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Desde que llegó a la Casa Blanca, en enero de 2017, el presidente Donald Trump arremetió contra el aborto. Su posición obedece al lobby conservador que lo llevó a la victoria: su vicepresidente, Mike Pence, del ala más conservadora del Partido Republicano, fue elegido por los cristianos evangélicos y otros conservadores religiosos para ser el aval de la agenda social de Trump, quien con tres divorcios a cuestas y escándalos sexuales a la orden del día, no tenía credenciales para defenderla.
Complaciendo a ese sector, donde el mandatario tiene a sus votantes más fieles, “Trump ha sacado las normas sociales más regresivas sobre homosexuales, mujeres y aborto”, explican analistas estadounidenses.
El Tribunal Supremo, que se había ganado el lugar de gran transformador de la sociedad estadounidense con sus sentencias, recibió a un defensor de esa agenda conservadora el 19 de abril del año pasado, Neil Gorsuch, quien comienza a inclinar la balanza a favor del ala conservadora.
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En su primer discurso, tras llegar a la Casa Blanca, Pence auguró el fin de la práctica del aborto, legalizado por el Tribunal Supremo desde 1973, cuando declaró inconstitucional cualquier interferencia del Estado en la decisión de una mujer sobre su embarazo. Y comenzó su trabajo silencioso, pero efectivo. “Si todos hacemos lo que está en nuestras manos, podemos restituir, otra vez y en nuestro tiempo, la santidad de la vida en la ley estadounidense", dijo Pence.
Tras reconocer en Trump al “presidente más provida de la historia”, el vicepresidente ha dicho: “En lo más profundo de mi corazón sé que esta será la generación que restaurará la vida en Estados Unidos”.
Desde entonces, varios estados han obstaculizado el acceso al aborto al promulgar restricciones amparadas en los derechos religiosos. Además, Trump creó un grupo dentro del Gobierno destinado a defender a los doctores, que, alegando motivos religiosos, se nieguen a practicar abortos. Igualmente prohibió el uso de fondos públicos para financiar a organizaciones que practican el aborto en el extranjero, y el departamento de Salud propuso una normativa que supone el corte de fondos federales a cualquier clínica que los practique o comparta instalaciones con entidades que lo hagan.
En un paso más hacia el objetivo de Pence, ayer el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de los antiabortistas. Este caso le permitiría a cada estado legislar sobre el aborto.
Pero el alto tribunal se posicionó en contra de la ley de California, bastión del progresismo en EE.UU., al considerar que “probablemente viole la Primera Enmienda” de la Constitución, en la que quedan recogidos los derechos a la libertad de expresión y religión.
California aprobó en 2015 una norma que afecta a los llamados centros de “atención y crisis”, unas instalaciones regentadas en su mayoría por grupos religiosos que buscan reducir los abortos.
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La ley del Estado, similar a otras de Illinois y Hawái, intentaba facilitar a las mujeres con menos recursos asesoramiento sobre los servicios de planificación familiar. En concreto, la ley obligaba a los centros antiabortistas a colgar dos letreros: uno para informar sobre los servicios gratuitos o de bajo coste que ofrece California y otro para indicar si tienen una licencia médica o no.
La mayoría conservadora del Tribunal falló a favor de suspender la norma de forma preliminar y se escudó en la probabilidad de que viole el derecho a la libertad de expresión.
En los últimos años, el número de centros de “atención y crisis” llegó a 2.700, tres veces más que la cifra de clínicas que ofrecen abortos, según datos del grupo “Paren las mentiras”.