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No todos los ciudadanos venezolanos que huyen de su país y llegan a Colombia buscan quedarse. Hace rato que miles de migrantes del vecino país han optado por viajar hacia otros destinos, motivados principalmente por las difíciles condiciones que tienen para vivir y conseguir trabajo en territorio colombiano.
La informalidad se ha vuelto un común denominador para los venezolanos en el país. De acuerdo con Migración Colombia, de los cerca de 1,3 millones de migrantes que hay en territorio colombiano, un poco menos de la mitad lo hace en condición irregular (489.618). Las dificultades para conseguir un Permiso Especial de Permanencia (PEP), que no se emiten desde diciembre, sumadas a la estigmatización y las precarias condiciones laborales a las que se ven expuestos han provocado que los venezolanos se planteen nuevos horizontes en la región.
De hecho, al preguntarle a muchos de los migrantes que recién llegan a Bogotá o a otras ciudades del país en dónde quisieran radicarse la respuesta de muchos es siempre la misma: Perú, Chile y Ecuador. Estos tres países son después de Colombia los mayores receptores de venezolanos en América Latina, con 768.000, 288.000 y 263.000, respectivamente. Sumados, acogen a cerca del 32,5 % del total de la diáspora venezolana, que de acuerdo con el último reporte de la Agencia de las Naciones Unidas para refugiados (Acnur) está por los cuatro millones de emigrantes.
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Pero el 2019 no ha sido un año de buenas noticias para los migrantes que estén considerando emigrar a estos países. Los tres gobiernos latinoamericanos anunciaron, en diferentes momentos del año, su intención de exigirles a los venezolanos una visa para ingresar a sus territorios. La motivación de los tres es la misma: tener un mayor control sobre quién entra a su territorio.
El último de ellos fue el de Ecuador. El 25 de julio, el presidente Lenín Moreno presentó un decreto en el que anunciaba un nuevo sistema de visado para migrantes venezolanos, uno para quienes intentan ingresar al país y el otro de carácter “humanitario excepcional”.
Uno de los problemas que puede traer este tipo de medidas restrictivas es el represamiento de migrantes en los puestos fronterizos. "Es posible (un represamiento) y dependerá de si los migrantes cuentan o no con los medios y requisitos para tramitar los visados, según los procedimientos que implementen terceros Estados", dijo la Cancillería a El Espectador sobre este tema.
Otro lío es el de la documentación. Muchos migrantes venezolanos no cuentan con documentos adecuados, pues las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, imponen trabas para la expedición de estos documentos, algo que no permite al ciudadano venezolano muchas veces contar con su cédula de identidad o un pasaporte que le permita desplazarse hacia otros países.
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Y es que de acuerdo con las últimas cifras de Migración Colombia, el puesto fronterizo de Rumichaca, limítrofe con Ecuador, es el segundo punto de mayor movimiento migratorio del país. Pero a diferencia de otros puestos como los de Cúcuta o Maicao, en el del sur del país se presentan más salidas que entradas de migrantes. De enero a marzo de este año, fueron 23.557 los migrantes que ingresaron al país, frente a los 114.717 que siguieron su camino hacia el sur del continente.
Por ello, para Ronal Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, este tipo de medidas restrictivas puede terminar afectando directamente a Colombia. Según el experto, al ser el primer destino y paso obligado para quienes quieren ir a otros países, las restricciones fronterizas podrían provocar problemas como el “represamiento de migrantes, afectar la reunificación familiar y fomentar la migración irregular, que puede derivar en inseguridad, trata de personas y explotación laboral”.
"Cada país es soberano para regular el ingreso y permanencia de extranjeros en su territorio en ejercicio de su soberanía. Consideramos que la respuesta a esta crisis migratoria pasa, preferiblemente, por mecanismos de flexibilización y regularización adecuados a la situación, como lo hemos venido haciendo por ejemplo con los permisos especiales de permanencia (PEP), entre otros", agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores a este diario.
Un año de medidas restrictivas
Cientos de migrantes venezolanos quedaron "varados" el pasado mes de junio en la frontera de Ecuador y Perú. Foto: AFPEl primer país en aplicar medidas restrictivas contra los migrantes venezolanos fue Perú, en junio de este año. De acuerdo con Acnur, la entrada regular a ese país se ha visto afectada por la decisión del gobierno de exigir a los venezolanos una visa emitida por los servicios consulares peruanos para poder ingresar.
Y, como se suponía que iba a ocurrir, muchos de los migrantes que venían caminando hacia territorio peruano se encontraron con la sorpresa de la petición de la visa. El gobierno peruano, dentro de su resolución, determinó que los migrantes venezolanos debían tramitar la visa antes de su viaje, pero muchos de ellos ya venían caminando cuando se tomó esta decisión o no contaban con los documentos necesarios (pasaporte) para obtener el beneficio. De hecho, en junio se hicieron virales las fotografías de cientos de venezolanos atrapados en la frontera, cuya única solución fue devolverse o ingresar por las trochas ilegales.
“Denegar la entrada en los puntos fronterizos regulares a menudo desencadena un aumento de las entradas irregulares y la formación de redes informales de tráfico, con los riesgos de protección que estas conllevan”, alerta Acnur en su último informe sobre la migración venezolana, publicado en junio de este año.
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Pero como si fuera poco, posteriormente, el 20 de junio de 2019, Chile introdujo nuevos requisitos de visa para las personas venezolanas que entren al país en calidad de turistas. Hasta entonces, los venezolanos podían ingresar a Chile como turistas sin visa, si podían demostrar que contaban con los fondos suficientes para mantenerse durante su estancia. Muchas personas que intentaron ingresar a Chile se quedaron sin recursos y se vieron obligadas a dormir al aire libre en Perú, con un acceso muy limitado a los alimentos.
De hecho, las restricciones en Chile son aun más bruscas que en Perú y Ecuador. Mientras que en estos últimos el trámite es gratuito, los venezolanos que quieran ingresar a territorio chileno de manera legal tienen que contar con un pasaporte vigente o vencido y tramitar un documento que cuesta US$30, una cifra difícil de conseguir para quienes vienen de un país en donde el salario mínimo mensual es de apenas US$6.
Por ahora, el presidente Lenín Moreno ha anunciado que la petición de la visa, a la que llamó “humanitaria”, será gratuita, sin embargo, también aclara que esta medida será exclusiva para quienes hayan entrado de manera regular a su país.
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Y mientras todo esto ocurre en la región, el gobierno Colombia, ha presentado un proyecto de ley con el que busca crear una nueva política migratoria, pero en la que no se plantea, tomar medidas restrictivas contra los migrantes venezolanos.
"Colombia considera que es a través de la cooperación entre los Estados que se logrará un manejo adecuado de esta crisis migratoria y eso pasa por buscar la implementación de mecanismos de regularización, identificación y movilización que faciliten una migración segura, ordenada y regular de los miles de venezolanos que hoy buscan protección, ayuda o refugio en nuestros países", dijo a El Espectador el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
De acuerdo con la Cancillería colombiana, la razón por la que no le puede pedir visa a los migrantes venezolanos es sencilla. Por un lado, Colombia comparte cerca de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, por lo que, una imposición de barreras de entrada no frenará la migración. Por otro lado, el país sabe que cerrar las puertas no solo puede ser infructuoso, sino contraproducente por los riegos en seguridad que trae la migración irregular, frente a una legal y regulada.
"Las fronteras son porosas y un efecto indeseable de este tipo de medidas es que precisamente ocasionan que los migrantes busquen vías irregulares y pasos no controlados, con todas las implicaciones que esto conlleva, tanto para la seguridad de los Estados, que no saben quiénes entran a su territorio, como para los migrantes mismos al verse expuestos a ser víctimas de delitos como el tráfico de migrantes y la trata de personas", puntualizó la Cancillería a este diario.