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Aún la oposición no lograba recuperarse de la “derrota” del pasado 15 de octubre, cuando la juramentación de cuatro de los cinco gobernadores ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) terminó por derruir la Mesa de Unidad Democrática (MUD).
Para el gobierno no fue suficiente con doblegar a los gobernadores opositores —Antonio Barreto (Anzoátegui), Alfredo Díaz (Nueva Esparta), Laidy Gómez (Táchira) y Ramón Guevara (Mérida)—; acto seguido, nombró como “protectores” de los estados a los candidatos oficialistas derrotados, a excepción de Vielma Mora en Táchira.
Estos denominados protectores son el instrumento bajo el cual el chavismo vacía de poder los cargos de representación popular que pierde electoralmente. Fue el caso de la Alcaldía Metropolitana de Caracas bajo Antonio Ledezma, la Gobernación de Miranda bajo Henrique Capriles, o incluso de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, primero inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia y finalmente nulificada con la ANC.
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Cuando un cargo relevante o estratégico cae en manos de la oposición, el retiro de funciones, competencias, así como del presupuesto, lo limitan casi a la inoperatividad. Incluso la retaliación contra aquellos que derrotan electoralmente al oficialismo llega a la inhabilitación y persecución judicial.
Los gobernadores de Acción Democrática fueron declarados como traidores por diferentes sectores de la oposición y posteriormente vaciados de poder por el oficialismo. Quizás los cuatro gobernadores creyeron que con la genuflexión ante la ANC, tendrían margen de maniobra mayor que los gobernadores opositores en el pasado.
Clara evidencia del castigo que significa ser un estado opositor lo vivió el estado de Miranda con Capriles. Después de la cuestionable gestión de Diosdado Cabello (2004-2008), los mirandinos eligieron dos veces a Henrique Capriles, quien con una gestión ágil adquirió la popularidad suficiente para convertirse en uno de los protagonistas de las filas opositoras llevándolo a competir contra Chávez en las presidenciales de 2012 y Maduro en 2013, también fue el impulsor del referendo revocatorio en 2016 bloqueado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Incluso algunos sectores acusan a Capriles de una dedicación mayor a las labores políticas de las dos campañas presidenciales y del referendo que a la gestión y administración de Miranda. No obstante, fue esa gestión, particularmente en su primer período y antes como alcalde, la que muchos ciudadanos compararon con la administración chavista y lo que marcó un punto de diferencia abriendo las posibilidades de una oposición que podría asumir los retos de gobernar el país después del chavismo.
La respuesta del oficialismo, en tiempos de Chávez, fue limitar el margen de maniobra de los cargos de elección popular que caían en manos de la oposición. El protagonismo de Capriles en la gobernación lo llevó incluso a recortar la diferencia en las presidenciales contra el propio Chávez. Varias son las víctimas del vaciamiento de poder, alcaldes, gobernadores e incluso la misma Asamblea Nacional en manos de la oposición, parlamento venezolano que terminó convertida en una convidada de piedra en el marco institucional venezolano.
Es así como a los estados que daban su voto a la oposición se les limitaba el acceso a los programas sociales y los aparatos clientelistas desplegados por el gobierno, que en algunos casos son la única forma de obtener productos de la canasta básica o estar en los programas de vivienda. Los ciudadanos saben que hay un costo por votar en contra del chavismo.
Quizás los gobernadores creyeron que juramentándose ante la ANC, como lo deseaba el oficialismo, les permitiría en esta ocasión esquivar la figura de los “protectores” y desarrollar una mejor gestión para los ciudadanos que los eligieron, pero no, se equivocaron. Hoy son los parias de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro se apresta para implementar el recetario contra los opositores.
Profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la U. del Rosario.