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Los fiscales estadounidenses dejaron claro en el memorándum de sentencia de Michael Cohen, el abogado personal de Donald Trump, que Trump mismo había ordenado a Cohen violar las leyes de financiamiento electoral.
Alto.
Sí, todavía está saliendo información sobre los esfuerzos de Trump para construir una torre en Moscú durante la elección y sobre los vínculos de su equipo electoral con los rusos durante la campaña. Sí, está la pregunta de la obstrucción de la justicia, que me parece que está más que comprobada con las acciones de Trump en público. Sí, está toda la gente en el círculo de Trump que ha sido acusada o ha admitido mentir sobre varias cuestiones, incluidos sus contactos con los rusos. Pero más allá de todo eso, ahora tenemos un delito real y que además asumimos que es comprobable. Estamos hablando de un delito federal y el presidente es su artífice.
A Trump le gusta decir sobre el tema migratorio que si no tenemos una frontera, no tenemos un país. Yo digo que si no tenemos justicia, tampoco tenemos un país.
Estados Unidos es un país de derechos, y si vamos a creer que es así y a no permitir que eso se pervierta, ningún hombre ni mujer puede estar por encima de la ley.
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Como Thomas Paine escribió en su manifiesto de 1776, El sentido común: “En Estados Unidos, el derecho es el rey. Dado que en los gobiernos absolutistas el rey es la ley, en los países libres el derecho tiene que ser el rey y no ha de haber otro”.
No obstante, Trump, su equipo y hasta cierto grado sus seguidores en el Congreso parecen ser de la opinión de que Trump está muy por encima de la ley, o al menos de algunas leyes. La defensa es descabellada: como él es el presidente, hay leyes que no está obligado a obedecer. En otras palabras, él tiene permiso de violar algunas leyes, pero otros no.
El año pasado, uno de los abogados del presidente fue todavía más lejos, ya que alegó que el “presidente no puede obstruir la justicia porque es el principal encargado de hacer cumplir la ley (conforme al Artículo II de la Constitución) y tiene todo el derecho de manifestar su opinión en todos los casos”.
Todo esto tiene el potencial de convertir aun más en una burla un sistema de justicia que ya privilegia al poder.
Las cárceles de Estados Unidos ya están colmadas de gente acusada de cometer un delito, pero que todavía no tiene una sentencia. Según el grupo de expertos Prison Policy Initiative, “el 70 % de los que están en las cárceles locales no están sentenciados por ningún delito”. Su principal trasgresión es que son pobres y no tienen poder. El sistema de justicia no los consiente; los aplasta.
Sin embargo, la gente sigue inventando excusas para justificar a Trump: “No he visto pruebas de colusión”. “Sí, miente, pero es principalmente retórica”. “¡Y qué!, le pagó a una actriz porno para ahorrarle la vergüenza a su familia”.
No, no, no.
Según los fiscales, Trump instruyó a Cohen para que cometiera un delito. Mintió sobre ello y luego permitió o instruyó a otros para que mintieran sobre ello en su nombre. Engañó al pueblo estadounidense mediante una conspiración de mentiras y lo hizo para ayudar a conseguir la Presidencia y luego para mantenerse en ella.
Como The New York Times señaló el sábado, los fiscales han “acusado de manera efectiva al presidente de defraudar a los electores, poniendo en duda la legitimidad de su victoria”. Sencillamente, tiene que haber consecuencias para un acto tan descarado de ilegalidad.
Ahora, no me engaño pensando que Trump será imputado mientras ocupe la Presidencia o que los esfuerzos para someterlo a un juicio político serán exitosos.
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Pero en algún momento acabará su Presidencia, y en ese momento no habrá expirado la prescripción de sus delitos. Como lo dijo The Times: “Los fiscales en Nueva York han examinado la prescripción de las violaciones al financiamiento de campaña y creen que pueden presentarse acusaciones contra Trump si no se reelige, según una persona informada sobre el tema”.
Como lo describió la revista New York en un encabezado: “Trump 2020 se perfila para convertirse en una campaña para mantenerse fuera de prisión”.
La prescripción de las violaciones al financiamiento de campaña es de cinco años. La reelección podría ser la única esperanza de Trump para evadir la justicia. Sin embargo, esto también da a los electores un enorme poder en 2020. No solo estarán eligiendo al próximo presidente y determinando la dirección del país; también podrían estar decidiendo si un presidente será enjuiciado, sentenciado y encarcelado por primera vez en la historia de este país.
Esta es una responsabilidad importante, pero necesaria. Tenemos que probar que nuestras instituciones son más importantes que nuestras ideologías, que el sueño, el susurro, la preciosa responsabilidad de EE. UU. no puede ser pisoteada por el corrupto y el fraudulento, el sobornable y el libidinoso. Estados Unidos tiene que probar que sí puede sobrevivir a una Presidencia criminal.