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Mariano Rajoy ha sido fiel a la derecha toda su vida. A la izquierda se ha asomado para tranzar alianzas, pero no mucho más que eso. Es español hasta el último pelo de su barba y quienes lo conocen aseguran que su sentimiento nacionalista no tiene límites. Algunos dicen que se debe a la formación que le inculcó su padre, un destacado jurista de Santiago de Compostela que fue funcionario en la dictadura de Franco. Otros opinan que es su lealtad a las normas, producto de su carrera como abogado. Lo cierto es que durante su carrera política ha defendido la soberanía española y no le ha temblado la mano para bloquear de un portazo las acciones que promueven más independencia para las comunidades autónomas del país ibérico.
Por eso, a pocos les sorprende que el presidente de España no haya optado por el diálogo para resolver la crisis política con Cataluña. Así como tampoco su mala relación con una gran parte de los catalanes. Rajoy no cede bajo presiones y sus opositores tienen claro que no les dará el gusto de rendirse si sabe que lo respalda la Constitución. Tal vez por eso su respuesta al movimiento independentista siempre ha sido el mismo: “No negocio con la ilegalidad”.
“Rajoy es un señor que considera que para triunfar se debe estar en Madrid. Es lo opuesto a un catalán: es de una casta de alto funcionario del Estado, siempre inclinado a la derecha. Muy joven entró a las filas de la Alianza Popular (hoy Partido Popular), un partido fundado por siete ministros de la dictadura franquista en la década de los setenta”, cuenta Ferrán Casas, subdirector del diario catalán Nació Digital.
El éxito llegó a sus manos rápidamente. A sus 24 años se convirtió en el registrador más joven de España y en la década de los ochenta fue presidente de Diputación en Galicia. Con esos resultados, sólo debía recoger unas cuantas migajas del camino para llegar a los altos cargos del Partido Popular en Madrid. Fue acogido por el expresidente José María Aznar y en poco tiempo comenzó a sonar en la política como secretario del partido. En los noventa ya era un ministro reconocido.
Casas recuerda que “curiosamente, en esa época, cuando Aznar quería ser presidente del gobierno, el PP necesitaba el apoyo del partido que gobernaba en Cataluña: Convergència i Unió (ahora Pdcat). Hacen una negociación para tener los votos y para eso se conforma una comisión negociadora, dentro de la cual estaba Rajoy. Y como dato adicional: el primer ministerio que asume fue el de Administraciones Públicas, que se encarga de los asuntos con las regiones”.
Pero la buena relación con Cataluña duró poco tiempo. Hay dos momentos en la historia que, según los analistas, cortaron la frágil pita que los unía. El primero en el 2000, cuando Aznar ganó las elecciones con mayorías absolutas y, de acuerdo con Casas, “promovió un proyecto que buscaba centralizar España y rearmarla nacionalmente”. Aznar quería que “España fuera sólo España y así acabar con las comunidades autónomas”.
Por esa época, los partidos de izquierda de Cataluña hicieron un pacto y uno de los puntos era no realizar alianzas con el PP. Además, para rematar, su único aliado, Convergència, decidió retirarles su apoyo. “Tradicionalmente, el PP siempre ha sido un partido desprestigiado en Cataluña y eso no les convenía. En su segundo mandato, el gobierno de Aznar, que tenía como vicepresidente a Rajoy, tomó decisiones que molestaron mucho a los catalanes, como poner más horas de castellano en las escuelas o apoyar la guerra de Irak”, agrega el periodista.
El segundo hecho que dañó la relación ocurrió un par de años después de que Aznar se fue de la Presidencia. El gobierno quedó en manos de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y Rajoy se convirtió en el líder de la oposición. Para ese entonces, Zapatero firmó un estatuto con Cataluña, en el que se le otorgaba a esta comunidad más capacidad de autogobierno.
El estatuto se aprobó legalmente en todas las instancias y se calmó el descontento de los catalanes. Pero el acuerdo se deshizo pronto, pues el PP, en cabeza de Rajoy, hizo una recolección de tres millones de firmas ante el Congreso para rechazarlo. En 2010, el Tribunal Constitucional tumbó 15 artículos, de tal manera que la iniciativa quedó desnaturalizada. Después de eso, para los analistas, los catalanes sintieron que, incluso por la vía legal, era imposible lograr un acuerdo con España.
¿Es Rajoy el problema?
Dejar el análisis en que a los catalanes no les gusta Rajoy, dice Víctor Climent, analista y jefe del Departamento de Sociología de la Universitat de Barcelona, es una simpleza: “El problema no es Rajoy ni el PP, porque estos sólo forman parte de un entramado político más amplio. Se puede llamar Rajoy o Aznar, como sea. Existe un rechazo profundo de Cataluña hacia la derecha española, que está anclada en clivajes y proyectos a veces más propios de otras épocas. Incluso, muchos lo asocian con el franquismo”.
El verdadero atolladero, según Climent, es el deseo de la ciudadanía por unas reformas estructurales. El académico explica que España es una sociedad que se paralizó hace más de una década, pues no existe un modelo sólido de bienestar y relato social: “No hay proyectos, ideas o propuestas de futuro. Nada. Cuando estábamos en la crisis, sólo pensábamos en cómo salir de ella. Pero hoy no hay una página de literatura política que explique hacia dónde queremos ir. Los países usualmente construyen un relato de lo que quieren ser y, aunque sean conscientes de que sea difícil de llevar a cabo, lo presentan en sociedad y presentan políticas para que avancen. Aquí no existe eso”.
Eso ha llevado a una lucha entre los que avalan la Constitución del 78 y los que quieren modernizar España. Como consecuencia de la tensión nacen movimientos, como el 15M en medio de la crisis económica de 2015 o el independentismo catalán, que buscan otras alternativas. “Estos hechos son sólo síntomas de la verdadera enfermedad. Si España tuviera un proyecto atractivo y fuera una sociedad que, a pesar de las dificultades, fuera progresando, ¿quién se quisiera ir? Tal vez unos pocos, pero la gran mayoría permanecería. Y esto lo reconocen incluso partidos políticos, como Podemos, por ejemplo”, asegura el académico.
Como no hay propuesta y hasta ahora la respuesta del Gobierno ha sido la aplicación del artículo 155, una parte de Cataluña se radicalizó y muchos, sobre todos quienes vivieron la época de la dictadura, comparan los hechos del último mes con la represión de la época. Lo más paradójico, agrega Climent, es que, con algunas decisiones, como la detención de una parte del Govern, el gobierno español juega en su contra: “Carles Puigdemont, quien fue presidente de la Generalitat hasta hace unos días (lo destituyeron con la aplicación del artículo 155), se va a Bruselas. Los independentistas quedan sorprendidos, por no decir sonrojados. Muchos pensaban que había escapado. Había una desazón. Pues las detenciones cambiaron el relato. En menos de seis horas, Puigdemont pasó de ser una persona señalada por su gente a un sabio que sólo se protegía”.
Aunque no todos lo ven así, Casas explica que este tipo de decisiones marcan la apuesta política del gobierno español: “Ellos piensan que con esto el independentismo se desanimará y que habrá gente que no votará porque no se proclamó la república y se ha encarcelado a las personas. Y que, en cambio, los españolistas irán a votar y eso transformará el panorama electoral”.
Sin embargo, hay quienes consideran que la decisión de renovar el Parlamento no tiene sentido. David Casassas, experto en movilizaciones y opinión pública, está seguro de que, si convocan a nuevas elecciones, se lanzarán los mismos partidos que estaban hasta hace unos días y aprobaron la declaración de independencia. A menos que se inhabilite a los partidos que se postulen con propuestas independentistas, por ejemplo.
Los tres analistas coinciden en que, en estos momentos, todo puede pasar, y aunque se calme por ahora la crisis catalana por medio de represión o elecciones, lo más probable es que el inconformismo surgirá más adelante. Casas lo resuelve así: “La gente quiere ser escuchada y buscar otras maneras de ser gobernados”. Mientras se toman decisiones, los ciudadanos ya están planeando un nuevo encuentro en las calles. Lo más probable es que el 12 de noviembre Cataluña entre en paro. Una vez más, salen a exigirles a las partes el diálogo; a la Unión Europea, una mediación, y al mundo, que no les dé la espalda.