Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que buscan mediar entre el Gobierno y distintos sectores para solucionar la actual crisis del país centroamericano, anunciaron que el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene un mes de plazo para cumplir con los acuerdos del eventual diálogo nacional. Sin embargo, las conversaciones no han iniciado y se desconoce todavía cuándo puedan empezar.
Presionado por las múltiples protestas en las calles de Managua, Ortega accedió el pasado 21 de abril a un diálogo con el sector privado para resolver la crisis detonada por su propuesta de instalar una reforma a la seguridad social. Pese a que finalmente se le dio reversa a este decreto, el mandatario no pudo contener la agitación social despertada tras el anuncio y por eso persisten las manifestaciones.
El sábado, la marcha “Por amor a Nicaragua”, convocada por la Iglesia católica, abarrotó las calles de Managua exigiendo paz para el país y el fin del mandato de Ortega. Mientras el cardenal Lepoldo Brenes remarcaba que “el diálogo va a pasar por respeto a la justicia, la verdad, la libertad y el perdón”, la multitud pregonaba: “¡Que se vayan, que se vayan!”. El sector religioso también ha perdido la confianza en el mandatario. “Nuestra población ha perdido la confianza en él. Todo lo que pueda decir, dudamos que sea cierto”, dijo el vicario Silvio Fonseca.
No sólo fue la intención de reformar la seguridad social lo que hizo estallar la crisis en el país. El pueblo nicaragüense no resiste más el gobierno de Daniel Ortega, quien pese a diferentes escándalos de corrupción sigue aferrado a la Presidencia junto con su esposa y vicepresidenta del país, Rosario Murillo. La familia presidencial es acusada también de nepotismo, concentración del poder y abuso de autoridad, lo que hace que el pueblo ya no crea en su mandatario y no vea con buenos ojos el diálogo.
“Hay un sentimiento de incertidumbre constante. Cada día estamos a la espera de nuevas decisiones, y lo que comenzó como unas protestas pacíficas en forma de rechazo al decreto en la seguridad social se ha transformado en represión e inseguridad, muertes de universitarios y un periodista, censura mediática, violencia de Estado, médicos presos por atender a estudiantes universitarios y reporteros. Esas son algunas de las más claras y violentas respuestas que ha dado el Gobierno que lleva más de 11 años en el poder en Nicaragua”, le contó a El Espectador Yaoska Bautista, estudiante nicaragüense que reside en Europa.
Los estudiantes universitarios, quienes son actores fundamentales del drama vivido a raíz de las manifestaciones, aceptaron ir al diálogo nacional, pero impusieron condiciones para presentarse. En primer lugar, exigieron que sus compañeros detenidos de manera ilegal por el régimen del Gobierno sean liberados y que cese la campaña de represión policial. Además exigieron que los altos mandos de la Policía y el Ejército sean destituidos debido a la respuesta violenta y desmedida a las manifestaciones de nicaragüenses.
“El jueves 19 de abril, la Policía Nacional llegó a irrumpir en los recintos por dentro y fuera de la Universidad Nacional Agraria y la de Ingeniería. Fue un combate con armas el que llegó a proponer la policía, bombas lacrimógenas y disparos certeros a la cabeza, a la frente, al pecho y a los ojos de los estudiantes”, le afirmó a este medio la estudiante Laura Martínez, quien ha participado en las manifestaciones.
La cifra de muertos por las protestas aumentó a 42 el fin de semana y la de desaparecidos ascendió a 48, aunque la lista podría crecer cuando se realice la investigación. Los estudiantes reclaman que se investigue con prontitud cuáles fueron las condiciones por las que sus compañeros murieron. El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, anunció que la junta directiva del ente legislativo creará una Comisión de la Verdad para conocer, analizar y esclarecer los hechos ocurridos durante las manifestaciones. “Esta es la resolución para proceder ya en forma presta y rápida”, aseguró Porras. Sin embargo, esta decisión es vista con desconfianza por parte de la población.
La autodenominada Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, que está integrada por jóvenes de diversas instituciones del país, exigió en un pronunciamiento el “desmantelamiento de los grupos de choque paramilitares, así como la disolución inmediata de la mal llamada ‘Comisión de la Verdad’, presidida por Gustavo Porras. No aceptamos que los asesinos se investiguen a sí mismos”.
Con respecto a las autoridades oficiales, la jefa de la Policía Nacional de Nicaragua, Aminta Granera, tuvo que renunciar luego de recibir múltiples críticas por su manejo del orden público durante la crisis. Puntualmente, Granera era acusada de uso excesivo de la fuerza y complicidad con el régimen de Ortega. La exjefa de la Policía ocupaba el cargo desde 2006, y aunque la institución fue respetada por un tiempo, se llenó de denuncias por violaciones a los derechos humanos y represión a los opositores al régimen luego del ascenso de Ortega, quien terminó por ejercer mucha presión en la Fuerza Pública.
Poco más de una semana después de anunciado el diálogo por Ortega no se han definido una agenda, ni una fecha, ni quiénes participarán puntualmente en las conversaciones, mientras el país continúa conmocionado por el aumento de la violencia y el balance de muertos en las protestas.