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“¿Por qué me tengo que ir, mami? Me quiero quedar contigo”, le pide un niño salvadoreño de cuatro años a su madre mientras oficiales de la Patrulla Fronteriza en Texas se lo llevan a un refugio de paso.
La escena, contada por Denis Gilman, abogada de la Universidad de Texas, es solo una de las tantas presenciadas en la frontera de Estados Unidos. Aunque aterradora, esta es una de las historias con suerte, pues Jil, la madre del menor, sabe que su hijo fue a dar a una casa de acogida en Virginia mientras ella permanece detenida por su condición de migrante. Otras familias no corren con la misma suerte y pierden contacto total con sus familiares.
La administración del presidente Donald Trump impulsó en mayo “tolerancia cero”, una política que separa a los niños de las familias de migrantes ilegales para atemorizar a los llamados “soñadores” y reducir el flujo migratorio.
Básicamente consiste en que las familias que lleguen a la frontera de forma ilegal sean procesadas en cortes federales criminales. Como los niños no pueden ser retenidos, son reclasificados como “niños sin acompañante” y van a parar a casas temporales o refugios gestionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés).
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Pero lo más grave no es la separación, sino que al Gobierno estadounidense se le están “perdiendo” esos niños reubicados en casas temporales. Desde el 6 de mayo, que comenzó el plan “Tolerancia Cero”, se incrementó en un 22% los niños que terminan en los refugios gestionados por el HHS. Las cifras a fecha de hoy muestran que 10.859 niños inmigrantes se encuentran actualmente en esos albergues de propiedad federal.
Sin embargo, esta semana, el HHS, encargado de la reubicación de los menores, anunció que perdió contacto con 1.475 de los niños reubicados entre octubre y diciembre de 2017. Según estadísticas del Instituto de Políticas de Migración, 100.000 niños salieron de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y en 2017 estuvo cerca de los 150.000.
Esto no significa literalmente que los niños estén perdidos, sino que el Gobierno no puede contactarlos porque sus tutores no se presentaron a las audiencias reglamentadas o no contestan las llamadas. Una de las teorías que se manejan es que los menores fueron asignados a familias que también son indocumentadas y por eso sus protectores se niegan a presentarse ante las autoridades por temor a que los deporten.
“Una vez que la oficina ubica a los niños con sus hogares patrocinadores ya no hay más obligación legal, no hay una relación legal entre la oficina y los niños. La sociedad puede estar inconforme con esa realidad, pero esta es la verdad y por eso requiere acción del Congreso”, afirmó la analista política del Instituto de Políticas Migratorias, Sarah Pierce.
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El primer gran problema de la reubicación es el paradero de los niños, pues una vez asignados a una familia protectora, el HHS no vigila sus condiciones de vida. Una investigación de la Universidad de California en Berkeley mostró cómo un grupo de menores guatemaltecos reubicados por la HHS terminó trabajando contra su voluntad en una finca de huevos en Ohio.
Pero, ¿es legal la separación familiar en la frontera? “La separación forzada incumple numerosas normas legales internacionales. Por ejemplo, el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño exige que ‘el interés superior del niño sea una consideración primordial’ en toda acción administrativa. Además, especifica que ‘los Estados velarán porque no se separe a un niño de sus padres contra su voluntad, excepto cuando las autoridades competentes sujetas a revisión judicial lo determinen’”, afirmó el analista en asuntos legales de The Daily Beast, Jay Michaelson.
Sin embargo, el problema, como explica Michaelson, es que Estados Unidos es el único país en el mundo que no se ha unido a esta convención y su ratificación en el Senado no se ha logrado porque algunos senadores conservadores creen que “pisotearía su soberanía”.
A pesar de las críticas, la reubicación no fue una iniciativa del presidente Trump. Las primeras denuncias se remontan al gobierno de George W. Bush cuando se reportaron las primeras devoluciones segmentadas de familias: los padres por una salida y los hijos por otra. De hecho, Trump se ampara en la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de William Wilberforce que firmó Bush en 2008 y que prohíbe deportar menores de edad que no sean de países fronterizos, lo que da lugar a que los niños sean reubicados dentro de Estados Unidos.
“Esta ley estuvo en vigencia durante años, pero ninguna administración anterior creyó que requiriera separación familiar”, señaló el abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, Lee Gelernt. “Sean cuales sean los desacuerdos que puedan tener las personas sobre cómo abordar los problemas de inmigración más grandes en este país, los niños pequeños no deberían estar negociándose como peones. Estamos hablando de menores de 2, 3 y 4 años”, añadió Gelernt.
Tras el escándalo, el presidente Trump y el HHS se lavaron las manos. El presidente señaló que esto era culpa del Partido Demócrata, responsable de la “horrible ley que separa a los niños de sus padres” –cuando en realidad fueron él y el fiscal general Jeff Sessions quienes la impulsaron–, mientras que el HHS se escudó en un comunicado que su autoridad legal es “albergar temporalmente y luego liberar a los menores extranjeros no acompañados a un patrocinador.” debido a que no tiene “autoridad para rastrear a los niños o devolverlos a nuestra custodia”, pues “el Congreso no le ha otorgado poder o los fondos para llegar más allá”.
“Estos niños se encuentran entre los más vulnerables del mundo: están solos, escapando de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Sin embargo, cuando llegan a nuestra frontera, a menudo enfrentan niveles impactantes de abandono y abuso por parte de funcionarios estadounidenses, funcionarios que están obligados por ley a mantener a estos niños seguros y tratarlos de manera humanitaria”, afirmó Claudia Flores, directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos.
Un informe realizado por investigadores de la Universidad de Chicago señaló que la Patrulla Fronteriza y autoridades similares como el FBI han abusado de menores migrantes tanto física como verbalmente, pues han golpeado a los menores y los han tildado de “perros”, “prostitutas”, “pedazos de basura”, y los han enjaulado en celdas de congelación antihigiénicas con comida y agua inadecuadas. Los acusados de abuso de autoridad se refirieron al reporte como “acusaciones falsas y sin fundamento”.
“Es necesario contar con mejores mecanismos de responsabilidad, un organismo independiente que pueda llevar a cabo una investigación rigurosa de las denuncias de abuso infantil e imponer medidas disciplinarias a los individuos oficiales que cometen estos abusos para que sean disciplinados o enjuiciados”, afirmó Nino Guruli, profesora de derecho de la Universidad de Chicago.
Aunque el gobierno defendió que esta política no trata sobre separar niños sino de enjuiciar a los migrantes que rompen las leyes, la realidad muestra un escenario diferente y desgarrador. The New York Times informó que en los últimos tres meses van 700 familias separadas. No existe ninguna garantía de comunicación entre padres e hijos luego de ser separados y tampoco hay un mecanismo para reunir a las familias luego de solucionar sus términos legales.
Según un funcionario del Departamento de Salud citado por el Washington Post, los establecimientos destinados a los niños están ocupados en 91 % de su capacidad y las medidas de combate a la migración clandestina que plantea el gobierno hará que estos centros se vean desbordados.
“Todos somos padres, madres, que tratamos de proteger a nuestros hijos y eso es lo que buscamos, que vivan en paz, donde no haya más violencia, eso es lo que venimos a buscar y lo que no encontramos”, manifestó Maritza, inmigrante de El Salvador y madre de cuatro hijas, quien denunció que desde hace un mes, cuando cruzaron la frontera, desconoce el paradero de la mayor de ellas.