El agotamiento y las órdenes del presidente estadounidense, Donald Trump, no han sido suficientes para detener la caravana de más de 7.000 migrantes —según cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)— que partió el 13 de octubre de Honduras con destino a Estados Unidos. Este lunes, los caminantes llegaron a Chiapas, en el sur de México, tras haber recorrido más de 760 kilómetros a pie, de los 3.000 km hasta su destino final, con bebés y niños a cuestas. Por ahora, ninguna medida parece tener efecto en los hondureños, que huyen de un país azotado por la violencia y la pobreza extrema.
“Sabemos bien que México no nos recibió como esperábamos y que nos pueden devolver a Honduras, y también sabemos que hay narcotraficantes en este país que secuestran y matan a los migrantes”, dice el hondureño Juan Carlos Flores. “Pero vivimos con más miedos en nuestro país, así que seguimos para adelante”, añade. En 2010, un grupo de 72 migrantes fueron secuestrados por el cartel de Los Zetas y asesinados porque se negaron a unírseles. Rodrigo Abeja, de la organización Pueblos Sin Frontera, advierte que esta “no es una migración normal, es un éxodo (...) Es gente que no está dispuesta a volver a su país”.
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Si bien la crisis, consecuencia de los altos niveles de pobreza y de la violencia criminal, impuesta por pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, no es nueva, ya agotó definitivamente a los ciudadanos de este país que buscan mejor suerte en el norte del continente. “En este viaje uno no come bien, no duerme bien, nunca descansa”, dice María Lourdes Aguilar, otra de las migrantes hondureñas. “Estamos acostumbrados. Nuestro propio presidente no nos quiere; no nos importa que Trump tampoco nos quiera”, señala la mujer de 49 años que viaja con sus dos hijas y sus cuatro nietos.
Trump advirtió que, si la caravana no se detiene, comenzará a cortar la asistencia económica a Guatemala, El Salvador y Honduras, que este año recibieron US$193 millones. Lo que el presidente no entiende es que estas políticas no han detenido ni detendrán a los migrantes que intentan cruzar la frontera. “Las condiciones en Honduras y El Salvador están empujando fuera de los países a las personas que experimentan altos niveles de violencia. Lo que he escuchado más a menudo de ellos es que si la elección es la muerte inminente en su país o ir a otro lugar con la posibilidad de ser detenido o separado, van a tomar el menor de los dos males”, advierte en The Atlantic Philip Wolgin, director de política de inmigración para el Center for American Progress.
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Honduras sigue siendo uno de los países más violentos del mundo. Si bien la tasa de homicidios se redujo de 2.048 en 2017 a 1.808 en 2018, y Caracas (Venezuela) desplazó a San Pedro Sula, la ciudad industrial hondureña, como la más violenta del mundo, la seguridad pública en el país no mejora.
El 68 % de los más de 9 millones de personas que viven en Honduras se encuentran en condición de pobreza, según la ONU. Una tercera parte de la población solo tiene una comida al día y en octubre se registraron varios incrementos en la canasta familiar. El cartón de huevos aumentó más de seis lempiras (US$0,25), la gasolina ya supera las 103 lempiras (US$4,27) el galón y, para dar el tiro de gracia, la tarifa energética se incrementó en más de 18 %. De acuerdo con el más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 59 % de los hondureños estaban desempleados en 2017.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, acusó a la oposición, específicamente al exdiputado opositor Bartolo Fuentes, de convocar esta caravana y otras anteriores para provocar “ingobernabilidad” en el país. ¿Uso político de los migrantes? Trump lo hace: les recomendó a los republicanos utilizar este tema para subir en intención de voto en las elecciones legislativas de noviembre.