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Antes de entregarse a las autoridades, el líder opositor Leopoldo López besó a su esposa y la imagen le dio la vuelta al mundo. “Esta mujer es mi pilar, mi esposa Lillian Tintori”, gritó con su megáfono, el 18 de febrero de 2014, mientras miles de personas coreaban su nombre. Ella le tomó las manos; él pegó su frente a la de ella. Más adelante, Tintori sacó un rosario, lo exhibió y se lo puso a su marido. Lloraba. Y así fue como Leopoldo López se convirtió en el rostro de los presos políticos de Venezuela.
Después de permanecer tres años detenido, López al fin salió de la cárcel de Ramo Verde. Había sido condenado por “incitar a la violencia”, tras invitar a la gente a una marcha que dejó tres personas muertas y daños en edificios. En medio de la agitada crisis política que tiene al presidente Nicolás Maduro lidiando con tres meses de protestas, crisis que se agravó con el ataque contra la Asamblea Nacional, en la que salieron heridos cinco diputados opositores, el Gobierno anunció la liberación. López fue trasladado a su casa el domingo, donde debe cumplir el resto de la condena que decretó 13 años, 9 meses y 7 días de encierro.
“Leopoldo López era el preso político más costoso del Gobierno, porque es el más conocido, el más emblemático”, dice Alfredo Romero, director ejecutivo de la organización Foro Penal que, desde 2002, se ha encargado de asistir a las personas que son detenidas arbitrariamente. “Como ha aumentado la represión, Foro Penal ha crecido y hoy somos la ONG más grande de Venezuela, con oficinas en todos los Estados”, comenta.
“Ese costo tenía que reducirse de alguna manera, porque estaba ocasionando una corrosión dentro del propio Gobierno nacional, que necesita apoyo internacional. Al darle casa por cárcel, el Gobierno lo excluye del juego político. Leopoldo López no puede salir a promover una candidatura presidencial, por ejemplo. Pero tenerlo en su casa es mejor que tenerlo en Ramo Verde, donde ha denunciado torturas y violaciones a los derechos humanos, situación que tiene un efecto importante que al Gobierno no le conviene”, agrega.
Ahora bien, para Romero, la liberación de López no puede ser un motivo para bajar la guardia. “Que Leopoldo esté en su casa no significa que el Gobierno esté disminuyendo la represión”. Cuando empezaron las marchas, en abril de este año, había alrededor de cien presos políticos. Ahora la cifra es cuatro veces más grande.
Actualmente, 431 presos políticos permanecen en las cárceles de distintos estados del país. De ellos, 346 han sido detenidos producto de las manifestaciones, tres por el uso de redes sociales, 33 por rebelión militar y 49 más por causas que no se encuentran clasificadas. “Celebramos que Leopoldo esté en su casa. Pero esto no significa que el Gobierno haya disminuido la represión. No significa que vaya a liberar al resto. No se puede cantar victoria”, afirma Romero.
Foro Penal ha sistematizado cada una de esas detenciones. Entre ellas, la de Yon Goicoechea, quien era representante del Movimiento Estudiantil que tomó vida en 2007 para protestar por el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV). Goicoechea, a su vez, se convirtió en el líder de la campaña para votar en contra del referendo que, ese mismo año, era promovido por Hugo Chávez y que pretendía modificar la Constitución.
Una suerte similar corrió Raúl Baduel, quien también se opuso a dicho referendo y con eso perdió todos los beneficios que alguna vez tuvo, cuando era el hombre de confianza de Chávez en las fuerzas armadas. Está detenido en la cárcel de Ramo Verde desde el 12 de enero.
Su hijo también terminó preso, detenido en una de las manifestaciones y fue condenado a ocho años de prisión.
“Yo le llamo a esto el efecto de la puerta giratoria”, dice Romero. Quiere decir que es el ejecutivo quien tiene la potestad de detener o liberar a la gente. Tal y como sucedió con López, fue el Gobierno quien lo detuvo y la decisión de liberarlo demuestra que la justicia se encuentra a discreción del mandatario.