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Las relaciones del chavismo con la prensa venezolana no han sido las mejores. Desde que Hugo Chávez llegó al poder muchos medios de comunicación han sido censurados, bloqueados o cerrados. Uno de los casos más conocidos fue cuando, en 2007, Chávez decidió no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal con más antigüedad en el país. A partir de ese momento, la prensa ha estado en el punto de mira del gobierno venezolano.
El caso más reciente se produjo la semana pasada, cuando el máximo tribunal de Venezuela ordenó a La Patilla, uno de los principales portales de noticias de ese país, a pagar cinco millones de dólares de indemnización al poderoso líder chavista Diosdado Cabello.
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Según el fallo difundido por La Patilla, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró "sin lugar" un recurso extraordinario de casación que había presentado el medio.
En consecuencia, el portal deberá pagar 30.000 millones de bolívares -unos cinco millones de dólares- por "daños morales" a Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que en la práctica asumió las funciones del Parlamento de mayoría opositora.
El director de La Patilla, Alberto Ravell, tildó la decisión de "terrorismo judicial" y dijo que no lo "amilana" ni exonera a Cabello de sus "crímenes", en un mensaje en Twitter.
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La justicia venezolana aceptó en septiembre de 2018 una demanda que interpuso Cabello por "daño moral" por la reproducción, en 2015, de un reporte del diario español ABC que lo vinculaba con el narcotráfico.
El líder chavista insinuó entonces que asumiría la propiedad de la web si no se pagaba la indemnización.
Ya la justicia, acusada por la oposición de servir a Maduro, aceptó una demanda similar contra El Nacional -el mayor diario de línea opositora-, pero la indemnización fijada fue devorada por la hiperinflación, que cerró en 130.060% en 2018 según cifras oficiales.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó que el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) haya condenado "sin debido proceso" al medio digital La Patilla a pagar una "desproporcionada" indemnización al "número 2" del chavismo, Diosdado Cabello.
Estamos "de nuevo ante un caso de persecución perpetrado por una Justicia politizada y parcializada, como lo es la venezolana, que siempre actúa con la intención de defender a los funcionarios del régimen en detrimento del derecho del público a la información", dijo la presidente de la SIP, la colombiana María Elvira Domínguez.
El caso
La pelea de Diosdado Cabello con los medios se remonta a 2015, cuando los directores de los diarios El Nacional, Tal Cual y el portal La Patilla publican una versión de un artículo del periódico español ABC señalando que las autoridades estadounidenses están investigando al número dos del chavismo por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.Ver más: Estos son los sitios web que más bloquean en Venezuela
Según las versiones publicadas, el exjefe de seguridad del fallecido Hugo Chávez, Leamsy Salazar, llegó a Estados Unidos y testificó en un proceso judicial iniciado contra Cabello y otros altos personajes del chavismo. Cabelló les pidió a los medios rectificar y como no lo hicieron llevó su demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un polémico ente que jamás ha fallado en contra del chavismo. Este órgano determinó que los 21 directivos de estos medios no podían salir del país durante tres años y ya falló en contra de El Nacional con una millonaria multa que no fue pagada porque fue consumida por la terrible inflación, pero ahora el Supremo falló contra La Patilla, que ya se declaró impedido para pagar la multa.
Diosdado también demandó al periódico estadounidense The Wall Street Journal por el mismo caso, pero dos tribunales desestimaron su demanda. La pelea jurídica contra el diario ABC de España tampoco prosperó.
Chavismo vs. Prensa
En 2013 Diosdado Cabello había demandado a Teodoro Petkoff, entonces director de Tal Cual, por difamación. Desde entonces Petkoff no pudo salir del país. Pero no es el único chavista que se ha llevado medios de comunicación a la justicia.La censura a través de sanciones legales y económicas es la forma cómo presiona el chavismo. En algunos casos, debido a las altas presiones y las costosas multas, propietarios de medios de comunicación se ven en la necesidad de venderlos a miembros cercanos al Gobierno, quienes tienen la posibilidad económica de comprarlos.
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Un ejemplo de esto es la venta del canal de noticias Globovisión en el 2013, medio que pertenecía a la familia Zuloaga y que varias veces fue sancionado económicamente por el gobierno de Hugo Chávez. Ahora, el principal propietario y presidente del canal es Raúl Gorrín, uno de los investigados por la justicia de Estados Unidos por vínculos con lavado de dinero en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
De acuerdo a las cifras del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) en Venezuela, entre enero y octubre de 2018, 33 medios salieron de circulación o fueron bloqueados. A través de la Comisión Nacional de Comunicaciones (Conatel) el chavismo cierra canales críticos, dice la Ipys.
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En julio de 2017, luego de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Nicolás Maduro pidió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), investigar al canal Televen por no hacer cobertura de estas elecciones.
El 22 de febrero, día del concierto 'Venezuela Aid Live', los canales NatGeo y Antena 3 fueron sacados del aire en Venezuela mientras transmitían el multitudinario concierto celebrado en Cúcuta.
Todo Noticias (TN), un canal de televisión por suscripción argentino fue sacado del aire por su cubrimiento de marchas opositoras.
Maduro también ordenó que sacaran de las parrillas de la televisión por cable el medio informativo NTN24 porque, según él, “estaban desinformando sobre los hechos” que ocurrieron en las protestas políticas en contra de su gobierno. En 2017, la cadena CNN en Español también fue censurada.