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Perú es el segundo país de América Latina, después de Colombia, que más migración venezolana ha recibido: de acuerdo con datos del Banco Mundial, en este país hay 1,2 millones de venezolanos en difíciles condiciones; más de 496.000 han solicitado la condición de refugiado, de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Según los últimos reportes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se ha producido un aumento del porcentaje de mujeres que ingresan a Perú desde el año pasado; asimismo, la población venezolana es, en su gran mayoría, una población joven: como muestran los datos del INEI, para el año 2017 y 2018, aproximadamente el 75% se encuentra entre los 15 y 44 años.
Antes de la pandemia la mayoría tenía un trabajo, en el caso de los hombres como conductores, albañiles y porteros; a las mujeres siempre se les relaciona con el trabajo doméstico, en la cocina o vendedoras. Después de la pandemia muchos se vieron afectados pues los rubros en los que suele trabajar esta población fue la más afectada por los cierres económicos.
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Y justo esa difícil situación que dejó el coronavirus en América Latina está siendo aprovechada inescrupulosamente por mandatarios locales de varios países de la región. En Perú, por ejemplo, el alcalde de San Juan de Lurigancho, en Lima, decidió acusar a los venezolanos (sin pruebas) de organizar ataques violentos contra los locales. No es cierto, según demostró la prensa peruana.
Pero el alcalde Alex González Castillo insiste: dice que “alrededor del 70% de las intervenciones policiales contra conductas que alteran el orden del distrito” implican a extranjeros. No muestra ningún sustento de sus declaraciones. ¿Les suena parecido a lo que sucedido esta semana en Bogotá?
Un reporte de política del Center for Global Development and Refugees International publicado en diciembre advirtieron que la percepción acerca de los migrantes ha empeorado desde 2018, apuntando que esperan que la xenofobia se incremente debido a la grave recesión económica provocada por la pandemia, que podría disuadir al gobierno de hacer esos cambios.
Un reporte de 2019 presentado por los centros de estudios de Washington Brookings Institution y Migration Policy Institute en septiembre concluyó que los migrantes venezolanos en Colombia, Perú y Chile cometen muchos menos delitos que la población local. Tomando los datos de encarcelamientos en Perú como indicador de la tasa de criminalidad, los investigadores afirmaron que el 1,3% de los reclusos habían nacido en el extranjero. Los venezolanos suponían, en ese momento, el 2,9% de la población total del país.
Federico Agusti, representante en Perú del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), revela que sólo el 1,8% de todas las denuncias presentadas en el país son contra venezolanos, agregó. “Cuando realmente miramos los datos, nuestra preocupación es que se ponga, el foco de la inseguridad en la población extranjera, cuando no debería ser”, señaló Agusti a la prensa agregando que esto puede tener un pacto en la población venezolana porque puede aumentar la discriminación y el rechazo.
Uso político de la migración
Esa masiva migración venezolana ha hecho que el tema se convierta en uno de los temas más candentes del debate electoral, pues Perú irá a elecciones generales el próximo 11 de abril. De acuerdo con El Diario de Caracas, algunos candidatos al Congreso y al menos ocho de los que compiten por la Presidencia han incluido la migración en sus propuestas. Casi todas con un sesgo xenófobo y estigmatizante.
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“Un grupo de aspirantes al sillón presidencial utiliza la crisis migratoria para prometer deportaciones masivas de venezolanos indocumentados y cierre de fronteras. Recurriendo así a una peligrosa generalización que afecta a la comunidad de migrantes y refugiados venezolanos que viven en Perú”, señala ese medio de comunicación.
Varios abanderados presidenciales critican que el país acogiera a un millón de venezolanos desde 2017 y los culpan por un supuesto aumento de la delincuencia, aunque el problema de la inseguridad no es nuevo en Perú.
“Los peruanos estamos hartos de la agresión de extranjeros que están haciendo sicariatos, asesinatos o robos menores”, afirma el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, en un video de campaña.
“La gente está pidiendo a gritos expulsar a venezolanos que están delinquiendo en nuestro país”, agrega.
El postulante de centroderecha, Daniel Salaverry, promete que si gana las elecciones el 11 de abril a a “deportar y expulsar a cualquier extranjero que esté en Perú de manera irregular o ilegal. Se acabó, vamos a implementar una leva con el apoyo de las Fuerzas Armadas para que agarren a cualquier extranjero que no tenga regularizado su tema migratorio y para fuera. Lo subiremos en un barco y lo bajaremos en cualquier puerto que encontremos fuera del país. Aquí hay que darle seguridad a los peruanos, no podemos permitir que sigan asaltando y asesinando todos los días a los peruanos”, dijo en una entrevista.
Los militares van a “agarrar a cualquier extranjero que no tenga regularizado su tema migratorio [...] Los subiremos en un barco y los bajaremos en el primer puerto que encontremos fuera del país”, agrega.
Para Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, el ataque a los migrantes es una “fórmula simplona de campaña para buscar votos” en un tema que, apunta a AFP, no es el principal para los electores, más preocupados por la crisis sanitaria y económica.
Llegan en Camiones
En 2017 el presidente Pedro Pablo Kuczynski abrió las puertas a los venezolanos que huían de la crisis en la nación petrolera: llegaron más de un millón. Aunque la ola migratoria se detuvo antes de que la pandemia irrumpiera en Perú hace un año, el candidato de centroderecha George Forsyth -nacido en Caracas, de padre peruano y madre chilena- asegura que los venezolanos siguen llegando masivamente al país.
“Camiones de extranjeros entran por la frontera de Tumbes [desde Ecuador]. “¿Dónde esta el Estado para defender al peruano?”, afirma el popular exfutbolista, sin aportar pruebas.
De acuerdo con ACNUR, nueve de cada 10 venezolanos en Perú ingresó legalmente, pero ahora el 53% no tiene permiso de residencia o lo tiene caduco.
El uso político
ACNUR estima algo similar, señalando que en 2018 los migrantes venezolanos que se sentían discriminados eran un 30% pero ahora son 55%.
Y esto no puede separarse de la campaña electoral, según la agencia de Naciones Unidas.
“Estamos ante un período de elecciones y los comicios aquí y en cualquier otro país generan momentos de polarización. Son momentos en que muy fácilmente se puede usar la situación migratoria o de los refugiados para posicionarse” políticamente, dice a la AFP Regina de la Portilla, responsable de información de ACNUR en Lima.
La candidata izquierdista Verónika Mendoza también considera que hay un uso electoral de los migrantes.
“Hay quienes están azuzando el odio y el miedo a todo lo extranjero para sembrar caos y miedo, para distraer de los verdaderos responsables de la crisis”, dijo Mendoza en una entrevista radial, aunque subrayó que en su gobierno habría “filtros” para evitar el ingreso de personas con antecedentes penales.
En esta coyuntura, muchos migrantes han sido testigos de conductas xenófobas. Como la de George Patrick Forsyth Sommer, exalcalde del distrito La Victoria en Lima, nacido en Venezuela cuando su papá era embajador en Caracas. El político afirma que en ese distrito, en donde hay mucha presencia de migrantes venezolanos, el 80% de las organizaciones criminales están dirigidas por un migrante.
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La lista es larga y la cantidad de propuestas que estigmatizan y no solucionan la solución pasan todas por expulsar a los migrantes o “no permitir el ingreso de los malos”, situaciones que están elevando la xenofobia en ese país.
Rafael Bernardo López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular (RP), no dice nada nuevo, como tantos otros dice que “expulsará de Perú a todo extranjero que cometa algún delito y que quite la paz a la ciudadanía”. Otro más que no mira los informes de seguridad, que señalan , que la migración venezolana no ha aumentado la criminalidad en la región.
Militarizar fronteras
En febrero, el Gobierno de Perú desplegó a sus fuerzas armadas en la frontera con Ecuador para disuadir la inmigración ilegal que presuntamente se ha incrementado en las últimas semanas con la llegada clandestina de ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos.
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A lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla, que marca la frontera entre Perú y Ecuador, se ubicaron más de 50 vehículos del Ejército peruano entre tanques, carros de combate, vehículos blindados y patrulleros, así como más de 1.200 militares.
La presencia militar frente al territorio ecuatoriano se da después de que el pasado jueves la Policía Nacional del Perú (PNP) anunciara la detención de casi 500 inmigrantes ilegales, en su gran mayoría de nacionalidad venezolana, en distintos puntos de la región de Tumbes.
Una medida que según analistas no detienen la migración, pues los venezolanos seguirán huyendo de su país y sólo se encontrarán con un peligroso muro de rechazo y xenofobia.