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El año 2018 no podía comenzar de mejor manera para los fumadores de marihuana en uno de los estados más liberales del país: California. Cuando el reloj marcó las doce, numerosos ciudadanos dejaron de lado el tradicional beso de medianoche para llevarse un porro a los labios y encenderlo de forma ceremoniosa.
La legalización del uso de la marihuana para usos recreativos acababa de llegar a California y con ella nacía un negocio que se estima que, para 2020, podría suponer ingresos en torno a los 7.200 millones de dólares en ventas y 1.000 millones de dólares en impuestos.
Las televisiones mostraban imágenes de autobuses convertidos en auténticos fumaderos y de dueños de dispensarios que se declaraban ufanos, pues desde varias horas antes de la medianoche había gente haciendo cola a la puerta de sus negocios para poder comprar una onza (28,3 gramos) de la preciada hierba.
"La gran mayoría de los estadounidenses apoyan legalizar el consumo de la marihuana para los adultos, y los legisladores locales se están dando cuenta de que es el momento de adoptar políticas sensatas al respecto", explicó a Efe el portavoz del Proyecto Político de la Marihuana (MPP), Morgan Fox.
En efecto, todo el mundo en California parecía celebrar la medida, sin embargo, en ese mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, en Washington DC, el presidente Donald Trump debía estar sopesando cómo parar una tendencia que ha llevado a legalizar la marihuana en ocho estados y a despenalizar su posesión en otros catorce.
Todo empezó en 2012, cuando de Colorado y Washington decidieron hacer uso de su potestad para legislar en cuestiones consideradas estatales y legalizar el uso recreativo de la "maría".
El entonces presidente Barack Obama decidió en 2013 salir al paso aprobando una directriz que permitía a los estados legislar sobre esta materia siempre y cuando no entrara en conflicto con otras leyes nacionales como, por ejemplo, aquellas destinadas a proteger la salud pública.
Pero el nuevo Ejecutivo, en lo que podría interpretarse como un nuevo capítulo en su fijación por acabar con el legado de la anterior Administración, ha decidido tomar cartas en el asunto y abrir así una nueva batalla entre el Gobierno federal y los estados, un enfrentamiento clásico en el país.
En una iniciativa que supone un jarro de agua fría para los defensores de las bondades de la marihuana, el pasado jueves el Departamento de Justicia emitió un memorándum en el que indicaba a los fiscales del país que debían regirse por la legislación federal y, por lo tanto, perseguir toda actividad relacionada con la droga.
"Es la misión del Departamento hacer cumplir las leyes, mientras las directrices previas minaban este cumplimiento y la capacidad de nuestros compañeros locales y estatales de ejecutar su misión de hacer cumplir la ley", afirmaba el fiscal general, Jeff Sessions, en dicho documento.
Fox considera que parte del problema es que el tema de la legalización "siempre ha sido un asunto tanto estatal como federal" y lamenta que desde Washington puedan acabar "desperdiciando recursos federales" en una batalla legal contra negocios que pagan sus impuestos en una guerra que apenas servirá "para crear confusión".
Un claro ejemplo de esta confusión a la que hace referencia Fox se produjo en Vermont a las pocas horas de que Sessions emitiera sus nuevas directrices.
A última hora de la tarde del jueves, por 81 votos a favor y 63 en contra, la Cámara baja de este estado del norte de la costa este del país aprobó la venta de pequeñas cantidades de dicha droga a personas mayores de 21 años.
La medida aún debe ser aprobada por el Senado estatal pero el gobernador de Vermont, el republicano Phill Scott, ya ha manifestado su intención de sancionar la ley en caso de que reciba el visto bueno de la Cámara alta, diga lo que diga el líder de su país y de su partido: Donald Trump.