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En 2010, WikiLeaks divulgó más de 90.000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán y cerca de 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak. Ese mismo año comenzó a airear unos 250.000 cables diplomáticos provenientes del Departamento de Estado de EE. UU.
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Desde entonces, la plataforma y su fundador, el activista y programador de computadoras Julian Assange, pasaron a ser objetivos del gobierno estadounidense, que condenó la divulgación clasificada por “poner en riesgo la vida de soldados estadounidenses y aliados y amenazar la seguridad nacional”.
Han pasado diez años y hoy la situación de Assange sigue sin resolverse. Arrestado inicialmente en 2010 en Londres a instancias de Suecia por un caso de presuntos delitos sexuales hoy archivado, Assange ha pasado casi una década confinado en el Reino Unido, primero bajo arresto domiciliario y en la embajada de Ecuador de 2012 a 2019 (cuando Quito le retiró el asilo político), y ahora en Belmarsh, a la espera de que se resuelva este proceso.
Nueva etapa
Desde este lunes Assange afronta la segunda parte de su juicio de extradición a Estados Unidos. Se espera que el fundador de WikiLeaks llegue hoy ante el tribunal penal londinense de Old Bailey, en donde está recluido luego de que Ecuador le retirara la condición de asilado, el año pasado. Dijo entonces el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, que su gobierno decidió revocar el asilo a Assange por haber violado “reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia”. Eso abrió las puertas a que las autoridades británicas pudieran detener a Assange.
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Entonces fue arrestado por la Policía Metropolitana de Londres, según dijeron, en parte para cumplir una orden de extradición presentada por las autoridades estadounidenses, donde podría ser enviado a juicio por el cargo de ataque informático si es extraditado finalmente.
EE. UU. amplió acusaciones
El juicio será complejo, pues EE. UU. amplió las acusaciones a última hora. Aunque mantiene 17 delitos al amparo de su ley de espionaje, y uno por la ley de fraude y abuso informático por la difusión, principalmente en 2010 y 2011, en colaboración con varios periódicos, de registros militares y otros documentos confidenciales, le sumó nuevas acusaciones, que pueden significara hasta 175 años de cárcel.
En junio, la Justicia estadounidense -representada en el Reino Unido por la fiscal Clair Dobbin, entre otros- emitió por sorpresa un nuevo auto de procesamiento, donde, si bien mantiene los cargos iniciales, amplía el alcance de varios de ellos y las pruebas que los sustentan.
Ver más: WikiLeaks dice que Ecuador espió a Assange
Al formalizar en agosto una segunda petición de extradición en base a ese auto, Dobbin indicó que el delito de intrusión abarcará no solo los tratos en 2010 con el exsoldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning), sino también con otras personas con las que Assange habría conspirado entre 2009 y 2015 para publicar información clasificada en su portal digital.
Según fuentes cercanas al caso, esto podría estar destinado a aumentar las probabilidades de extradición por ese delito si, como quiere la defensa, el tribunal finalmente desestima las alegaciones relativas a Manning.
Elecciones en EE. UU.
Aunque la defensa, encabezada por Edward Fitzgerald y Mark Summers, criticó el tardío auto aceptó seguir con el proceso en septiembre sin pedir prórroga, para evitar, entre otras cosas, que quedara postergado hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Después de que en febrero Assange rechazara su extradición, estaba programado que en las próximas tres a cuatro semanas su equipo legal llamara a declarar a varios testigos, entre ellos el académico estadounidense Noam Chomsky o el abogado español Aitor Martínez.
Al rebatir la entrega al principio del juicio, Fitzgerald argumentó que los cargos de espionaje y fraude informático por las revelaciones de WikiLeaks en 2010 tienen “motivaciones políticas”, y sostuvo que su cliente no afrontará “un juicio justo” en EE. UU., además de que presenta “riesgo de suicidio”.
Al rebatir la entrega al principio del juicio, Fitzgerald argumentó que los cargos de espionaje y fraude informático por las revelaciones de WikiLeaks en 2010 tienen “motivaciones políticas”, y sostuvo que su clieunte no afrontará “un juicio justo” en EJ
Adujo que la solicitud de la Justicia estadounidense es “un abuso de proceso”, dado que ignora la cláusula en el tratado extraditorio bilateral que prohíbe las entregas por “delitos políticos”.
Ver más: Justicia británica analiza pedido de extradición de Assange a EE. UU.
Señaló que EE.UU. reabrió el caso en 2017 después de que el Gobierno de Barack Obama decidiera no imputar al periodista por el precedente que sentaría para la libertad de prensa y añadió que su cliente fue espiado a petición de Washington por una empresa española cuando estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres.
A su vez, el fiscal James Lewis negó que las imputaciones contra el antiguo “hacker” tengan connotaciones políticas y aseguró que es un asunto de “pura criminalidad”.
Lejos de requerirle por su labor periodística, como alega la defensa, se le busca por “alentar y ayudar” a Manning a extraer ilegalmente información secreta de ordenadores oficiales y difundirla después en WikiLeaks, mantuvo.