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El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio en un centro comercial de Guatire, a una hora de Caracas, acusado de ser parte de un complot para derrocar y asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Una semana después, el 29 de junio en la madrugada, murió. Estaba en el Hospital Militar del Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa. Según su esposa y su abogado, su fallecimiento se da producto de las torturas en las celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima y la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos , Michelle Bachelet, condenaron la muerte del oficial y pidieron una investigación independiente, pues la muerte está rodeada de muchas sombras.
HOY 01 de Julio
— Waleswka Perez de Acosta (@waleswka77) July 1, 2019
YO, WALESWKA PEREZ
ESPOSA del Cap. Cbta RAFAEL ACOSTA AREVALO.
EXIJO Y EXHORTO AL REGIMEN A QUE ME ENTREGUEN EL CUERPO DE MI ESPOSO
ASESINADO IMPUNEMENTE.
YA ES SUFICIENTE!
ES MUCHO DOLOR Y LA TRISTEZA QUE TENEMOS, ESTAMOS FORTALECIDOS. #NoMasTorturaVzla pic.twitter.com/Tx1LVBfWPe
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Cabello confirmó que "todos los funcionarios" involucrados en el fallecimiento de Acosta Arévalo "están a la orden de los tribunales y del Ministerio Público" y que se espera que "pueda aclararse y dejar de manera definitivamente resuelto qué fue lo que ocurrió".
Dos militares, de 22 y 23 años, detenidos
Hasta ahora, dos militares fueron detenidos y presentados ante la justicia en Venezuela por la muerte de un oficial bajo arresto.Una corte de Caracas dictó este lunes cárcel "preventiva" contra el sargento Estiben Zárate y el teniente Ascanio Antonio Tarascio, acusados por el fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrido la madrugada del sábado, informó un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia.
Zárate, de 22 años, y Tarascio, de 23, fueron presentados en audiencia preliminar por el delito de "homicidio preterintencional" que, según la ley venezolana, aplica a quien "con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, causare la muerte" a una víctima y que contempla penas de seis a 12 años de prisión.
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Ambos pertenecen a la Guardia Nacional y estaban adscritos a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en cuyos calabozos se encontraba Acosta.
"Realizadas las primeras experticias (...), se ha establecido la vinculación de dos funcionarios" de la DGCIM, dijo este lunes en Twitter el fiscal general, Tarek William Saab, quien tampoco se refiere a torturas.
La Fiscalía "seguirá acumulando pruebas" para "sancionar de forma ejemplar estos lamentables hechos", añadió Saab.
"Sorprendente. El Ministerio Público le imputa el delito de 'homicidio preterintencional con causal' a los dos detenidos (...), ignorando los delitos previstos en la Ley contra la Tortura", criticó en un tuit Alonso Medina Roa, abogado del fallecido militar.
Una desaparición forzada
La muerte de Acosta provocó un rechazo internacional, con condenas de Estados Unidos, el Grupo de Lima -14 países de América críticos de Maduro- y la Unión Europea."Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte", indicó este lunes Bachelet en un comunicado.
"Dado que su familia y sus abogados no fueron informados sobre su paradero (...), su caso puede constituir una desaparición forzada", añadió el texto de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió el domingo a la oficina de Bachelet una investigación "urgente". El Grupo de Lima respaldó esa solicitud.
Activistas denuncian que Acosta fue llevado a tribunales el viernes pasado en silla de ruedas con "graves signos de tortura", por lo que el juez ordenó trasladarlo al hospital militar de Caracas, donde falleció.
"Estaba perfecto antes de su detención", aseguró Medina Roa en una entrevista radial. "Muere siendo inocente, porque nunca hubo un juicio", añadió.
Según Eurasia Group, la muerte de Acosta llevó a Guaidó a suspender contactos previstos esta semana; pero la consultora estima que serán "reprogramados pronto" ante "creciente presión internacional sobre ambas partes" para alcanzar acuerdos.