El fin de semana del 23 de febrero de 2019, la ciudad de Cúcuta fue, por unos días, el lugar de la noticia en el mundo. Periodistas y camarógrafos de varias partes del planeta llegaron a la capital de Norte de Santander con el objetivo de cubrir dos importantes eventos que prometían darle un vuelco a la grave situación política en Venezuela: el megaconcierto Venezuela Aid Live, planeado para el 22 de febrero, y el ingreso de la “ayuda humanitaria”, un día después.
En una ciudad que no estaba acostumbrada a un gran volumen de turistas, ese fin de semana fue un bálsamo. Taxistas y quienes trabajan en los hoteles de la ciudad no recordaban que Cúcuta hubiera recibido a tanta gente. Las habitaciones estaban a reventar y el comercio se reactivó como en las mejores épocas de la frontera.
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Pero lo que ocurrió luego fue ampliamente documentado por los medios internacionales. Después del concierto, que reunió a los mejores artistas de Latinoamérica, el 23 de febrero la ciudad fue el epicentro de un caos casi apocalíptico. El operativo para ingresar las donaciones internacionales a territorio venezolano fracasó y desencadenó una fuerte violencia entre manifestantes y las autoridades venezolanas.
Soldados y policías venezolanos llorando, hombres y mujeres cubiertos de sangre, intercambio de piedras y perdigones y un camión incendiado... Las escenas que se vivieron en los puentes de la frontera parecían sacadas de una película de ficción. La mañana siguiente en Cúcuta no se sabía nada. Solo incertidumbre.
Y un año después de ese fin de semana, que prometía “cambiar la historia” esa incertidumbre se mantiene. El presidente Nicolás Maduro continúa en el poder, atornillado cada vez más, mientras que su rival político, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por varios países como presidente interino, ha perdido fuerza interna.
“El 23 de febrero nos dejó varias lecciones, tanto positivas como negativas”, recuerda a El Espectador la diputada Gaby Arellano, una de las políticas opositoras venezolanas que tuvo un importante rol durante ese fin de semana. Guaidó designó a Arellano y al diputado José Manuel Olivares como encargados de liderar el fallido operativo de ingreso de las donaciones.
La diputada venezolana asegura que lo positivo que dejó esa jornada fue “que los ojos del mundo se pusieran en Venezuela”. Para la opositora fue una importante victoria el hecho de que los medios del mundo capturaran “la verdadera cara del régimen”, que no permitió el ingreso de las donaciones internacionales.
Sin embargo, Arellano también hace autocrítica y considera que ese fin de semana se cometieron varios errores, sobre todo en la forma en que se comunicaron las acciones que se iban a realizar ese día.
“Se levantaron muchas expectativas por lo que iba a suceder y de pronto faltó ser más claros en la forma de comunicar cómo se iba a desarrollar el plan y cuáles eran las dificultades”, asegura Arellano.
Un daño a largo plazo
Muchos de los militares venezolanos que desertaron el 23 de febrero manifestaron haber sido "abandonados" por la oposición. Foto: AFPExpertos y analistas consideran que lo ocurrido el fin de semana del 23 de febrero, en vez de ayudar a la causa de Guaidó, terminó perjudicándolo a largo plazo. Si bien tras los violentos hechos de esos días la popularidad del líder opositor aumentó, con el pasar de los meses se presentaron situaciones, relacionadas con esa fecha, que terminaron afectando la imagen del jefe del Parlamento venezolano.
“Guaidó y su gente menospreciaron a Maduro y a las Fuerzas Militares”, cuenta a El Espectador Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano y experta en asuntos militares. “Los militares tienen códigos, formas, y se les tiene que presentar planes claros y concretos. Algo que Guaidó no hizo”, asegura la experta.
“Creo que uno de los errores que cometimos fue menospreciar al enemigo”, explica por su parte Gaby Arellano a El Espectador. “Ese fin de semana comprendimos que los militares no funcionaban como una fuerza homogénea”, agrega.
El tema de los militares desertores fue el primer escándalo tras el fin de semana del 23 de febrero. Si bien las deserciones no fueron tan masivas como se esperaba, decenas de soldados cruzaron la frontera pensando que Guaidó tenía un plan para ellos. Lo que vino después fue un mar de improvisaciones, en el que varios de los desertores denunciaron que no se les daban soluciones. Casi dos meses después de ese fin de semana, el Gobierno colombiano les otorgó un permiso especial para poder trabajar legalmente.
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Y es que a la polémica con los soldados desertores se le sumó luego un escándalo de corrupción que lastimó gravemente la credibilidad de la oposición venezolana. El portal Panam Post denunció que funcionarios designados por el líder opositor malgastaron importantes sumas de dinero destinadas a la atención de los soldados desertores en Cúcuta. La denuncia daba cuenta de hospedajes en costosos hoteles e incluso dinero gastado en burdeles.
Meses después, en septiembre, la aparición de unas fotos de Guaidó con miembros de la banda narcoparamilitar de los Rastrojos terminaron por lastimar aún más la imagen del líder opositor. La respuesta del líder opositor frente a este grave hecho fue que los delincuentes le pidieron una foto. Unas declaraciones que para muchos fueron insuficientes.
En cuanto a Cúcuta, el concejal Jaime Marthay considera que ese fin de semana fue positivo para la ciudad, pues “ayudó a visibilizar la grave situación que se vive en la frontera”. De acuerdo con el cabildante, la presencia de organizaciones internacionales en la ciudad se incrementó después de ese fin de semana y hay una especie de “turismo humanitario” en la ciudad.
Sin embargo, la migración venezolana no se ha detenido, sino que continúa aumentando. De acuerdo con las últimas cifras de Migración Colombia, con corte a octubre de 2019, cerca de 1,6 millones de venezolanos viven en el país. Un aumento del 40 % respecto al mismo periodo en 2018.
¿Y qué pasó con las donaciones?
Cerca de 600 toneladas de donaciones fueron apiladas en el puente de Tienditas, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Foto: Gustavo Torrijos - El EspectadorSi bien en Cúcuta ese fin de semana se dieron casi de manera simultánea dos grandes acontecimientos, el concierto y el operativo de ingreso de las donaciones internacionales no estuvieron relacionados ni en su organización ni en el recaudo de fondos.
Venezuela Aid Live fue organizado por un pequeño grupo de empresarios colombianos, con la colaboración del británico Richard Branson. La recaudación total del evento fue de cerca de US$2,3 millones, cuyo objetivo era invertirlos en proyectos para beneficiar a los venezolanos en condiciones de vulnerabilidad.
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Sin embargo, la dificultad para ingresar este dinero a Venezuela tras la crítica situación política que se desencadenó ese fin de semana obligó a los organizadores a dirigir la mayoría de esos fondos a otras causas sociales, también enfocadas para la población migrante venezolana, en territorio colombiano.
De acuerdo con la Fundación Aid Live, formada tras el concierto, se han destinado US$900.000 en siete proyectos sociales, con 14.000 beneficiarios directos y 45.000 indirectos, distribuidos entre Colombia y Venezuela. La organización espera este año financiar nuevos proyectos e iniciativas que, en sus palabras, serán más grandes que el megaconcierto de hace un año.
"Para el 2020 tendremos dos iniciativas de una proporción superior al Venezuela Aid Live, y esperamos que con la implementación de estas campañas podamos seguir generando cada vez más impacto dentro de las comunidades que más lo necesitan", afirmó a El Espectador el equipo de prensa de la fundación.
En cuanto a las 600 toneladas de donaciones internacionales que permanecieron por varios meses apiladas en el puente de Tienditas, la diputada Gaby Arellano contó a El Espectador que, ante la dificultad de ingresar esas ayudas a Venezuela, la gran mayoría fueron distribuidas en distintas fundaciones en Colombia. Ese reparto comenzó a hacerse en mayo a cargo de USAID y de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres.
Daniel Antequera, coordinador de la organización Voluntarios por Venezuela, afirmó a este diario que una pequeña porción de esas donaciones fue ingresada al vecino país a través de “amigos y organizaciones aliadas”. Según Antequera, parte de esos kits fueron distribuidos a fundaciones “con larga trayectoria en el país”.