la investigación por la corrupción propiciada por la constructora brasileña Odebrecht.
Aunque la captura de Martinelli se dio por las interceptaciones ilegales, en los próximos meses el expresidente de Panamá podría tener que responder por una larga lista de delitos que demostrarían “la falta de compromiso con el imperio de la ley” que tanto le preocupaba a la embajadora Stephenson.