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Los miembros del Gobierno de Nicolás Maduro reconocieron ante la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, la crisis que vive el país, aunque esgrimieron que la situación es consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2017.
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El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, afirmó que "el ataque a Venezuela ha sido un ataque sistemático, así se lo hemos informado (...) desde el punto de vista del imperialismo norteamericano, ha sido un ataque contra toda la economía nacional y ese ataque se ha visto afectado precisamente en los niveles de ingreso de la república".
Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, entregó a Bachelet un informe en el que responsabilizó a los opositores a la Administración de Nicolás Maduro de 77 asesinatos ocurridos en medio de protestas antigubernamentales, de un total de 160, según datos oficiales.
Saab, que no señaló a los culpables de las 83 muertes restantes, resaltó que esta "cifra alarmante se debe a ciudadanos que militando en partidos políticos adversos al Gobierno venezolano han cometido graves daños".
A lo largo del día en varios puntos de Caracas se verificaron protestas de trabajadores públicos y familiares de "presos políticos", quienes denunciaban la crisis y la "violación" a sus derechos para llamar la atención de Bachelet.
Los manifestantes se concentraron en lugares donde consideran que se evidencia la crisis humanitaria que vive el país, como los hospitales, los alrededores de instituciones en las que se esperaba la presencia de la alta comisionada, así como en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cancillería.
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A pocos metros del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras Bachelet se reunía a puerta cerrada con representantes de los poderes públicos, un grupo de trabajadores petroleros reiteró la exigencia del pago de una deuda laboral, reclamo que reivindican 587 empleados de Petróleos de Venezuela desde hace año y medio.
Simultáneamente, en la sede del PNUD organizaciones civiles y de derechos humanos pidieron la liberación de los presos por motivos políticos y la atención a la crisis humanitaria. El director de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero, afirmó que "sigue pendiente" la exigencia de que liberen a los 687 "presos políticos".
Además, los trabajadores de salud protestaron frente a la Maternidad de Caracas y el pediátrico J.M. de los Ríos, dos instituciones de referencia del país, exigiendo a Bachelet que visite los centros médicos públicos para que observe la severa escasez de material sanitario y medicinas.
En horas de la tarde, la expresidenta chilena sostuvo un encuentro con víctimas de violaciones de los derechos humanos en la Universidad Metropolitana (este de Caracas). Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, una joven que murió en las protestas de 2014, pidió a Bachelet que "oiga a las madres venezolanas".
Orozco afirmó que "hay 306 personas fallecidas por la protestas" de las que 275 eran hombres y 31 mujeres y lamentó que el país tenga "el 99 % de impunidad", al tiempo que acusó a miembros de las Fuerzas Armadas de ser responsables de casi el 66 % de estos hechos.
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La coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, solicitó que se instale una delegación de la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos "para que haga un monitoreo permanente" del país.
Por su parte, Omar Mora Tosta, abogado defensor de varios "presos políticos", dijo que "los presos políticos y los perseguidos en el país son personas secuestradas por el poder", pues "la decisión que los encarcela arbitrariamente es política, y la decisión que los excarcela también lo es".
La visita de la alta comisionada de derechos humanos se produce en uno de los momentos de mayor tensión política en el país y en medio de una aguda crisis económica que ha pulverizado el poder adquisitivo y ha provocado una crisis humanitaria. Según la ONU, en Venezuela siete millones de personas necesitan asistencia humanitaria de manera urgente.