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La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este jueves la apertura de exámenes preliminares por "presuntos crímenes" a raíz de informaciones sobre uso de "fuerza excesiva" de los cuerpos de seguridad del Estado y el empleo "de medios violentos" por parte de manifestantes en Venezuela.
La institución también examinará la situción en Filipinas en el marco de la "guerra contra las drogas" lanzada por el presidente Rodrigo Duterte.
"Desde el año 2016 he seguido de cerca la situación en Filipinas y en Venezuela. Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes (...) he decidido abrir un examen preliminar", dijo en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.
En el caso venezolano desde abril de 2017 "se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato", señala en el comunicado Bensouda.
"También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad", añade en el comunicado.
La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega había urgido a la CPI en noviembre a que investigara los presuntos abusos y torturas cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano.
"Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad", dijo entonces Ortega, al presentar ante la sede de la CPI en La Haya un legajo con 1.000 piezas de evidencias.
Entre abril y julio, más de 120 personas murieron en Venezuela durante las manifestaciones contra el gobierno del presidente Maduro.
El examen preliminar sobre Filipinas analizará "crímenes presuntamente cometidos [...] en el marco de la campaña denominada de la 'guerra contra las drogas' lanzada por el Gobierno de Filipinas", añadió.
Duterte fue elegido presidente en 2016 con la promesa de erradicar el tráfico de droga. Desde entonces, casi 4.000 presuntos traficantes y usuarios de droga murieron a manos de la policía.