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No es exagerado decir que trabajar por los derechos de la población LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y trans) hoy en día en Venezuela es como arar en el mar. “A nadie. Ni al gobierno de Maduro, ni a la oposición, le interesa hablar del tema. La dirigencia política de cualquier bando está dedicada a solventar las crisis política, económica y social. Los derechos de la población LGBT es lo último en lo que se piensa por una razón muy básica: hay temor”, dice Quiteria Franco, investigadora y directora la Unión Afirmativa de Venezuela, asociación civil que vela por la población LGBT.
La activista, que forma parte del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres en América Latina, le quita romanticismo al surgimiento de la figura del presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó. “Aunque él hace parte de un partido (Voluntad Popular) que en sus estatutos dice que se debe gobernar por los derechos para todas las personas, públicamente no ha expresado respaldo alguno a esta causa. Y no lo hace porque corre el riesgo de perder seguidores; además, en sus discursos ha demostrado ser católico”.
Sin embargo, reconoce Franco, Guaidó es una ficha clave para que, en caso de que haya un cambio de gobierno en Venezuela, “se puedan lograr los derechos que han sido negados durante décadas para la población LGBT (…) mucho antes de lograr el reconocimiento que hoy tiene, firmó una iniciativa para la legalización del matrimonio igualitario”. La discusión lleva veinte años estancada en el Tribunal Supremo de Justicia.
Tamara Adrián, mujer trans y diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, es una de las damnificadas del cruento choque de trenes que se agudiza en entre la Asamblea y el Tribunal Supremo de Justicia. “Aunque hay procesos que solucionan en una hora, yo llevo 14 años esperando que el TSJ reconozca mi identidad. No deciden nada. Es un caso de transfobia por omisión”, dice en diálogo con El Espectador.
“La población LGBT, como todas las otras poblaciones vulnerables en Venezuela, pasa momentos desproporcionadamente complejos por cuenta de la crisis. Hay personas que viven con VIH y desde hace dos años no reciben retrovirales de manera continua. Hay organizaciones que están documentando el tema del VIH y que han encontrado que el sida está llegando a niveles similares a los que teníamos en los años 80”.
Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, con sede en Viena, en los últimos diez años en Venezuela se han cometido 115 crímenes de odio contra la comunidad LGBT. Sin embargo, advierte Tamara Adrián, la cifra puede ser mayor “porque raramente se denuncia y raramente se investigan estos homicidios”.
El hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia no reconozca la unión de parejas del mismo sexo agrava la situación, incluso en materia alimentaria. “Las parejas del mismo sexo, como no son consideradas familias, están excluidas de los alimentos subsidiados de las llamadas bolsas CLAP”, que es el sistema paralelo de distribución de alimentos del gobierno de Venezuela.
“En esas condiciones había propuesto una reforma parcial de ley orgánica de registro civil, para reconocer el matrimonio civil igualitario, los derechos de pareja y la identidad de las personas trans. El tema no prosperó porque la función legislativa está paralizada”.
En vista de la violencia creciente contra la población LGBT, en 2012 Quiteria Franco, en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro asumió la homofobia como un mecanismo de represión política. “La CIDH pidió al gobierno detener inmediatamente los discursos de odio contra la población LGBT. La respuesta de Maduro fue llamarme golpista y capitalista. En 2016 se inventaron un plan nacional de Derechos Humanos, pero nada de lo que dijeron lo ejecutaron”.
Tamara Adrián explica que decidió vincularse a la política cuando identificó lo que, a su criterio, fue una trampa de Hugo Chávez. “En el discurso, sus políticas eran incluyentes con la población LGBT, pero en la práctica ejecutaron acciones de extrema derecha que tanto cuestionó”.
El asunto tiene un agravante. Además de los problemas actuales, los activistas que defienden los derechos de esta población vulnerable también están abandonando el país. “Nos ha tocado abocarnos a atender las consecuencias de la crisis y dejar a un lado la incidencia política para atender asuntos sociales de sobrevivencia”, reconoce Quiteria Franco.
IV Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de las Américas
Desde este jueves y hasta el próximo sábado, 18 de mayo, se llevará a cabo en Bogotá el IV Encuentro de Liderazgos Políticos LGBT de las Américas, bajo el lema “La democracia exige igualdad”.
Ese será el lema de la intervención inaugural, que plantea cómo el Estado debe garantizar a toda la ciudadanía las herramientas necesarias que le permitan participar en los espacios de toma de decisión, con equidad y en condiciones de igualdad. Este encuentro pretende lograr la relación intrínseca que existe entre la democracia y la igualdad, a partir del trabajo adelantado por un grupo significativo de personas LGBT en cargos de elección popular o de designación, en la medida en que solo hay democracia cuando se experimentan condiciones de igualdad entre la ciudadanía y que la experiencia de igualdad que se siente en la cotidianidad es el mejor reflejo de que se vive en democracia.
"El acceso a la jusiticia para la población LGBTI es precario"#LiderazgoLGBTI En el gigante universo de los LGBTI, las comunidades trans son las más discriminadas. ¿Cómo garantizar sus derechos? Angélica Zamora, de Open Society Fundation, debate el tema con Said López, Coordinador de SOMOSTRANS, Honduras; Yren Rotela, defensora de DD.HH.en Paraguay; Brianna Titone, Representante Estatal, Asamblea General de Colorado, EE.UU.; y Fedrico Graña Viñoly, Director de Promoción Sociocultural, Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, Uruguay. IV Encuentro de Liderazgos LGBTI.
Posted by El Espectador on Friday, May 17, 2019