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El recrudecimiento de la violencia y la represión hacia los nicaragüenses que protestan en contra del gobierno de Daniel Ortega llegó a su punto máximo esta semana tras la toma de la basílica de San Sebastián, en Diriamba, en donde al menos 17 personas fueron asesinadas, según Amnistía Internacional. El día más violento desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión que deja, hasta ahora, 264 muertos. La crisis sociopolítica más sangrienta de su historia, desde la guerra civil de 1980.
Las decisiones tomadas por Ortega para contener las manifestaciones, ayudado por grupos parapoliciales y paramilitares, han traído de vuelta el terror a los nicaragüenses y han acercado el régimen del actual mandatario al del dictador Anastasio Somoza, a quien el mismo Ortega, como miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ayudó a derrocar.
Por eso la consigna que más se escucha hoy en las calles del país es: “Daniel y Somoza son la misma cosa”. Quien reprime hoy, el dictador que los nicaragüenses no quieren en el poder, es irónicamente quien alzaba la voz contra quienes usaban las balas para acallar las luchas sociales. Una trágica ironía.
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“La familia Ortega Murillo está haciendo lo mismo que Somoza. Siento coraje porque nosotros luchamos por la revolución, y mandan a matar a los hijos y a los nietos de quienes llevamos a Daniel al poder en 1979 y luego peleamos por mantenerlo ahí”, comenta, a la agencia AFP, Álvaro Gómez, exmiembro del FSLN y cuyo hijo fue asesinado el pasado 21 de abril, durante las protestas.
Ortega se unió al FSLN en 1963, durante la dictadura de Anastasio Somoza, el tercero de la familia Somoza en el poder. Formó parte de la Facción Tercerista con su hermano, Humberto Ortega, y fue el designado para coordinar el Gobierno de Reconstrucción Nacional, un gobierno provisional que se instauró cuando el dictador fue expulsado.
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Entonces, se enfrentó a la tarea de reconstruir un país devastado por la guerra civil y tuvo que enfrentar a la guerrilla contrarrevolucionaria respaldada por el gobierno de Estados Unidos. Tras cinco años del gobierno de transición, Ortega acordó celebrar elecciones en 1990 y fue derrotado. Sin embargo, en sus planes nunca estuvo ceder el poder. Por eso, se presentó a cada contienda electoral desde entonces, resultando vencido una y otra vez, y se dedicó a hacer oposición a los gobiernos de turno. Hasta el año 2006, cuando acordó con un opositor una reforma constitucional que bajara el techo para la elección de primera vuelta a un 35 %. Con esta nueva regla, Ortega volvió al poder en ese año con el 38,7 % de los votos.
Ajustes a la Constitución
Desde entonces, han sido varias las jugadas por parte del mandatario para mantenerse como máxima autoridad de Nicaragua. Primero, necesitó que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional aquel artículo de la Constitución nicaragüense que prohibía la reelección presidencial. Y lo consiguió en 2009.
Un año antes, en 2008, promovió dos reformas en las que permitía ampliar el número de comisionados generales. La estructura pasó a ser de 12 comisionados y entre los nuevos nombramientos estaba Francisco Díaz, quien además de comisionado general es el consuegro del presidente, y quien ha justificado actualmente las acciones del gobierno frente a los manifestantes.
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“Por cada masacre o asedio de la Policía y las turbas paramilitares en contra de los ciudadanos, Francisco Díaz aparecía en los medios de prensa de la familia presidencial para negar los ataques o responsabilizar a los grupos previamente definidos por el guion de la propaganda oficial”, informa el diario La Prensa de Nicaragua.
Entre las acciones del mandatario también estuvo remover, a su máximo contrincante para las elecciones de 2016, del cargo de representante legal del partido de oposición, con ayuda de la Corte Suprema; sustituir a 28 diputados que eran miembros del mismo partido opositor en la Asamblea Legislativa, para lograr su tercera reelección; y permitir que su esposa, Rosario Murillo, fuera también su vicepresidenta.
En Nicaragua, los Ortega controlan todos los poderes: la policía, el Ejército, los jueces, todo. Y para garantizar que las cosas sigan el curso que ellos quieren, pusieron a sus hijos y otros familiares en puestos claves del país. Uno de sus hijos, por ejemplo, formó parte de la negociación del canal interoceánico con el empresario chino Wang Jing. Otro, según el diario La Prensa, es el encargado de administrar, por orden presidencial, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos. Otros de sus vástagos controlan 8 de los 9 canales abiertos de televisión de Nicaragua, además de las emisoras y otros canales de comunicación oficiales.
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Dice la escritora Gioconda Belli, excompañera de lucha de Ortega y desde hace unos años opositora, que Rosario Murillo, madre de los siete hijos del presidente, es su única consejera y la voz que le habla al pueblo cada día. Además de ocupar el cargo de Primera Dama y de Vicepresidenta, ha mantenido el control en temas de salud, parques, comunicaciones y, claro, es quien decide los nombramientos de los ministerios del gobierno.
“Rosario es una persona que fue adquiriendo poder de la manera más terrible: tras aceptar la violación de su hija Zoilamérica (reconocer que Daniel Ortega la había violado) fue que consiguió tener el dominio total. Tenía esa carta en contra de él. Realmente ambos han sido una tremenda desilusión para todos los que los conocimos, han actuado de manera terrible”, cuenta la escritora Belli a El Espectador.
Una actuación que ha sido criticada por varios países y organizaciones. Amnistía Internacional aseguró que “el actuar represivo del gobierno nicaragüense ha llegado a niveles deplorables”. Nadie se escapa: obispos, periodistas, estudiantes y hasta niños han reportado agresiones, robos y ataques.
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Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Entre las violaciones denunciadas destacan “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”.
Pero Ortega y Murillo niegan los hechos y siguen aferrados al poder. “Aquí las reglas las pone la Constitución y no se van a cambiar de la noche a la mañana, porque se le ocurrió a un grupo de golpistas”, respondió el mandatario a la propuesta de la mesa de diálogo para adelantar elecciones. “Todo tiene su tiempo”, remató. Pero el suyo ya se agotó.