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Todo lo positivo que trae la vacunación contra el COVID-19 en América Latina se ha comenzado a desteñir por escándalos de todo tipo. Políticos, funcionarios públicos y empresarios que se vacunan antes de tiempo, la politización por parte de algunos gobiernos, los engaños y la falta de dosis son algunos de los escándalos que se han presentado. Lo peor es que esto sólo dilata la derrota del virus porque ahora, además de la brecha adquisitiva que existe con otros países, hay una desigualdad interna en el que la vacuna dejó de ser un derecho y se convirtió en el privilegio de unos cuantos.
El privilegio de la vacunación
Los escándalos por vacunaciones irregulares en Argentina, Perú y Chile han despertado tormentas políticas cuyas consecuencias están empezando a verse. El vacunatorio VIP en el gobierno argentino de Alberto Fernández fue la última en conocerse y ya le costó la cabeza al entonces ministro de Salud, Ginés González García. Todo estalló el pasado viernes, cuando el periodista Horacio Verbitsky narró públicamente cómo había recibido la primera dosis de la Sputnik V por ser amigo de González.
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“Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje de su secretario, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio, y que fuera al Ministerio a darme la vacuna”, dijo el periodista de 79 años a radio El Destape. A partir de ahí empezó el efecto bola de nieve que incluso podría salpicar a la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, una especialista en medicina interna que se desempeñaba como secretaria de Acceso a la Salud.
Según el diario Página 12, el presidente Fernández aseguró a uno de sus periodistas en una conversación informal: “Le exigí la renuncia con dolor. Ginés (González García) era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias. Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan esos privilegios”.
El abogado Jorge Monastersky, quien formuló el viernes una de las primeras denuncias por el escándalo, presentó este domingo una ampliación de la misma pidiendo a la justicia que se investigue cómo fueron registrados los vacunados y el posible delito de “falsedad ideológica” (inclusión de datos falsos en un documento público). El letrado solicitó que se investigue si hubo personas registradas indebidamente como personal esencial o estratégico o alguna otra calificación para poder justificar la vacunación cuando no les correspondía.
Por su parte, el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina, Fernando Miguez, afirmó: “Es inaudito que haya alguien, en este caso la cúpula del Ministerio de Salud, que dictamine quién debe morir y quién debe vivir. Con 50.000 muertos que llevamos en el país, este es un caso de corrupción clara”.
Otro de los grandes escándalos se presentó en Perú. Bautizado “vacunagate”, se descubrió la aplicación irregular a altos funcionarios y sus familiares de un exclusivo lote de vacunas entregado por el laboratorio chino Sinopharm para el personal implicado en el ensayo clínico de su vacuna. La semana pasada se hizo pública la lista de los 487 inoculados, en la que aparece como invitado el expresidente Martín Vizcarra y, registrados como “entorno cercano” figuran los nombres de su esposa y su hermano.
El hecho no se limita a los funcionarios de la anterior administración, sino que salpica al actual gobierno de transición, presidido por Francisco Sagasti, pues también fueron vacunadas las ahora exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores), quienes, a diferencia de Vizcarra, lo hicieron una vez la vacuna ya había sido aprobada.
Hace una semana se conoció que el protocolo del ensayo estableció el envío de un lote con 3.200 dosis extras “para ser administradas voluntariamente al equipo de investigación y personal relacionado al estudio”. De ese cupo, 1.200 quedaron presuntamente en manos de la Embajada de China en Perú y 2.000 en manejo del equipo a cargo del ensayo clínico, que las facilitó a petición de las autoridades y contactos cercanos.
A pesar de ser uno de los líderes en el proceso de vacunación, el último involucrado es Chile, donde también estalló la polémica cuando el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) reveló que unas 37.306 personas fueron inoculadas fuera de su turno. Todas, por lo tanto, habrían sido menores de sesenta años y sin enfermedades crónicas, requerimientos obligatorios para ser parte del primer grupo de vacunación.
La subsecretaria de Salud chilena, Paula Daza, habló a los medios de comunicación y anunció que se llevará una meticulosa investigación para determinar lo ocurrido. “Una vacuna que se pone a una persona menor [de la edad estipulada en el calendario] es una vacuna menos para esa persona de mayor riesgo; por lo tanto, es fundamental que se adecúen al calendario, que tiene el objetivo sanitario de ir vacunando a estas poblaciones que tienen más riesgo”.
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La vacuna politizada
Colombia es el tercer país más afectado por la pandemia en América Latina, con 2’207.701 casos positivos y 58.134 fallecidos. Aunque el presidente colombiano pidió que no se envolviera la vacuna con política, sino que se viera como un logro colectivo, sus palabras duraron poco, pues funcionarios de diferentes bloques han sido criticados por querer llevarse el protagonismo en la distribución y aplicación de las primeras 50.000 dosis recibidas de la farmacéutica Pfizer.
De las situaciones que sorprendieron fueron las primeras vacunaciones en Bogotá y Medellín, donde las fotos del propio presidente y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, fueron duramente cuestionadas. Otra de las criticas al gobierno se hizo el pasado jueves, cuando la jornada de vacunación en Cali se retrasó cuatro horas por una visita del ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela. El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, reaccionó y dijo: “Las vacunas efectivamente tienen impacto capital para intervenir la pandemia del Covid, pero no podemos bajar la guardia en medidas de bioseguridad y quiero que pase ya el excesivo 'Show' para dedicarnos a lo fundamental”.
También fue calificada de innecesaria la foto de Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, sosteniendo la mano derecha de Alba Rocío Montoya, auxiliar de enfermería del Hospital General de esa ciudad, mientras ella recibía la vacuna en el brazo izquierdo.
Engaños
Brasil, por su parte, también ha tenido escándalos alrededor del tema, comenzando por sus altas cifras de muertos por COVID. De hecho, la semana pasada registró en 24 horas 1.308 muertes por la enfermedad, con lo que encadenó dos días seguidos con más de 1.300 muertes diarias, informó este viernes el Ministerio de Salud. En este oscuro panorama se conocieron denuncias sobre las vacunas de aire; es decir, la aplicación de jeringas vacías.
Los hechos se conocieron tras la viralización de algunos videos en redes sociales. La Policía de Río de Janeiro afirmó: “Si las investigaciones confirman que hubo desvío de dosis, o cualquier otra irregularidad, el profesional de salud podrá ser acusado por el crimen de peculado (malversación de fondos), que tiene penas que pueden llegar hasta doce años de prisión”.
El virus de la pobreza
Una de las grandes problemáticas alrededor de la pandemia es el virus de la pobreza, letal y potenciado por el COVID. Un recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales, indica que hasta el pasado sábado se habían administrado 201.042.149 dosis. A pesar de que los países del G7 anunciaron el viernes su compromiso en favor de una mejor repartición con los países pobres, al duplicar su apoyo a la vacunación contra el coronavirus, en este momento nueve de cada diez vacunas se inyectan en países con recursos altos o medios-altos, según la clasificación del Banco Mundial, y casi la mitad (45 %) en los del G7.
En cambio en los 29 países de ingreso bajo, solamente Guinea y Ruanda han empezado a vacunar. De hecho, unas 1.840 millones de personas, casi un cuarto de la población mundial, viven en países que aún no vacunan. “Ningún país estará a salvo hasta que todos lo estén”, advirtió la semana pasada la Organización de los Estados Americanos (OEA) en una resolución aprobada por aclamación por su Consejo Permanente, que reúne a los 34 miembros activos del organismo.
La iniciativa, presentada por los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), copatrocinada por Argentina, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay, entre otros, destaca que vencer de forma sostenible al virus en todo el planeta dependerá “de la disponibilidad y la distribución de vacunas para todos”.