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Otra tormenta parece avecinarse en Venezuela. Una más en un país en el que los conflictos políticos y sociales están a la orden del día. La muerte del militar Rafael Acosta Arévalo, el sábado pasado, cuando se encontraba bajo custodia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), pone a Nicolás Maduro contra la pared, de nuevo.
El abogado y la esposa de Acosta Arévalo aseguran que el militar murió víctima de torturas. La última vez que se le vio con vida, cuando se presentó ante un tribunal militar, no podía mantenerse en pie ni hablar, relatan. Vea también: Venezuela 2019: ONU le exige a Nicolás Maduro medidas para frenar "violaciones a derehos humanos"
Al respecto, con base en la información que ha recibido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se informa que el militar “estaba en silla de ruedas, tenía las uñas ensangrentadas, no podía hablar y solo asentía cuando le preguntaban si había sido torturado en la Dgcim”.
Aunque el gobierno de Nicolás Maduro ordenó una investigación y se declaró un defensor de los derechos humanos, su récord deja mucho que desear: desde que el heredero de Hugo Chávez llegó al poder, en abril de 2013, cinco presos políticos han fallecido en custodia de cuerpos de seguridad del Estado. Y son miles las denuncias por impunidad, ninguno de los casos ha sido resuelto ni hay condenados por los hechos.
La ONG venezolana Foro Penal indicó que en el país dirigido por Nicolás Maduro hay 688 presos políticos. Una cifra menor a la publicada en abril de este año, que hablaba de 775 presos políticos. Entre los privados de libertad hay 583 civiles y 105 militares. De estos, 51 son mujeres y 637 hombres (687 adultos y un adolescente). Foro Penal alertó que 8.700 personas siguen sujetas a procesos penales bajo medidas cautelares “injustas”.
De hecho, el pasado 22 de mayo, la CIDH ya había expresado preocupación por el “recrudecimiento” de las condiciones de detención en la Dgcim y dijo que había recibido información “alarmante” sobre supuestas torturas, así como tratos inhumanos, crueles y degradantes.
Tras la muerte de Acosta Arévalo, quien fue detenido a finales de junio acusado de participar en un complot golpista contra Maduro, la situación parece salirse del control del chavismo, que también ordenó investigar los hechos. Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se declaró “conmocionada”. Los hechos sucedían un día después de visitar Venezuela y lograr compromisos con el gobierno, como un acuerdo de trabajo para permitir la visita de dos comisionados a cárceles y entrevistas con presos políticos.
“Esto no se ha cumplido. Se le ha pedido insistentemente poder visitar la Dgcim y no se les ha permitido”, explicó Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea (Programa para la promoción de los derechos humanos en Venezuela). Uzcátegui agregó que este viernes Bachelet presenta el tercer informe especial sobre el país. “Nuestra expectativa es que se ratifique la gravedad de las violaciones y su carácter sistemático”.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este jueves un informe sobre la situación de Venezuela en el que instó a Maduro a tomar medidas paras “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”.
El informe, que este viernes presentará la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, denuncia que, especialmente desde 2016, Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”. Le puede interesar: Lo que no le gustó a Nicolás Maduro del informe de la ONU
En Washington, James Story, quien hasta marzo fue el encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Caracas, consideró que la muerte del militar es “la mayor evidencia” de que el chavismo seguirá “matando a su gente” y “mintiendo al mundo”.
“Todos los involucrados en la cadena son responsables por lo que le haya pasado al capitán de corbeta”, dijo Story, quien subrayó que “el mundo debe exigir que el régimen ilegítimo rinda cuentas por esta tragedia”. Y agregó: “¿Son dos jóvenes miembros de la Dgcim quienes tomaron la decisión? Lo dudo mucho”, tras conocerse que dos uniformados de 23 y 24 años habían sido arrestados como responsables de la muerte del militar.
Y es que lo que esconde el cuerpo del militar confirmaría las sospechas. Por eso los médicos forenses oficialistas no permitieron que nadie ajeno al círculo chavista examinara el cuerpo de Acosta Arévalo. Sin embargo, Zair Mundaray, exfiscal venezolano en el exilio, difundió un informe que señala que el militar tenía costillas fracturadas, tabique nasal roto, hematomas en muslos y brazos y quemaduras en los pies. El cuerpo de esta víctima sigue en la morgue de Bello Monte y se especula que permanecerá ahí hasta que la descomposición oculte las huellas de la tortura. Pero otros presos en la Dgcim han hablado y sus familias ya no callan. Dicen que son víctimas de asfixia mecánica, descargas eléctricas, golpes y cortes en los pies.
¿Quién está detrás de la Dgcim?
Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director general de la Dgcim, ha sido acusado de ser un violador de derechos humanos, lo cual le ha valido haber sido sancionado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Este es uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro. Hernández Dala egresó del Ejército en 1988, fue ascendido por Maduro el año pasado al grado de mayor general del Ejército. En 2014 fue nombrado director de la Dgcim, en reemplazo del general Hugo Carvajal, quien apenas duró ocho meses en el cargo. Hoy es visto como el militar más incondicional de Maduro. Por eso Estados Unidos intentó llegar a él para sacar a Maduro del poder, según el propio consejero de seguridad estadounidense, John Bolton.
Hernández Dala era una pieza clave para la frustrada Operación Libertad, del pasado 30 de abril, cuando el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el líder opositor Leopoldo López llamaron a un levantamiento militar en la base militar La Carlota.
De acuerdo con Bolton, el plan incluía a Hernández Dala; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. “Ustedes saben muy bien el rol que jugaron en la planificación del paso hacia la democracia dado hoy en Venezuela. Ahora deben resistir y hacer lo mejor para Venezuela. Nosotros y el mundo los haremos responsables por aquellos venezolanos que resulten hoy heridos”, dijo Bolton.
Pero Maduro salió airoso de este episodio y defendió a Hernández Dala. Dijo que gracias a él y su entorno cercano se había desvelado la traición del general Manuel Ricardo Christopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). “Fueron el general Padrino, Maikel Moreno y el general Hernández Dala quienes me avisaron, una semana antes del golpe, sobre la conducta extraña de Figuera, que iba a ser relevado, despedido de su cargo. Por eso abortó la acción golpista del 30 de abril”, dijo Maduro.
De acuerdo con la prensa estadounidense Hernández Dala fue señalado por John Bolton, consejero de seguridad de Donald Trump, como una de las piezas claves para sacar a Maduro del poder. Fue sancionado por la Unión Europea en 2018, luego fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., en febrero de 2019, y Canadá también lo sancionó en abril.
Hoy Venezuela vuelve a la calle. Juan Guaidó convocó una marcha para este viernes 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela, para exigirle al gobierno de Maduro aclarar la muerte de Rafael Acosta Arévalo. Pero el heredero de Chávez resiste y se aferra al poder. ¿Hasta cuándo?