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“Si nos sacan de Mercosur por la puerta, nos meteremos por la ventana”, dijo el presidente Nicolás Maduro en diciembre del año pasado, cuando Mercosur anunció por primera vez que suspendería a Venezuela del bloque regional. La sanción se daba con el argumento de que este país había incumplido sus obligaciones comerciales con el organismo. Entonces, Maduro, que todavía no cargaba con el peso de cuatro meses de protestas callejeras, sin un plebiscito en contra del cual votaron millones y sin la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente cada vez más cuestionada, pareció estar a punto de salirse con la suya.
El 20 de febrero, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, celebró a través de Twitter cuando los parlamentarios del Mercosur desacataron la suspensión y dejaron sesionar a los representantes venezolanos diciendo que el castigo impuesto en diciembre no tenía bases jurídicas. Después de su entrada triunfal por la ventana de Mercosur, la canciller atacó a los gobiernos de Paraguay, Argentina y Brasil, los arquitectos de la sanción que acababa de esquivar.
Los roces de Venezuela con el organismo internacional empezaron cuando el país caribeño entró al bloque en 2012. En ese momento, Paraguay, que se había opuesto fuertemente a la entrada de Venezuela a Mercosur, estaba suspendida por cuenta del golpe parlamentario que sacó del poder al presidente Fernando Lugo. En medio de ese vacío, los gobiernos de izquierda de Brasil, a manos de Lula da Silva, y de Argentina, al mando de Néstor Kirchner, invitaron a la Venezuela de Chávez.
A pesar de ser amiga de dos de sus países más importantes, la nueva invitada a la fiesta de Mercosur no dejó de sufrir desplantes. En 2016, por ejemplo, Paraguay, su viejo detractor, y Brasil, ahora bajo el comando del derechista Michel Temer, trataron de evitar, sin éxito, que le tocara el turno de presidir el bloque.
No pasó mucho tiempo antes de que la canciller Rodríguez empezara a denunciar los ataques que desde Mercosur se hacían contra el gobierno de Maduro y que, según ella, eran dirigidos desde Washington.
La situación sólo se puso peor. Después de años de gobierno de la dinastía Kirchner, a la Casa Rosada de Argentina llegó Mauricio Macri, quien vino con la clara intención de sacar a Venezuela de Mercosur, y en 2016, aliado con Brasil y Paraguay, logró, ahora sí, arrebatarle la presidencia pro témpore a Venezuela e impulsar la suspensión que pesa sobre ella desde diciembre.
La sanción no tuvo efectos reales, no sólo porque la gestión de la canciller venezolana logró pasarle por encima en el parlamento de Mercosur sino porque, en palabras del analista Mauricio Jaramillo, “la suspensión no tocó al corazón de la economía venezolana, que se siguió abasteciendo de alimentos provenientes de México y Colombia”. La otra alternativa para apretar al régimen de Maduro con sanciones económicas sería a través del petróleo, algo que para Jaramillo sólo ayudaría a empeorar la ya difícil situación de los venezolanos.
La novedad de la suspensión definitiva que Mercosur busca imponerle ahora a Venezuela son los términos con los que se justifica. Los miembros del organismo reunidos en São Paulo, que anuncian hoy su decisión, sancionan a Venezuela por violar la cláusula democrática de la organización. Según declaraciones del canciller de Paraguay, la decisión “se tomará en base a lo que establece el Protocolo de Ushuaia en cuestiones sobre democracia, teniendo en cuenta que definitivamente en Venezuela hay una ruptura del orden democrático”.
Con esto, Mercosur se convierte en el primer organismo internacional en sancionar al régimen de Maduro por sus ataques a las instituciones, algo que podrían hacer otras organizaciones a las que pertenece Venezuela, como la OEA y Unasur, pero que parece estar muy lejos de concretarse por falta de consenso. “Surinam depende económicamente de Venezuela y el presidente Dési Bouterse es muy cercano a Venezuela. También están Bolivia, Ecuador y al menos 12 países del Caribe que no van a dejar de respaldar a Maduro”, explica Jaramillo.
La única pieza que le faltaba al rompecabezas del consenso en Mercosur era Uruguay. El 22 de julio, en la última reunión del bloque antes de la que se realiza hoy en Brasil, Uruguay logró que, en lugar de castigar a Venezuela con una suspensión definitiva, se le pidiera a su gobierno “no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales”.
Pocas semanas después, la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Maduro instaló a sus miembros a pesar de las acusaciones de fraude y el rechazo internacional. A eso se sumó la detención de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, algo que el canciller uruguayo, que hasta entonces había hecho llamados al diálogo, no tuvo más remedio que calificar como “un desastre”.
Con Uruguay a bordo, Venezuela se queda afuera y Mercosur sale fortalecida. No sólo demostró más efectividad que otros organismos internacionales
(como la OEA, cuya impotencia para tomar medidas contra Maduro ha sido emblemática), sino que, compuesta por una mayoría de países de talante neoliberal, podrá empezar a adelantar acuerdos comerciales con la Unión Europea, una posibilidad a la que se le atravesó el gobierno de Kirchner, que, al igual que el de Maduro, ya no estará ahí para decir no.