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¿Proteger a la comunidad o verla como enemiga? Esa es la pregunta que se plantea en varios países, tras los abusos cometidos por la Policía durante las manifestaciones de 2019 y 2020. Algunos datos que horrorizan: en Irán, las protestas se saldaron con 1.500 muertos, según Reuters; en Kenia, la Policía mató a 122 personas; en Irak, a enero de 2020, la fuerza policial usó de forma indiscriminada armas letales contra protestantes y 600 murieron. En las manifestaciones en Estados Unidos, de acuerdo con reportes de prensa, han muerto 19 personas y en Colombia las protestas de este año dejan un penoso saldo de once fallecidos. De acuerdo con el experto de la Universidad Complutense de Madrid, Jerónimo Ríos Sierra, el debate es más amplio cuando se entiende la protesta social como amenaza.
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“A partir de ahí se aprovechan los cuerpos militarizados para reprimir los derechos que se articulan en torno a la acción colectiva; Por ejemplo, en Guatemala, El Salvador, Honduras o Perú se le reconocen funciones al Ejército para el mantenimiento del orden público”. Pero y ¿qué pasa cuando la Policía, una institución creada para proteger al pueblo, se vuelve en su contra? Informes de organizaciones humanitarias han revelado que esta conducta es cada vez más común.
El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas confirma lo que ya advertían Amnistía Internacional y Human Rights Watch frente a los abusos policiales. Desde 2014, cuando estallaron las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, hubo 5.094 muertes perpetradas por fuerzas de seguridad. Establecieron que agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Acciones Especiales de la Policía Nacional eran responsables del 59 % de todas las muertes atribuibles a las fuerzas de seguridad.
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Según Érika Guevara Rosas, directora para América Latina de Amnistía Internacional, “en la región hay un legado de militarización de la Policía debido a que los países han estado atravesados por dictaduras y conflictos armados que han alimentado la forma de actual policial. En Colombia la Policía Nacional fue construida bajo una lógica de conflicto y por eso el enemigo es la población, por eso se requiere cambiar esa identidad de guerra”.
Las policías latinoamericanas
En América Latina existe una gran variedad de instituciones policiales: Colombia, El Salvador y Guatemala tienen un único cuerpo policial; Chile tiene dos instituciones policiales de cobertura nacional —Carabineros es la que está en la mira por su actuación en las protestas—; Brasil, México y Argentina tienen dos policías, explican los investigadores Kevin Casas, Paola González y Liliana Mesías en un informe para Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento con sede en Washington.
Y señalan cómo la mayoría de las policías de la región son pieza importante para mantener la seguridad, una tarea que cambió la doctrina inicial de la institución: en El Salvador, tras la firma de los acuerdos de paz, la Policía depende del Ministerio de Defensa; igual sucede en Colombia. “La visión coercitiva y militarista de la seguridad extendida en la región fortaleció un enfoque de la seguridad ciudadana que la convirtió en una responsabilidad casi exclusiva de la Policía”, explica Diálogo Interamericano.
Ejemplos internacionales
La crisis de legitimidad policial no es exclusiva de Colombia, aclaran expertos que recuerdan cómo otras naciones intentaron reformar la institución, cuya imagen quedó muy golpeada por graves acciones cometidas durante conflictos internos.
En Irlanda del Norte, tras la firma del Acuerdo de Viernes Santo, que marcó el final de cuatro décadas de conflicto (1968-1998), el gobierno modificó completamente la Policía, muy cuestionada por su rol en la violencia durante esos años. En el proceso de cambio hacia un servicio de policía civil participaron todos los sectores, incluidos los más radicalizados, como el Ejército Revolucionario Irlandés (Ira).
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El cambio, sin embargo, según reportó la prensa de la época, no fue fácil. La Comisión Patten, clave en las reformas, entregó 175 recomendaciones, entre las cuales estaba el cambio de nombre: de Policía Real del Ulster pasó a llamarse Servicio de Policía de Irlanda del Norte; se creó una comisión para garantizar la rendición de cuentas, así como un defensor del Pueblo de la Policía y un Tribunal de Quejas; el nuevo código por el que se comenzaron a regir los uniformados tenía especial énfasis en derechos humanos; las reformas se firmaron en 2000 y 2003.
Un modelo de reforma policial que ha sido destacado por organizaciones como el Instituto Internacional de Paz de Estocolmo, que señala que “el proceso integral de reforma policial logró un éxito considerable en asegurar una mayor legitimidad de la institución y reconstruir las relaciones con las comunidades afectadas por el conflicto”.
“En Irlanda del Norte, en cambio, la Policía sí se alejó de muchas de las tácticas contrainsurgentes militarizadas que implementaron durante el conflicto norirlandés. Pero incluso ahora, más de dos décadas después del acuerdo de paz, a la Policía le cuesta convencer a las víctimas de delitos a que confíen en el sistema de justicia oficial en vez de acudir a la justicia ruda que ofrecen los grupos paramilitares sectarios”, le dijo a The New York Times Christopher Rickard, investigador sobre la Policía en Irlanda del Norte.
Sudáfrica: avances y retrocesos
Durante casi cincuenta años en el Apartheid, que fue la segregación racial en Sudáfrica y Namibia hasta 1992, los kitskonstabels —oficiales negros entrenados en seis semanas y con un rango inferior al de los policías blancos— tenían la tarea de “controlar” cualquier acción revolucionaria; los sudafricanos padecieron una violencia policial desmedida. La ley de seguridad permitía a la Policía utilizar armas de fuego y no había una regulación clara sobre el uso de la fuerza letal. Fue en 1994 cuando se hizo necesaria una reforma policial acorde a la democracia que impulsó Nelson Mandela.
Se determinó que el uso de la fuerza solo estaría permitido si había una amenaza de muerte o lesiones graves en contra de un oficial, así como también se apostó por un modelo de policía comunitaria; cada comunidad debía contar con un oficial del Servicio Estatal en la zona, lo que logró una comunicación directa entre la Policía y los residentes.
A esta medida se sumó la agrupación de once unidades policiales en una sola organización. “Esta inclusión aumentó la diversidad racial del servicio de Policía de Sudáfrica y redujo el nivel general de competencia”, se lee en el informe sobre el Proceso de la policía democrática en Sudáfrica después del Apartheid, de la Universidad de Northeastern. Los rangos y títulos militares se descartaron, y adaptaron nuevos uniformes y colores distintos para los vehículos de la Policía, entre otras medidas.
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Sin embargo, pareciera que la reforma no perduró en el tiempo. Las cifras sobre la brutalidad policial en el país son muy dicientes: los sudafricanos presentaron 42.365 denuncias penales contra la Policía entre abril de 2012 y marzo de 2019, según datos de Viewfinder, un proyecto periodístico encargado de investigar la brutalidad policial en Sudáfrica. Sus hallazgos muestran cómo la falta de recursos y la manipulación estadística en la Dirección de Investigación de la Policía de la región les fallaron a las víctimas y ayudaron a que los implicados evitaran la rendición de cuentas.
¿Soluciones?
“Los gobiernos locales, estatales y federales deberían ir más allá de los cambios superficiales y repensar fundamentalmente la seguridad pública, reduciendo el alcance de las actividades policiales, invirtiendo en servicios comunitarios y asegurando que los funcionarios abusivos rindan cuentas”, fueron algunas de las recomendaciones de Human Rights Watch a Estados Unidos.
La organización propone al gobierno invertir en viviendas, escuelas y sistemas sanitarios acordes a las necesidades de la comunidad, e insiste en la importancia de promover programas dedicados a la salud mental y al tratamiento voluntario para las personas adictas a las drogas.
“La violencia policial, especialmente contra la gente negra, que va desde asesinatos hasta detenciones y registros abusivos, es una de las principales formas en que el racismo estructural se manifiesta en Estados Unidos”, dijo John Raphling, investigador del sistema legal penal de Estados Unidos en Human Rights Watch. “Hasta que los gobiernos inviertan en apoyar a las comunidades, en lugar de criminalizarlas y controlarlas, esa violencia no se detendrá”.