“Parar de parir” no resolverá la crisis migratoria venezolana

A medida que nos acercamos a los 8.000 millones de personas en el mundo, son muchas las propuestas que han surgido para tener un control del crecimiento poblacional. No se puede ignorar que estamos frente a un problema de sobrepoblación global, pero decir que la solución a las crisis está en que los “pobres dejen de reproducirse”, o ahora que los migrantes deben “dejar de parir”, no solo es una idea mal concebida, sino que es un error que puede ayudar a aumentar la xenofobia, el clasismo y el rechazo, que desconoce las razones y condiciones por las que estas personas están teniendo hijos y que además busca restringir su derecho legítimo a la reproducción, según expertos.

En el caso de Venezuela, primero hay que comprender que hay tres causales principales que conducen a los embarazos en mujeres de ese país: el precario acceso a la planificación familiar, la crisis hospitalaria y de alimentos así como la violencia sexual a la que se exponen durante el viaje migratorio.

En primer lugar, los venezolanos tienen un acceso restringido a los anticonceptivos. “La alta natalidad de migrantes venezolanos es un patrón social que tiene causas estructurales que lo configuran. Las parejas venezolanas desde hace ya varios años no cuentan con métodos de planificación familiar, ni con un sistema de salud pública, de salud sexual y reproductiva que los asista”, explica Javier Pineda, profesor del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes.

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En Venezuela la planificación es cada vez más difícil, pues no se consiguen pastillas anticonceptivas o su precio es elevado, al igual que el de los condones. Por ello, desde 2017, muchas de las principales marcas de anticonceptivos desaparecieron de las tiendas del país, dejando solo las baratas, que de todas formas siguen estando lejos del alcance de los ciudadanos.

Hoy por hoy un paquete de tres condones cuesta entre 7.500 y 24.000 bolívares, en un país cuyo salario mínimo mensual es de 40.000 bolívares. Las pastillas anticonceptivas, por otro lado, están entre 40.000 y 160.000 bolívares, lo que resulta inalcanzable para los ciudadanos del común. Por ello, algunos venezolanos acuden a métodos alternativos que incluyen desde la abstención hasta la esterilización que algunas mujeres han tomado ante los costos descomunales de los métodos más frecuentes.

Algunos venezolanos, con suerte, pueden abastecerse de anticonceptivos gracias a sus familiares o conocidos colombianos que se los llevan como encargo a su país. Otros se atreven a usar métodos caseros sugeridos por páginas web para evitar embarazos. Estos pueden ser comer papaya dos veces al día y tomar dos tazas de té con jengibre, entre otros. Lógicamente, ninguna de estas ideas garantiza la no concepción. La ausencia de métodos de prevención, como indicó María Eugenia Landaeta, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Caracas, también ha contribuido al aumento de los casos de enfermedades de transmisión sexual, como VIH, gonorrea, sífilis y herpes.

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Luego aparecen los problemas de las mujeres que están embarazadas. Lo más grave del precario acceso a los anticonceptivos es que ha disparado los abortos de aquellas que no esperaban un embarazo. Aunque la interrupción del embarazo era común en el país, las cifras se han multiplicado en los últimos tres años. Según una investigación realizada en cuatro hospitales de Venezuela, entre agosto y diciembre de 2018, por cada cuatro parto partos hubo un aborto. En total fueron 2.246 abortos, lo que representa un promedio de 15 por día, sin contar los abortos caseros, que también se han elevado.

Las venezolanas que quieren tener a sus hijos se ven forzadas a salir del país por las difíciles circunstancias sanitarias, pues Venezuela no cuenta con los suministros médicos necesarios para realizar los partos o simplemente no tiene los recursos para suplir las necesidades básicas de los bebés, como alimento e higiene, luego de que hayan nacido.

Es el caso de Luciana y Tiresias, una mujer con cuatro meses de embarazo y un hombre ciego que llegaron a un hospital en Colombia atravesando un paso ilegal para ser atendidos. O de Noralcy Parra, quien asegura que abandonó su país para hacer el trabajo de parto en un hospital colombiano luego de haber perdido a su primera hija a causa de una bacteria que los médicos en su país no pudieron combatir por falta de medicinas. “La amarga experiencia que viví con mi hija me marcó para siempre. Desde que supe que esperaba otro niño, mi idea fue tenerlo lejos del sistema de salud que la mató. Ya no se consiguen suministros médicos, así se tenga el dinero para pagarlos”, resume Parra.

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Pero la causa de embarazos más aterradora, y que no puede ignorar ningún gobierno de la región, es la que se da por la violencia sexual a la que se enfrentan las mujeres migrantes, quienes en un contexto de vulnerabilidad quedan expuestas a abusos e incluso incestos. Esto no solo ocurre en la migración venezolana, sino en todas las migraciones o desplazamientos humanos desencadenados por cualquier circunstancia. Este escenario es tan frecuente, que el representante a la Cámara de EE. UU., Steve King, denunció que “un porcentaje muy alto de niñas migrantes de Centroamérica reciben píldoras anticonceptivas antes de que sus familias las envían en su viaje al norte… porque las familias esperan que la niña sea violada en el camino”.

Aunque estos factores son conocidos, hay quienes buscan orientar la discusión hacia una respuesta radical y no a soluciones eficaces. De ahí surgen ideas como la de controlar la reproducción de las personas. Como explica Jorge Galindo, doctor en sociología, “los segmentos acomodados de la población aspiran a controlar la libertad de acción en los segmentos populares para garantizar su situación actual, que consideran que puede estar atacada, lo cual tampoco es cierto”.

Querer limitar la reproducción de personas es una idea que vulnera, precisamente, el derecho a la reproducción, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y que, además, no encaja con el ordenamiento constitucional colombiano, que permite el libre desarrollo de la familia. Pero, sobre todo, es una falacia considerar que por el hecho de controlar los nacimientos se resolverán los problemas. El control natal, como se pinta, sin ningún tipo de planificación que acompañe a la sociedad, no producirá ningún efecto.

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En 1981, el reconocido demógrafo mexicano Gustavo Cabrera Acevedo, quien contribuyó en la creación del Consejo Nacional de Población, advirtió que el control natal era insuficiente para contrarrestar los problemas que el crecimiento demográfico había llevado a su país. México, para ese entonces, acababa de tener una de las tasas de crecimiento poblacional más altas del mundo, producto de la constante migración de las zonas rurales a las urbanas, que tenía su origen en el descontento por la falta de oportunidades y servicios en el campo.

“El déficit alimentario del país tampoco se resolverá bajando la tasa de nacimientos o fecundidad. Obviamente la explosión demográfica afecta la producción de alimentos, pero el problema es la insuficiencia de estos para responder a la demanda de la población que año tras año requiere más. No solo bajando la población automáticamente todos vamos a comer más. Se requiere abatir el crecimiento y crear los mecanismos para la producción y distribución de los alimentos”, explica el demógrafo. Así, reducir los índices de natalidad no ayuda a mejorar la calidad de vida por sí sola.

El control natal es una práctica que se ha usado por la Alemania nazi, en Estados Unidos contra los nativoamericanos y afroamericanos, y en Yugoslavia contra las Bosnias. Esto, como explica Galindo, se dio cuando las teorías malthusianas de la población, que dicen que por cada hijo nuevo que llega al mundo hay menos recursos per cápita, eran dominantes en muchas partes del mundo y dentro de varios rincones de la academia. Pero en ningún caso surtieron efecto. “Tenemos un ejemplo aquí abajo en Perú, donde se produjo un proceso de control de natalidad forzada por esterilización bajo la dictadura de Fujimori y uno, no funcionó, y dos, por supuesto se vulneraron los derechos de muchísimas mujeres, sobre todo de las clases más populares”, explica Galindo.

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“Pensar que con más personas entonces habrá menos recursos por cabeza es una falacia. Cuando la natalidad aumenta, cuando hay más gente joven, lo que tienes también es más personas dispuestas a trabajar, más ideas, más gente dispuesta a dar la vida por el Estado y para el Estado, y demás. La natalidad no solo es un pasivo, sino que también es un activo, porque no solo consume recursos, sino que genera oportunidades, y probablemente genera más beneficios que los recursos que consume”, agrega el sociólogo.

Además, de acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, la población colombiana está envejeciendo a pasos acelerados: para 2050 alrededor del 24 % de los colombianos van a ser mayores de 60 años. “La migración venezolana aparece como una solución viable y efectiva para revertir la pirámide demográfica en Colombia”, explicaba en este diario Mateo Arana Brando, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

A lo que se puede aspirar, en lugar de sugerirles a los venezolanos que dejen de parir, es pedirles a los gobiernos que actúen conjuntamente para ofrecerles soluciones de salud sexual. “Lo único que le reconozco al Gobierno colombiano, que dadas sus escasas capacidades, ha mantenido una política de acogida con respecto a migración venezolana, contrario a lo que ha pasado en otros lugares de la región. Queda muchísimo por hacer, pero el Estado colombiano no dispone de las capacidades que tienen otros países. Sería interesante se intentara usar un grupo de integración, como es el Grupo de Lima, para maximizar el bienestar o minimizar el malestar de la población venezolana. Antes que presionar al régimen de Maduro, este grupo podría asegurar y garantizar una coordinación mucho más eficaz en toda la región para los migrantes”, dice Galindo.