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La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR), Michelle Bachelet, reveló hoy su informe sobre la difícil situación de países como Venezuela, Nicaragua, y Crimea, que, además, ha empeorado en épocas de pandemia. El denominador común del texto es que las violaciones a los derechos humanos siguen intactas y no han cambiado desde el último reporte, dato que preocupa profundamente a la organización.
En Nicaragua, por ejemplo, entre marzo y junio de este año se documentaron 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, allanamientos arbitrarios, arrestos, y amenazas. “El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos pro-gubernamentales cuando críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente”, afirma Bachelet. Esta ha sido unas de las quejas más recurrentes de la oposición al gobierno del presidente Daniel Ortega.
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Entre algunos de los casos más preocupantes reportados por ACNUR están “los ataques con armas de fuego que dejaron cuatro indígenas muertos y dos heridos en el territorio Tuahka, Región Autónoma Costa Caribe Norte, en 26 y 27 de marzo. Los incidentes violentos de 19 y 20 de abril en Esquipulas, isla de Ometepe, dejaron al menos dos residentes y tres policías heridos. Varios residentes se habrían enfrentado a la policía por presuntas violaciones en el uso de la fuerza y el arresto arbitrario de tres personas, incluso tomando a un agente como rehén durante unas horas, mientras exigían la liberación de los arrestados”.
Además, Bachelet hizo un llamado para que se libere a todos los presos políticos, otro de los temas espinosos desde que empezó la crisis política y social en el país el 18 de abril de 2018. “Saludo las recientes liberaciones bajo el beneficio de convivencia familiar de 4.515 reclusos que facilita la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios. Sin embargo, ninguno de los 86 ‘presos políticos’ registrados por sociedad civil al 4 de mayo de 2020, fue beneficiado con esta medida. Reitero mi recomendación de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años”.
Por último, el informe asegura que la crisis sanitaria ha empeorado algunas de las problemáticas que ya existían en el país, particularmente los feminicidios. “Durante los cinco primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo período del año pasado habrían registrado 27 casos”.
Venezuela, pequeños avances con trabajo por delante
La relación entre Bachelet y Maduro ha tenido ires y venires. Sin embargo, desde enero del año pasado llegaron a algunos acuerdos que han permitido mejorar a labor de ACNUR en el territorio, según señala el informe. Sin embargo, “las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua y la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud”.
Todo esto, además, se ha incrementado desde la llegada de la pandemia. Aunque se reconoció una disminución en la tasa de homicidios en Venezuela, Bachelet aseguró: “Mi Oficina siguió documentado restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional”.
También hizo énfasis en la crisis política en la que está estancada el país desde enero del año pasado, cuando Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino. “Lamento que los actores políticos no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición”.