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La ex fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, entregó hoy, en Bogotá, al Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, pruebas para que la alta corte abra un juicio al presidente de ese país, Nicolás Maduro, por su presunta participación en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
"Explicar el modus operandi utilizado por Odebrecht va a ayudar a entender el caso en el que se involucra a altos funcionarios de la República, principalmente a Nicolás Maduro Moros", dijo Ortega al inicio de su intervención en el antejuicio de mérito realizado en las instalaciones del Congreso colombiano.
El acto, al que no asistió Maduro ni su defensa, contó con la participación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia destituidos por la Asamblea Nacional Constituyente, considerada fraudulenta por la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional.
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El Supremo funciona en el exilio y se autodenomina "legítimo" al considerar que el que opera en Caracas fue nombrado "sin que se cumplieran los requisitos constitucionales".
En el antejuicio, Ortega entregó documentos al Tribunal en los que dice que se comprueba la participación de Maduro en sobornos de Odebrecht que causaron un "daño al patrimonio público y un perjuicio a la sociedad", y aseguró que sus consecuencias se ven en la "actual crisis humanitaria" que vive el país.
Entre los proyectos afectados, la destituida fiscal mencionó la construcción inconclusa del segundo puente del lago de Maracaibo, por el cual el Estado suscribió un primer contrato por más de 2.370 millones de dólares y fue ampliado a más de 3.187 millones de dólares.
"Se encontró información de al menos 13 proyectos del Estado contratados por Odebrecht y que están en la misma situación: la línea cinco del metro de Caracas, el sistema masivo de transporte de Caracas", mencionó a modo de ejemplo Ortega.
La exfiscal acusó a Maduro con base en las declaraciones hechas por el asesor político Joao Santana a la Justicia brasileña, en las que dijo que el fallecido presidente Hugo Chávez y el actual mandatario recibieron dinero para campañas políticas y suscribieron contratos con la multinacional.
"Si ganaban las elecciones iban a favorecer a Odebrecht en diversos proyectos y a aumentar el valor de contratos (...) fue tal el compromiso de Maduro que toma posesión (como presidente) el 19 de abril de 2013 y el 4 de mayo estaba aprobando el número de cuenta para desembolsar el dinero", agregó.
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Ante estos hechos, Ortega instó al Tribunal a analizar las pruebas e iniciar un juicio contra el presidente venezolano, para quien pidió que se le imputen cargos por los delitos de corrupción y legitimación de capitales.
“Solicito formalmente a este tribunal que declare la existencia de méritos para proseguir la causa penal, establecer la responsabilidad penal de Nicolás Maduro para iniciar su enjuiciamiento y acordar su captura internacional. A tal oficio solicite a Interpol para que sea incorporado en el alerta roja”, agregó Ortega durante su intervención en la audiencia.
Por su parte, el presidente del Tribunal, magistrado Miguel Ángel Martín Tortabú, dijo que el próximo 9 de abril el grupo de letrados tomará una decisión con base en las pruebas recibidas y anunciará, de ser necesario, una fecha para el juicio de mérito, que también se llevará a cabo en la capital colombiana.
Así las cosas, será cuestión de tiempo para ver si las decisiones del Tribunal y las peticiones de Ortega cobran validez o se quedan como simple estrategia de la oposición, teniendo en cuenta que el primero está conformado por magistrados destituidos y la segunda, mal que bien, ya no es fiscal.