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En julio de 2018, Edwin Panis se encontraba bebiendo unas cervezas con sus amigos en las calles aledañas a la Bahía de Manila (Filipinas), sin saber que eran el nuevo blanco de la Policía. El presidente del país, Rodrigo Duterte, había autorizado a los policías para que arrestaran a las personas que estuvieran ingiriendo bebidas alcohólicas en espacios públicos, como parte de su campaña contra el crimen, las drogas y los traficantes; la misma campaña que en un momento de su vida Panis había apoyado.
“Esa guerra contra las drogas se convirtió en una guerra contra los borrachos”, dice el filipino, quien fue uno de los 7.000 arrestados en menos de una semana por beber en las calles. Pero la política de Duterte, considerada como parte de su paquete de medidas represivas contra el pueblo, es tan solo una muestra de la nueva ola prohibicionista en el mundo, cuyas bases están, en gran parte, en Estados Unidos; país que en la década de 1920 instauró una política de prohibición total, que luego tuvo que abolir.
Cada vez son más las ciudades que se suman a las restricciones sobre el consumo de alcohol en zonas públicas, pese a que en 1975 esta práctica era completamente legal en muchos lugares del mundo. En 1982, tras un año de delitos sin precedentes en Nueva York, los profesores universitarios George L. Kelling y James Q. Wilson reavivaron una teoría antigua para aplicarla en la ciudad y solucionar los problemas del aumento de crímenes. “Si una ventana de un edificio se rompe y se deja sin reparar, el resto de las ventanas pronto se romperán”, escribieron los académicos. A esto se le conoció como la teoría de las ventanas rotas, y lo que quería expresar era que un mayor control de infracciones menores conduciría a una caída en los delitos mayores. Si bien este no fue el primer precedente de control sobre las bebidas en público en el país, es uno de los más recientes e influyentes en la sociedad moderna. Vea también: Sí se puede consumir dosis mínima en espacio público: Corte Constitucional de Colombia
Poco a poco, el país fue adoptando medidas restrictivas contra el consumo de bebidas alcohólicas en público. En 1995 la mayor parte de las ciudades en Estados Unidos habían aprobado prohibiciones de consumo público. Hoy el consumo de alcohol es ilegal en casi todo el país, con la excepción de una serie de municipios o ciudades que se conocen como Distritos de Entretenimiento, como Las Vegas. Y pronto, esta conducta se internacionalizó. Aunque en países como Alemania, Dinamarca o Japón las normas permiten perfectamente el consumo de alcohol en zonas públicas, en algunas regiones de Reino Unido, Australia, Irlanda y España, entre otros, se fueron implantando restricciones para vetar el consumo de alcohol en zonas públicas, argumentando que con estas se reduciría la criminalidad. Los críticos de las normativas, sin embargo, tienen varios reparos sobre las restricciones.
Los opositores a las reglas prohibitivas sobre el alcohol señalan que no hay evidencia científica que demuestre una conexión entre el descenso de delitos con las restricciones de alcohol en las calles. Por otro lado, “estas conducen a un estado de exceso de policía y al castigo sobre delitos relativamente menores que se dirigen desproporcionadamente a personas pobres, negras e hispanas”, escribió Sam Roberts, reportero de The New York Times.
“Las prohibiciones de beber en las calles han proliferado en las áreas urbanas a pesar de la falta de una base de evidencia”, concluye un estudio hecho por Amy Pennay, doctora en ciencias de la salud. “Hay una sorprendente ausencia de diálogo académico sobre los impactos de las prohibiciones. Las evaluaciones carecen de rigor metodológico, lo que hace difícil comprender si las prohibiciones han sido efectivas o no. Tampoco está claro cómo debía medirse la ‘efectividad’… Al igual que cualquier otra medida pública que invade la autonomía individual, las políticas sobre el alcohol deben formularse sobre principios éticos claros y con pruebas sólidas sobre los efectos primarios y secundarios”, señala Pennay.
“Casi todas estas leyes, de una forma u otra, son vestigios del sistema de prohibición del alcohol de 1920. En lugar de actualizar nuestras leyes de consumo de alcohol de acuerdo con la comprensión moderna de la moralidad y los mercados, los gobiernos estatales y locales continúan insistiendo en que el alcohol es un producto peligroso del que los ciudadanos deben estar protegidos”, agrega Jarrett Dieterle, director de investigación de Libertad Comercial en el centro de pensamiento R Street. Le recomendamos: ¿Pico y placa para tomar y fumar en parques de Bogotá?
Los ciudadanos suelen tomar en la calle principalmente porque es más económico que tomar en bares. “Veníamos a beber a las plazas, porque el dinero no alcanza, porque los bares son caros y, además, las copas son más pequeñas y de peor calidad que las nuestras”, dice Jaime, un estudiante de historia en Portugal. Pero las restricciones también se han ido extendiendo más allá de la prohibición del consumo de bebidas en público.
El caso español es uno de los más representativos. El popular “botellón”, una costumbre que apareció en la última década del siglo XX en la que los ciudadanos se reunían a tomar alcohol en parques y plazas, fue prohibido en la mayoría de las ciudades del país, y quien lo haga incurriría en una multa de 600 a 3.000 euros, dependiendo de dónde esté. Pero los legisladores buscan extender la línea a prohibir la publicidad de alcohol en horario infantil. En Estados Unidos esto ya es frecuente. El estado de Nueva York prohibió los anuncios de alcohol en la mayoría de los bienes públicos de la ciudad, como autobuses, vagones del metro y otros espacios, para reducir su consumo. Sin embargo, un estudio de 2015 de la Universidad de Texas señaló que la publicidad tiene poco efecto en el consumo de alcohol.
El centro de pensamiento R Street recopiló las leyes a escala nacional y encontró que en algunos casos, en su investigación titulada las “Leyes de las bebidas más tontas de América”, las reglas eran absurdas, como que en Indiana se prohíbe vender cerveza fría —una medida que también estudia México—, que los nativos americanos no puedan tener destilerías de alcohol a escala nacional o que se use a Papá Noel en publicidad de bebidas.
“Si bien algunas leyes que rigen el alcohol son importantes para prevenir cosas como conducir ebrio y otras conductas dañinas, la mayor parte de las leyes sobre el alcohol no tienen nada que ver con la salud o la seguridad. Las malas leyes sobre el alcohol, en última instancia, significan menos opciones para los consumidores y menos empleos creados por los productores artesanales de alcohol. Los ciudadanos no están más seguros por las leyes que prohíben la venta de cerveza fría en las estaciones de servicio o les prohíben que se le envíe alcohol a su puerta”, dice Dieterle.
Los expertos finalmente no creen que las restricciones al alcohol ayuden a la reducción de su consumo. “Dudamos de la efectividad de una medida coercitiva sobre este tema y no nos parece adecuada la instauración de una ‘ley seca’ que haga crecer el atractivo que en los adolescentes ejerce todo aquello que se presenta como prohibido. Con ello, lo único que se lograría sería el que no se bebiera en las calles, pero no el que nuestros jóvenes dejen de beber. Sin embargo, parece que políticamente este sea precisamente el problema que se pretende atajar; es decir, un problema de orden público y no de salud pública”, explica Rafael Gómez Galán, profesor de la Universidad de Extremadura.