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“La decisión unánime de la Corte Suprema es una clara victoria para nuestra seguridad nacional. Permite que se torne efectiva en parte la suspensión de los viajes para seis países inclinados al terrorismo y la suspensión a los refugiados”, dijo en un comunicado el presidente de Estados Unidos, celebrando uno de los triunfos más significativos de su administración.
El pasado 27 de enero, Donald Trump firmó la orden ejecutiva con la que buscaba suspender la entrada de migrantes y refugiados provenientes de siete países de mayoría musulmana. En un principio, la medida aplicaba tanto a migrantes como a ciudadanos de esos países que portaran un permiso de residencia en EE. UU.
Tan sólo un día después de emitida, la orden ejecutiva empezó su larga batalla contra los recursos judiciales que intentaron detenerla. El primero de todos, emitido por una juez federal de Brooklyn, permitió contener su entrada en vigor y dejó ingresar al país a todas las personas que habían viajado con visas válidas y que habían quedado atrapadas en los aeropuertos cuando el decreto fue firmado por el presidente.
Los días pasaron y la avalancha de demandas contra el decreto de Trump obligó a la administración a prometer una versión revisada de la misma, que llegó en los primeros días de marzo. En ella se levantaban las restricciones contra las personas que habían tramitado su permiso de residencia en EE. UU. y se sacaba Irak de la lista de países afectados por la prohibición, que pasó a estar dirigida únicamente a personas provenientes de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
El 15 de marzo, un día antes de que la versión revisada de la orden entrara en vigencia, el juez Derrick Watson, en Hawái, la volvió a bloquear. Más adelante ya no serían las cortes federales sino los tribunales de apelaciones, en Richmond y San Francisco, los que se pronunciarían en contra del decreto, por considerar, no sólo que discriminaba a los musulmanes como minoría religiosa, sino que además representaba un abuso de poder por parte del presidente y un ataque a la Constitución estadounidense.
A pesar de la fuerte oposición a la medida, Trump anunció que pondría el decreto a consideración de la Corte Suprema, que este lunes decidió aprobar parte del polémico decreto migratorio. Este pronunciamiento refleja la llegada de una nueva era a la justicia de Estados Unidos y es una de las muestras más claras de que, independientemente de cuánto llegue a durar su estadía en la Casa Blanca, la llegada de Trump al poder seguirá teniendo ecos por décadas.
Trump y la Corte Suprema
El decreto firmado por Trump y que entrará a operar parcialmente por decisión de la Corte tiene dos partes: por un lado, impide el ingreso durante casi tres meses a personas que viajen desde seis países de mayoría musulmana, y, por otro lado, suspende por 120 días la llegada de refugiados provenientes de esos mismos países.
En la decisión emitida el lunes, la Corte Suprema también les quitó suelo a muchos de los argumentos judiciales que habían servido para bloquear el decreto de Trump. Afirmó que el Gobierno puede aplicar medidas de este tipo contra “personas de otras nacionalidades que no tengan conexión con Estados Unidos” y que, por lo tanto, la prohibición migratoria se puede aplicar a todos aquellos que “no poseen una relación de buena fe con personas o entidades en Estados Unidos” o que no cuenten con “estrechos lazos familiares” con ciudadanos de ese país.
En la práctica, esto significa que cualquier persona proveniente de los países donde opera la prohibición que sea capaz de demostrar que llega a EE. UU. como estudiante, profesor o a visitar a un familiar no debería tener problemas para pasar por los controles migratorios. Y por el contrario, resultarán afectadas las personas que viajan en busca de refugio y quienes no cuentan con familiares estadounidenses ni con una relación establecida con una organización en ese país. La Corte Suprema terminará de analizar el decreto cuando vuelva de su receso en octubre, una vez el plazo de 90 días que contempla la medida haya terminado y le queden pocas semanas a la parte concerniente a los refugiados.
Lo anterior, sumado al hecho de que la votación para levantar el bloqueo contra el veto migratorio recibió nueve pronunciamientos a favor y cero en contra, hace pensar que la determinación que tome el Tribunal Supremo dentro de cuatro meses será favorable para Trump, que entonces probablemente habrá emitido una nueva orden para extender los efectos de su decreto original.
Todo esto se da en el contexto de uno de los más grandes triunfos del Partido Republicano en los últimos años. Además de lograr las mayorías en las elecciones legislativas y de poner a Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, consiguieron nombrar en abril un conservador como nuevo miembro de la Corte Suprema estadounidense, una victoria enorme si se considera que, de este modo, cinco de los nueve jueces que componen el organismo son afines ideológicamente al partido.
A la cabeza del poder judicial en EE. UU., los nueve miembros de la Corte Suprema son elegidos por el presidente para luego ser ratificados por el Senado. Tras la muerte del juez Antonin Scalia, en febrero de 2016, los republicanos se dedicaron a bloquear durante un año el nombramiento de Merrik Garland, quien era el candidato del presidente Obama para ocupar el cargo.
La apuesta no pudo salir mejor: con la llegada de Trump al poder, los republicanos hicieron a un lado al candidato que propuso la antigua administración y nombraron a Neil Gorsuch, quien había ocupado el puesto de juez de apelaciones por orden del presidente George W. Bush y se había caracterizado por sus tendencias conservadoras, hasta el punto de haber fallado en contra de la reforma sanitaria que impulsó la administración Obama con un argumento que dejaba entrever sus posturas políticas: para él, la ley vulneraba la libertad de algunos grupos religiosos porque obligaba a los seguros médicos a cubrir gastos de anticonceptivos.
Lo que está por venir
Los nueve jueces que llegan a la Corte Suprema sólo pueden ser reemplazados cuando mueren, deciden retirarse o el Congreso se pone de acuerdo para destituirlos. El peso que tienen como máximas autoridades legislativas y el hecho de que sus cargos sean vitalicios hacen que lograr una mayoría de jueces conservadores en el organismo significara un gran respiro para la administración Trump, que no dudó en poner a disposición de la Corte su prohibición migratoria cuando la oposición de los jueces parecía tenerla a punto de hundirse.
Los rumores de que el juez Anthony Kennedy, de 82 años, está a punto de retirarse de su puesto en el Tribunal Supremo apuntan a una nueva nominación por parte de la administración Trump y serían un indicio de que, conforme pase el tiempo, la oposición a sus medidas desde el ámbito judicial se vaya apagando.
A pesar de ser uno de los miembros conservadores de la Corte Suprema, Kennedy mostró posiciones de centro en momentos claves, como cuando en 2015 su voto permitió legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo o, en 1992, cuando se expresó en contra de que el Estado interfiera en la decisión de las mujeres de interrumpir el embarazo, una idea que el Tribunal Supremo avaló en 1973 en el caso Roe vs. Wade.
El retiro de Kennedy dejaría el camino allanado para otra nominación de Trump. “Como pasó con el juez Neil Gorsuch, siempre que haya vacantes, siempre que eso suceda, el presidente buscará a alguien que tenga fidelidad por la Constitución, que no componga la ley a su antojo, y alguien que tenga un temperamento judicial y un récord irreprochable”, le dijo a la cadena ABC la asesora presidencial Kellyanne Conway.
Lo cierto es que con los republicanos controlando el Congreso y la Presidencia, la justicia estadounidense se está reconfigurando en lo que, muy probablemente, será uno de los legados más duraderos de la era Trump.