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En una comparecencia ante la prensa en Madrid, Rajoy anunció su intención de conseguir el "cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el consejo de gobierno", en un Senado en el que su Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta.
"La idea", añadió Rajoy, es que "los ministerios asuman esta responsabilidad a lo largo del plazo que dure esta situación excepcional".
Además, el jefe del gobierno pidió la potestad de disolver el Parlamento catalán, actualmente en manos de Puigdemont, para "convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses".
"Éste es un proceso que ha sido unilateral, ha sido contrario a la ley, y ha buscado el enfrentamiento", sentenció Rajoy, culpando a los independentistas de la crisis e insistiendo en que el objetivo es "recuperar la normalidad".
El Senado deberá a fines de mes aprobar el uso de estas medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución -nunca usado de pleno en 40 años de democracia- y tendrá la posibilidad de sugerir cambios al plan.
En ese trámite en el Senado, de una semana aproximadamente, Puigdemont podrá igualmente presentar alegaciones, según el reglamento de la cámara alta.
El presidente catalán, en el cargo desde enero de 2016, pronunciará un mensaje institucional esta noche a las 21H00 (19H00 GMT) y participará en una manifestación por la tarde. Esta semana había amenazado con una proclamación unilateral de independencia si se aplicaba el artículo 155.
Si Puigdemont diera el paso de proclamar la independencia unilateralmente, la Fiscalía General del Estado "formularía una querella" por un delito de rebelión, pasible con hasta 30 años de cárcel, indicó a AFP una fuente de ese organismo.
El cese del gobierno catalán y la convocatoria de elecciones son las dos medidas más contundentes del gobierno español en virtud del artículo 155 de la Constitución, que permite a Madrid intervenir el gobierno de una comunidad autónoma.
Es el culmen de cinco años de pulso por las aspiraciones independentistas de las autoridades catalanas, en la peor crisis de la España democrática en 40 años.
Rajoy: "No se suspende la autonomía"
La población catalana está profundamente dividida sobre la independencia, pero todos son conscientes de la movilización popular que provocará la suspensión de competencias de la región.
La primera oportunidad de demostrar el descontento será este mismo sábado a las 17H00 (15H00 GMT), en una manifestación por la libertad de dos destacados líderes independentistas acusados de "sedición" y puestos en prisión preventiva.
Rajoy dijo que el origen de su decisión está en el referéndum de autodeterminación que el gobierno catalán organizó el 1 de octubre a pesar de su prohibición por la justicia, por inconstitucional.
Para esa consulta, recordó, se aprobaron en la cámara regional dos leyes en las que "se liquidó por mayoría la Constitución" y el Estatuto de Autonomía catalán.
Pese a todas estas medidas, dijo no obstante Rajoy, "no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña". "Se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley", sentenció.
Desobediencia "sistemática"
En un escrito difundido antes de anunciar las medidas, el gobierno español las justificó por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" del ejecutivo de Puigdemont.
Prueba de la gravedad del momento es que la noche del viernes, el rey Felipe VI denunció "un inaceptable intento de secesión", en la entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo (norte).
"No queremos ni podemos renunciar a lo que juntos hemos construido", dijo el monarca, añadiendo que el Estado resolverá el pulso independentista "por medio de sus legítimas instituciones democráticas".
En los últimos días, por otro lado, los máximos dirigentes de la UE expresaron su oposición a una independencia unilateral de Cataluña, un territorio de 7,5 millones de habitantes que representa el 19% del PIB español.
Las últimas elecciones regionales catalanas tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2015.
En ellas obtuvieron una mayoría de 72 escaños sobre un total de 135 los partidos separatistas, repartidos entre la actual coalición de gobierno Juntos por el Sí, y el partido anticapitalista CUP, que brinda a estos un apoyo esencial en la cámara.