Con los aires calientes en Nicaragua, por las protestas que se han llevado a cabo hace más de un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la secretaria general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunciaron hoy la creación un grupo de expertos independientes para investigar la violencia en Nicaragua, que ya deja al menos 87 muertos.
La CIDH, ente autónomo de la OEA, y la secretaría de la OEA, encabezada por Luis Almagro, "alcanzaron hoy la anuencia del Estado de Nicaragua para crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia que han ocurrido desde el 18 de abril en ese país", indicaron en un comunicado.
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Todo esto se da luego de que Amnistía Internacional presentara ayer un documento en el que se asegura que el alto número de las muertes de manifestantes; fueron intencionales por parte del Estado y con conocimiento del presidente, Daniel Ortega, por lo que podrían ser consideradas como ejecuciones extrajudiciales. Según la organización, los responsables habrían sido los cuerpos policiales y las fuerzas antimotines.
El llamado GIEI para Nicaragua, que tendrá inicialmente un mandato de seis meses y deberá emitir un informe final público al final de su trabajo, estará conformado por cuatro reconocidos expertos en la protección de los derechos humanos, que serán seleccionados por la CIDH y designados por el secretario general de la OEA.
Según informó la CIDH, el Estado nicaragüense garantizará a estos especialistas el acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciadas, así como a las instalaciones, infraestructura, recursos y medios. Además, proveerá la seguridad necesaria a los expertos para realizar su trabajo.
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Las protestas sociales en Nicaragua estallaron en rechazo a una reforma al sistema de seguridad social que el gobierno de Daniel Ortega aprobó sin consenso. Luego se ampliaron para incluir demandas de justicia por la muerte de decenas de estudiantes tras la violenta represión policial.
Los manifestantes también exigen la renuncia de Ortega, un exguerrillero a quien acusan de intentar establecer una dictadura familiar similar a la de Anastasio Somoza (1934-1979), contra la que luchó.
Al finalizar su visita, CIDH pidió al gobierno nicaragüense dejar de reprimir a los manifestantes, desmantelar los grupos parapoliciales y controlar a los grupos armados que atacan y hostigan a la población civil.