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En el marco del litigio marítimo que mantiene Colombia con Nicaragua –país que reclama una plataforma continental extendida en el mar Caribe– este jueves el Gobierno Nacional reveló que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya admitió dos contrademandas presentadas por Colombia para frenar las pretensiones de la nación centroamericana.
De acuerdo con la Cancillería, que admite que aún no conoce el texto completo de la providencia, al aceptar los dos recursos la Corte analizará los reclamos de Colombia en relación a una supuesta la violación de los derechos de pesca artesanal que –advierte el Ejecutivo– ha provocado Nicaragua al expedir normatividad que, presuntamente, sería irregularidad.
La legislación de Nicaragua, en particular un decreto, estaría afectando los derechos de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad Raizal. Según el Gobierno, las actuaciones del país han impedido a los habitantes acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.
“Nicaragua ha expedido un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia”, denunció la Cancillería.
Al admitir los recursos, agrega el Gobierno, la Corte Internacional de Justicia reconoce a la comunidad del archipiélago como una protagonista del territorio y vela por la protección de sus derechos históricos de pesca, una condición que será considerada en el pleito judicial.
La Cancillería asegura además que las obligaciones internacionales sobre la protección del medio ambiente marino, así como la importancia de preservar el hábitat de los habitantes del archipiélago, continuarán siendo parte de la defensa de Colombia.
En septiembre pasado, Colombia radicó ante la Corte la contestación a la demanda presentada por Nicaragua hace cuatro años, en la que el país centroamericano alega que tiene derechos sobre el suelo marino más allá de las 200 millas náuticas desde su costa, una pretensión rechazada por Colombia.
El recurso se basó en argumentos orientados a defender con firmeza la integridad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los derechos de Colombia en el mar Caribe. En este escrito, Colombia respondió con detalle a los alegatos planteados por Nicaragua con la cual tiene un litigio marítimo.
El caso se remonta a noviembre de 2012 cuando la CIJ redefinió la frontera marítima entre ambos países, con la que Nicaragua ganó territorio en el Caribe. Esa decisión fue considerada "inaplicable" por Colombia porque los límites del país no pueden ser modificados por terceros sino por el Congreso.
Tras ese fallo, el país centroamericano presentó en 2013 dos nuevas demandas contra Colombia, una de las cuales es la pretensión de la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, y la otra, del 26 de noviembre del mismo año, argumentando que se ha incumplido el fallo que redefinió los límites marítimos entre ambos países.
En agosto de 2014 el Estado Colombiano presentó excepciones preliminares en el proceso indicando que la Corte no tenía competencia y que la demanda no era admisible. Sin embargo, el 17 de marzo de 2016 la CIJ rechazó esas objeciones y se declaró competente para juzgar las dos demandas de Nicaragua en una votación que terminó empatada con ocho jueces a favor y ocho en contra, lo que hizo necesario el voto ponderado del presidente de la Corte, algo que hasta entonces había ocurrido únicamente dos veces.
La Corte dio entonces plazo a Nicaragua hasta el 28 de septiembre de 2016 para sustentar su demanda y a Colombia hasta septiembre pasado para presentar su defensa.
Desde que Nicaragua presentó las nuevas demandas, el presidente Juan Manuel Santos ha enfatizado que "los colombianos pueden estar seguros" de que juntos defenderán "hasta el último centímetro" del territorio nacional.