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Las Naciones Unidas notificaron a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la carta que depositó el pasado 17 de marzo el gobierno de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, en la secretaría general de la organización para solicitar su salida del Estatuto de Roma, el cual fue creado en 1998 para juzgar a quienes cometen genocidios y crímenes de lesa humanidad. A pesar de que la Corte lamentó públicamente el anuncio e hizo un llamado a ese país para que cambiara su decisión, aclaró que, por reglamento, su salida se hará efectiva un año después de la solicitud y que los procesos e investigaciones preliminares en curso no cesarán.
Posiblemente, la decisión de Filipinas se deba a las declaraciones que hizo la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, el 8 de febrero, en las que anunció la apertura de una indagación preliminar contra el gobierno de Duterte en el marco de la “guerra antidrogas”. La fiscal hizo énfasis en que “una indagación preliminar no es una investigación, sino un proceso de examen de la información disponible, con el fin de llegar a una determinación plenamente fundada sobre si existe una base razonable para proceder con una investigación de conformidad con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma”.
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La guerra antidrogas ha sido una política dura y sangrienta. Fue instaurada por el polémico presidente filipino desde su elección en el año 2016 para combatir el narcotráfico y ha sido criticada por organizaciones internacionales, que lo han acusado de violar derechos humanos, debido a las “miles de personas que han sido asesinadas por motivos relacionados con su presunta participación en el uso o el tráfico de drogas ilegales”, como señaló la Corte en su pronunciamiento sobre la decisión de ese país. De hecho, durante la campaña electoral en 2016, Duterte aseguró que en la tarea de erradicar el narcotráfico del país podrían fallecer hasta 100.000 personas.
Sólo en un operativo que se hizo en agosto del año pasado en Bulacan, al norte de Manila, el cual hasta el momento ha sido el más importante, murieron 32 sospechosos en 24 horas, resultado que fue calificado como “algo magnífico” por Duterte. Tras conocerse tal cifra, además, el mandatario señaló que las muertes sirven para “reducir lo que está dañando al país”. Ahora, la fiscal Bensouda será la encargada de trabajar con las respectivas autoridades nacionales para determinar, con base en la información que tengan a disposición, si se abre o no una investigación contra Filipinas y la política del gobierno.
La decisión de Filipinas de retirarse del Estatuto de Roma no es la única que ha recibido la Corte Penal Internacional en el último tiempo. De hecho, se enmarca en una crisis en la que diferentes países, especialmente africanos, han denunciado decisiones arbitrarias en su contra. En octubre de 2016, Gambia —de donde proviene la fiscal Bensouda— notificó su decisión, la cual también fue tomada en su momento por Kenia, Sudáfrica y Burundi. En ese año, el ministro de Información gambiano declaró: “La Corte es blanca y está pensada para hostigar y humillar a la gente de color, en particular los africanos”, y señaló “la incapacidad de la CPI para acusar al ex primer ministro británico Tony Blair, por la guerra de Irak”.
Rusia es otro de los países que no tienen entre sus planes ser parte del Estatuto de Roma. En 2016, el presidente Vladimir Putin se negó a ratificar la participación de su país en el Tribunal Internacional de La Haya, donde está la sede de la CPI. El Ministerio de Relaciones exteriores señaló que el organismo “no ha cumplido con las esperanzas que teníamos depositadas en ella y no se ha convertido en un organismo verdaderamente independiente y respetable de la justicia internacional”.
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Así las cosas, el presente de la Corte Penal Internacional no pasa por un buen momento. La salida de tantos países la obliga a mostrar con resultados su buen criterio a la hora de poner bajo la lupa determinados caso en los que se vulneren los derechos humanos.