La historia del intento de secuestro del exasambleísta ecuatoriano Fernando Balda en Colombia en el año 2012 reposó durante seis años en la Fiscalía ecuatoriana, hasta mayo de este año, cuando el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, anunció la desclasificación de documentos que tenía la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) sobre el caso.
El expediente Balda fue uno de los primeros que desempolvó Paúl Pérez Reina, nombrado en la Fiscalía General de Ecuador en mayo, tras las destitución de Carlos Baca Mancheno, luego de un juicio político en la Asamblea.
Con el cambio de fiscal y la publicación del dossier, Balda comenzó una tormenta de proporciones gigantes, que amenaza con llevarse por delante al expresidente Rafael Correa. “Aparecieron datos que presumen su participación (de Correa) en el hecho”, señaló el Senain a través de su cuenta en Twitter.
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Por este caso, la Corte Nacional de Justicia ya ordenó prisión preventiva contra el exjefe de la Senain Pablo Romero y del excomandante de la Policía al haber sido vinculados en el supuesto secuestro. Los dos, fichas claves de Correa durante su gobierno (2007-2017).
Ayer la Corte Nacional de Justicia celebró una audiencia en la que decidió admitir la vinculación de Correa al caso. ¿Qué implica esto? Según explicó el diario El Comercio, “Correa quede formalmente incluido en el proceso como sospechoso de haber cometido este delito”.
El fiscal Paúl Pérez solicitó medidas cautelares de presentación periódica para Correa, además de pedir el uso del dispositivo electrónico y medidas de protección a favor de Balda.
Lo que se sabe
Fernando Balda, exdiputado del Partido Sociedad Patriótica (PSP), de oposición a Correa, sostiene que, en agosto de 2012, cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil en Bogotá -donde vivía como refugiado desde hacía tres años-, aunque la Policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.El político fue expulsado de Colombia el 10 de octubre de 2012 por pedido de Quito, que adujo que el exlegislador estaba condenado a dos años de prisión por injurias contra el gobierno correísta, pena que debió cumplir en una cárcel ecuatoriana. Balda también fue condenado a un año de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado, tras denunciar la existencia de un centro de espionaje oficial en Ecuador.
¿En qué momento resulta vinculado Correa? Cuando el fiscal general de Ecuador señala que las versiones rendidas por exfuncionarios del gobierno anterior proporcionan “elementos suficientes” para relacionar a Correa con el caso.
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Correa dice que todo es una conspiración política coordinada por su examigo Lenin Moreno, quien una vez llegó a la presidencia de Ecuador se distanció del mandatario y criticó varias de sus medidas. El expresidente tachó de “farsa” el proceso legal que consideró un intento de sacarlo del mapa político ecuatoriano. “Me quieren fuera del mapa político, porque ese conjunto de mediocres sabe que nunca me va a poder vencer”, dijo Correa en una entrevista con Efe en Bruselas, en alusión al gobierno de Moreno.
“El Código Penal (art. 593) señala que la vinculación de una persona a un expediente judicial se produce cuando se presume su autoría o participación en el delito”, dice El Comercio. El caso ha desatado una tormenta política y judicial. Correístas denuncian que llevarán el caso a todas las instancias internacionales.
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“El artículo 522 de la Ley penal señala como medidas cautelares la prisión preventiva, el uso de dispositivo electrónico, la presentación periódica ante una autoridad o la prohibición de salida del país. Tras la vinculación, la defensa del expresidente Correa tiene la posibilidad de presentar pruebas a su favor”, explicaron expertos en la prensa ecuatoriana. “Este es un proceso viciado contra el expresidente Correa, pues no se ha mostrado ningún indicio de responsabilidad”, señaló la legisladora Gabriela Rivadeneira, militante del Movimiento Revolución Ciudadana, afín a Correa.
De acuerdo con diferentes análistas políticos ecuatorianos, este caso refleja una ruptura del actual gobierno y el “correato”. El hecho de que Correa no pueda presentarse a una reelección, tras la consulta del pasado 4 de febrero, se suma su procesamiento por un delito de lesa humanidad, por el que puede ser juzgado en ausencia y terminaría por minar su regreso a la política.