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La página del Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) está llena de noticias. El pasado 17 de mayo, por ejemplo, denunciaba los “cruentos ataques” contra los comicios presidenciales de este domingo. Canadá, que anunció que no permitiría la instalación de mesas para los votantes venezolanos en su territorio, acaba de dar un paso más que los países que no reconocerán el resultado de las elecciones venezolanas. El mismo día, la página del CNE se actualizó con otra primicia: el embajador ruso, Vassily Likachev, firmó un convenio para hacer el acompañamiento de la jornada electoral, un gesto de reciprocidad, pues Venezuela envió representantes a las elecciones que el pasado 18 de marzo reeligieron por cuarta ocasión a Vladimir Putin en unas elecciones sin oponentes reales, como las venezolanas.
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Lo que no parece actualizarse con tanta frecuencia en el portal del CNE es el apartado de “Tecnología Electoral”. Allí se puede leer que la proveedora de la tecnología para las elecciones “es la multinacional Smartmatic, la cual fue seleccionada en 2004 tras haber obtenido los más altos puntajes frente a sus competidoras en materia de seguridad y audibilidad del sistema”.
La información contradice las declaraciones que Samira Saba, directora de comunicaciones de la empresa, le dio a El Espectador: “Smartmatic no provee ni tecnología ni servicios para estas elecciones en Venezuela, como tampoco lo hizo para las dos elecciones anteriores (regionales y municipales)”.
Durante más de una década, Smartmatic fue protagonista de los procesos electorales en Venezuela. Sus máquinas para el registro del voto se utilizaron por primera vez en 2004, en el referendo revocatorio con el que la oposición buscaba deshacerse de Hugo Chávez. El proceso fue un éxito, no sólo para el oficialismo, que se atornilló en el poder con el 59,1 % de los votos, sino también para Smartmatic, que consiguió un contrato por más de US$90 millones y que estuvo detrás de cada elección convocada por el gobierno venezolano hasta el 30 de junio de 2017, la fecha en que Maduro pidió votar por los miembros de una nueva Asamblea Constituyente y Smartmatic, para sorpresa de sus detractores, denunció que los resultados habían sido manipulados.
“A pesar de las grandes críticas que una parte de la oposición hizo durante años, la presencia de Smartmatic siempre daba una sensación positiva”, dice Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis, quien además señala que nunca se pudo comprobar que el Gobierno manipulara el sistema automatizado de votación. “Siempre podían ocurrir abusos de poder previos [a las elecciones], pero era difícil utilizar la plataforma electoral para hacer fraude electrónico”.
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Emilio Nouel es abogado, participa en asociaciones civiles de defensa del voto y pertenece al Grupo Ávila, un conjunto de diplomáticos, analistas y académicos. Para él, como para León, la transparencia de los procesos electorales se vino a pique después de la votación del 30 de julio de 2017, la última auditada por Smartmatic.
“El CNE se ha parcializado aún más en favor del Gobierno. No sanciona sus abusos ni la utilización de los recursos públicos para las campañas”, dice Nouel, y señala que “las auditorías técnicas electorales se han reducido y se ha restringido su control por parte de la oposición. Todo esto impide a las organizaciones de la sociedad civil hacer adecuado monitoreo del proceso”.
Las elecciones de este domingo serán supervisadas por el CNE, cuya neutralidad frente al Gobierno se ha puesto en duda en varias ocasiones, como cuando le dio luz verde a la constituyente de Maduro sin que cumpliera todos los requisitos legales o cuando se convirtió en el principal palo en la rueda de la consulta popular con la que la oposición intentó frenar cualquier intento de modificar la Constitución.
Daniel Santolo, quien trabajó durante más de diez años en el CNE y es especialista en sistemas electorales, coincide con Neuel en que el fraude electoral en Venezuela empieza mucho antes del día de las votaciones. Para él, ni siquiera “depende de las máquinas. El fraude en Venezuela se da porque las elecciones en el país son semicompetitivas: el que está en el poder utiliza todos los recursos del Estado para favorecer a su candidato”, afirma el profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Santolo también destaca que, a partir de 2017, el Gobierno lanzó una campaña de desinformación para difundir la idea de que es invencible en las urnas. Se refiere al modo en que, durante las elecciones denunciadas por Smartmatic, el gobierno venezolano reportó un triunfo abrumador por cerca de ocho millones de votos, sin reparar en ningún momento en que durante los comicios para elegir constituyentes, algunas personas podían votar hasta tres veces si pertenecían a alguna asociación gremial.
Para Santolo, un posible triunfo del régimen depende, en gran medida, de que la gente no vote. “Sólo si la abstención supera el 50 o el 55 % es casi imposible derrotar al gobierno”, destaca Santolo, y, a pesar de las irregularidades que rodean al proceso, insiste en que la gente salga a votar. “El sistema electoral venezolano no exige un mínimo de votos ni segunda vuelta; tampoco tiene ningún otro tipo de barrera electoral, por eso el presidente puede ser electo hasta con el 20 % de los votos. Eso no le impediría asumir la Presidencia. Sería un triunfo pírrico, pero un triunfo”.
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