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A Ecuador y Perú los une por estos días un evento común: los dos países están en plena campaña electoral; los ecuatorianos eligen presidente el 7 de febrero y los peruanos irán a las urnas el 11 de abril. En plena pandemia, con una economía golpeada y una polarización política creciente, el tema migratorio parece haberse convertido en un tema electoral.
Con un agravante, los migrantes están pagando una alta factura al convertirse en un tema electoral. Por eso, de acuerdo con analistas, en los últimos días se ha visto cómo los gobiernos de turno toman medidas para frenar la migración por las fronteras. Sin embargo, explican expertos, lejos de ayudar convierten a los migrantes, en su mayoría venezolanos, en blanco de ataques.
De acuerdo con la experta en migración de Dejusticia, Lucía Ramírez, “desde el año pasado hemos visto una militarización de las fronteras frente a la migración masiva de personas, pasó en Perú y en Ecuador. En Colombia está la Operación Muralla, implementada el año pasado y que genera preocupación sobre las actuaciones de algunos militares”.
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Hoy, las Fuerzas Armadas ecuatorianas movilizaron 200 hombres y 20 vehículos tácticos Hummer a la frontera con Perú, con el fin de intensificar la vigilancia por los pasos irregulares usados por migrantes venezolanos, informó el Comando Conjunto.
“Con la finalidad de ejercer un control militar minucioso, permanente y efectivo en el límite político internacional, en la frontera sur, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reforzó su presencial militar con 200 efectivos movilizados en 20 vehículos tácticos”, dice el comunicado oficial difundido por redes sociales.
#ELOro| La Brigada de Infantería Motorizada N.° 1 El Oro, implementó 20 vehículos tácticos Hummer para reforzar las operaciones de protección de fronteras, en el límite político internacional con Perú y evitar el paso de migrantes por los pasos ilegales. #FFAAContigo pic.twitter.com/quWnzSL45N
— FFAAEcuador (@FFAAECUADOR) February 1, 2021
Se trata de un contingente que deberá “asegurar la eficiencia de las operaciones militares, especialmente en los patrullajes de control y vigilancia de frontera, para evitar el flujo ilegal por los pasos no autorizados”, se agrega.
El cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19, ha provocado en el último tiempo un creciente movimiento migratorio de venezolanos por la región de diverso recorrido, que recurren a trochas para cruzar de un país a otro.
Mientras unos buscan regresar a su país, al igual que al inicio de la crisis sanitaria, otros se decantan por dirigirse a países del sur del continente bajo el denominador común de buscarse un futuro y escapar del hambre y el desempleo.
Un movimiento que también afecta a la frontera entre Ecuador y Colombia, donde los Ejércitos de ambos países realizan patrullas conjuntas para frenar el flujo migratorio, aunque con poco éxito pues no pueden controlar las veinticuatro horas los más de 30 pasos irregulares que hay.
Perú militariza fronteras
El martes pasado, el Gobierno de Perú desplegó a sus fuerzas armadas en la frontera con Ecuador para disuadir la inmigración ilegal que presuntamente se ha incrementado en las últimas semanas con la llegada clandestina de ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, desde el país vecino.
A lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla, que marca la frontera entre Perú y Ecuador, se ubicaron más de 50 vehículos del Ejército peruano entre tanques, carros de combate, vehículos blindados y patrulleros, así como más de 1.200 militares.
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La presencia militar frente al territorio ecuatoriano se da después de que el pasado jueves la Policía Nacional del Perú (PNP) anunciara la detención de casi 500 inmigrantes ilegales, en su gran mayoría de nacionalidad venezolana, en distintos puntos de la región de Tumbes.
🔴 #AHORA | El @CCFFAA_PERU desplegó más 54 vehículos entre unidades blindadas y patrulleras, así como más de 1,200 efectivos hacia el puente internacional La Paz – Matapalo, límite con Ecuador. 1/2 pic.twitter.com/TTNeB5iOWJ
— COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) January 26, 2021
“Se presume que los extranjeros que están ingresando de manera irregular al Perú han hecho lo propio en Colombia y Ecuador. Por ello estamos realizando un trabajo de inteligencia y migratorio con los otros países”, aseguró la superintendente de Migraciones de Perú, Roxana Del Águila, advirtió en un comunicado que existen mafias de tráfico ilegal de migrantes en la zona norte del país que deben ser combatidas.
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Por su parte, Carlos Scull, representante en Perú del líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, solicitó a la Defensoría del Pueblo que vele por los derechos humanos de los venezolanos en la frontera con Ecuador.
“Estamos de acuerdo con una migración segura pero tiene que prevalecer un enfoque humanitario que considere casos como la reunificación familiar y refugio”, dijo Scull en redes sociales.
Perú es después de Colombia el segundo país que alberga a más venezolanos, con más de un millón llegados desde 2016, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que cifra en ya 5,4 millones el éxodo migratorio de Venezuela.
De ese millón, Perú ha otorgado la residencia a más 477.000 venezolanos, mientras que casi medio millón ha solicitado la condición de refugiado, algo que solo han logrado de momento 1.282.
Desde el 15 de junio de 2019, Perú solo permite el ingreso de venezolano con pasaporte y visa humanitaria tramitada en alguno de sus consulados en Venezuela, Colombia y Ecuador.
Operación Muralla, en Colombia
En Colombia, desde octubre del año pasado se lanzó la “Operación Muralla” para controlar el paso por las trochas por donde centenares de personas cruzan la frontera entre Cúcuta y las localidades venezolanas de San Antonio del Táchira y Ureña.
“Este es un trabajo especial que estamos haciendo en el área metropolitana, denominado ‘Operación Muralla’, que va en coordinación y en apoyo a la Policía, de todo el trabajo que está haciendo en las trochas”, afirmó a periodistas el comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, Ilvar González.
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La iniciativa hace parte del plan “Frontera Segura y Regulada”, con el que las autoridades de Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta, apuntan a evitar la migración y comisión de delitos por las trochas.
El cruce de migrantes venezolanos hacia Colombia, que al comienzo de la cuarentena por el coronavirus disminuyó notablemente, aumentó durante la pandemia por las trochas y pone en aprietos a las autoridades y organismos humanitarios que multiplican sus esfuerzos.
La operación no ha dado los resultados esperados. El secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Colombia, Víctor Bautista, le dijo al diario La Opinión de Cúcuta que trabaja con varios organismos en este plan para atender la crisis migratoria proveniente de Venezuela, pero “a pesar de los esfuerzos realizados para minimizar el ingreso de migrantes venezolanos a Colombia por las denominadas trochas, esta es una realidad que no puede cambiarse debido a que estas personas necesitan de comida, salud, y otros servicios básicos que están escasos en nuestro país”.
“Me he dado cuenta de que es muy difícil para la fuerza pública devolver gente. Yo mismo he ido a las trochas y he visto niños convulsionando, o sea unos casos muy complejos. El control migratorio no es solo un problema de seguridad, sino de una crisis humanitaria que es incontenible”, agregó Bautista al periódico La Opinión.
Reveló que semanalmente hay un flujo de entre 5.000 y 7.000 personas provenientes de Venezuela.
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Lucía Ramírez, experta en migración de Dejusticia, explica que se han documentado casos de abusos militares en el marco de la Operación Muralla en Arauca. Hay imágenes que muestran cómo los uniformados acosan lanchas que intentan cruzar el río. “Estas medidas no evitan que la gente siga migrando porque la situación en Venezuela es muy grave”, agregó.
“Es muy diciente que esta sea la respuesta de los Estados en un momento tan crítico, cuando la pandemia afecta a los más vulnerables, la gente sale de Venezuela porque allá no hay servicios públicos ni agua ni acceso a salud. Entonces, esta respuesta va en contravía de las obligaciones de un Estadoen materia de derechos humanos. La situación es preocupante”, concluyó.