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Escasez de productos en supermercados y funcionamiento irregular del transporte son las consecuencias más evidentes, pero no las únicas. Diversos sectores encendieron las alarmas por el avance de la paralización que continúa en pie pese a los anuncios del Ejecutivo.
La Asociación Brasileña de Proteína Animal informó este domingo que unos 64 millones de pollitos y aves murieron por falta de alimento y otros mil millones estarían en peligro en este momento, al igual que 20 millones de cerdos. Normalizar el abastecimiento podría demandar hasta dos meses, según estimaciones de expertos.
La Asociación Nacional de Hospitales Privados manifestó preocupación con la crisis. Escasez de alimentos para pacientes, falta de ropa limpia, ambulancias paradas, ausencia de médicos e irregular recolección de basura fueron algunos de los problemas reseñados en n un comunicado.
A partir del lunes "muchos hospitales no podrán garantizar la continuidad del cuidado de los pacientes que necesiten tratamiento si no se adopta alguna medida inmediata", advirtió la asociación.
Algunas universidades públicas cancelaron sus clases para este lunes, mientras que 14 aeropuertos continuaban con falta de combustible.
En al menos ocho de los 27 estados del país, algunas estaciones de servicio comenzaban a ser reabastecidas, pero inmediatamente comenzaban a formarse filas kilométricas de vehículos para aprovisionarse.
El Sindicato Nacional de Empresas de Telefonía de Brasil pidió dar prioridad en el abastecimiento a los vehículos del sector "para proteger la operación de la infraestructura crítica de telecomunicaciones".
Nuevo acuerdo
El presidente Michel Temer sostuvo varias reuniones este domingo con su gabinete y asesores y evaluaba efectuar un pronunciamiento nacional sobre la crisis, según divulgó el portal G1.
"No nos desmovilizamos ahora sin tener lo que el gremio exige en la calle. Estamos cansados de promesas y ninguna efectividad", dijo Carlos Alberto Dahmer, presidente del Sindicato de Transportadores Autónomos de Ijuí (RS) a Folha de S. Paulo.
Los huelguistas ampliaron su lista de demandas y pidieron, entre otras cosas, retomar el precio del diésel de julio de 2017 y congelarlo por tres meses, además de regular los precios de los fletes de transporte. El Senado anunció que votaría esos puntos este lunes, pero los transportistas quieren una aplicación inmediata de la medida.
El gobierno de Michel Temer había anunciado un acuerdo con los camioneros el jueves, pero el mismo no fue aceptado de forma unánime, por lo que la paralización prosiguió.
El Ejecutivo autorizó el viernes movilizar a las Fuerzas Armadas para liberar los bloqueos de carreteras y resguardar vehículos e infraestructura clave para minimizar el impacto de la crisis.
"Vamos en camino a la normalización (...) no es rápido", dijo el sábado el ministro de Seguridad Institucional, Sergio Etchegoyen.
Pero el tiempo apremia en este país que intenta salir de una recesión histórica, donde el 60% del transporte de mercaderías se realiza en camiones.
"El Planalto se equivocó al ignorar las alertas de la revuelta contra la disparada del precio del diésel. Se equivocó de nuevo al negociar con personas que no tenían fuerza para suspender la huelga. Se equivocó otra vez al abrir el cofre antes de garantizar la liberación de las carreteras", escribió este domingo Bernardo Mello Franco, uno de los más populares columnistas del diario O Globo.
A cuatro meses de la elección presidencial, la huelga concita cierta simpatía tanto de sectores de la derecha como de la izquierda.
Situado en segundo lugar en las intenciones de voto, el candidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro, se declaró "100% en favor de los camioneros", pero contra el bloqueo de rutas.
Parlamentarios del Partido de los Trabajadores del expresidente de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva, actualmente encarcelado por corrupción pero a la cabeza de los sondeos, también expresaron su apoyo a los transportistas.
El diésel registró fuertes aumentos recientemente a causa del alza del precio del petróleo y de una nueva política comercial de Petrobras, que se alínea desde fines de 2016 con la cotización internacional del crudo.
Bajo la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016), los precios de los combustibles eran controlados por el gobierno. En 2016, la mandataria fue destituida acusada de maquillar las cuentas públicas y sustituida por el conservador Temer.