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El fiscal de la Nación de Perú, Pedro Chávarry, afirmó hoy ser víctima de una campaña de desprestigio por grupos que no deseaban que asumiera el cargo y rechazó haber cometido alguna infracción constitucional, a pesar de los vínculos con una red de corrupción en la judicatura de Perú.
En declaraciones ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Chávarry explicó que, tras su elección como fiscal de la Nación, "para ciertos grupos soy el hombre más cruel, el más vil de los magistrados y, por lo tanto, no debo ocupar este cargo".
El escándalo de audios que ha revelado la existencia de una mafia en las cortes peruanas y la Fiscalía, mostró además las negociaciones y acuerdos para la designación de altos cargos como el del actual fiscal general.
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Chávarry fue elegido en junio pasado por antigüedad como sucesor de Pablo Sánchez, pero para "contrarrestar" las opiniones contrarias de otros sectores, dijo que organizó una reunión con periodistas con el apoyo del juez supremo César Hinostroza, hoy suspendido por presuntos actos de corrupción.
La presunta campaña en su contra la venían "gestando las ONG (organismos no gubernamentales) ya conocidas que hasta la fecha continúan atacando y criticando mi accionar como fiscal de la Nación, basta ver los titulares y basta ver las firmas de los memoriales, los comunicados que suscriben y son las mismas personas", afirmó Chávarry.
No obstante, dado los vínculos de Chávarry con los magistrados cuestionados y otros operadores políticos, sólo cuatro de los 34 presidentes de la Junta de Fiscales del país lo apoyan en el cargo.
Su antecesor Pablo Sánchez le ha pedido renunciar al cargo y dejar que la fiscal suprema Zoraida Ávalos asuma el cargo para terminar con la "crisis institucional".
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El legislador izquierdista Marco Arana, quien sustentó la denuncia constitucional en su contra, explicó hoy que "Chávarry ha vulnerado el principio de nuestra autonomía del Ministerio Público por permitir la grosera intervención de terceros en la elección".
En tal sentido, Arana afirmó que "consideramos que los hechos que han motivado la acusación vulneran la lucha contra la corrupción".
Chávarry respondió que "no existe infracción constitucional en la que yo me pueda sentir de alguna manera responsable", a raíz de un informe preliminar del legislador oficialista Juan Sheput. Por su parte, el congresista Sheput aclaró que aún no ha presentado ningún informe final sobre el caso porque está "en la etapa de evaluación de la pertinencia de pruebas".