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Activistas humanitarios y autoridades indígenas ancestrales repudiaron hoy la retención del investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Yilen Osorio, y pidieron la captura de los funcionarios responsables de no permitirle el ingreso al país.
En un pronunciamiento público, una veintena de organizaciones y municipalidades indígenas calificaron de "vergonzosa" esa decisión de retener al investigador colombiano en el Aeropuerto Internacional La Aurora, de la capital.
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Y exigieron a la fiscal general, María Consuelo Porras, que investigue y ordene la captura de Miguel Antonio Cantoral Dávila y de Irma Cruz Suntecún. Ambos son delegados de Migración en el Aeropuerto Internacional La Aurora y "están cometiendo el delito de desobediencia y detención ilegal", aseguraron.
Las autoridades indígenas instan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la de Constitucionalidad (CC) "evitar que se consuma un auto golpe de Estado, que convierte a Jimmy Morales Cabrera en dictador y busque asilo político para no ser juzgado.".
La Convergencia por los Derechos Humanos también repudió la "retención ilegal" de Osorio y piden a la fiscal general que actúe en contra de los supuestos responsables, entre ellos, la canciller Sandra Jovel y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.
Nobel de Paz contra la detención
La premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, pidió hoy a la comunidad internacional condenar la retención del investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Yilen Osorio.Las autoridades guatemaltecas no le permitieron al colombiano su ingreso al país luego de llegar en un vuelo comercial en las últimas horas del sábado.
Menchú, una activista indígena guatemalteca, utilizó la red social de Twitter para rechazar la decisión de impedir la entrada de Osorio al país
La premio Nobel instó "a los ciudadanos, a las organizaciones sociales, políticas, religiosas; a los pueblos indígenas y a la comunidad internacional a condenar de manera categórica estas decisiones ilegales y antidemocráticas del Gobierno de Guatemala al impedir la entrada del funcionario de la @CICIGgt"
Nuestra solidaridad y respaldo al trabajo del Sr. Comisionado @Ivan_Velasquez_ al frente de la @CICIGgt en Guatemala, porque ha contribuido notablemente al combate de la corrupción y la impunidad y fortalecido el Sistema de #Justicia y a la democracia en #Guatemala🇬🇹 @ONU_es pic.twitter.com/4kIF1Usw3C
— Rigoberta Menchú Tum (@RigobertMenchu) September 5, 2018
El 27 de agosto del año pasado, el mandatario guatemalteco declaró "non grato" al jurista colombiano por injerencia en asuntos internos e intentó, sin éxito, expulsarlo del país.
¿Qué es la Cicig?
En 1996, al final del conflicto interno que enfrentó al estado de Guatemala contra la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG), la paz llegó a Guatemala acompañada por un acuerdo de 17 puntos. Por primera vez en 36 años, el país se ponía ante un futuro sin guerra, pero la debilidad de las instituciones y la falta de voluntad política hicieron que la dicha durara poco.El acuerdo con el que la ONU y Guatemala crearon la CICIG se firmó en diciembre de 2006. Empezó las investigaciones desde 2007 y reveló varios casos emblemáticos que han puesto en jaque a Gobiernos, funcionarios, narcotraficantes o empresarios. En 2019 terminará su misión por decisión del Gobierno.
Según su mandato, la Comisión debe investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar en su desarticulación, y hacer recomendaciones al Estado "incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias".
Ver más: ¿Por qué los poderosos le temen a la Cicig?
Por sus filas han pasado tres comisionados: el español y exmagistrado en su país Carlos Castresana (2007-2010), el costarricense y ex fiscal general Francisco Dall'Anese (2010-2013) y el colombiano y exjuez colombiano Iván Velásquez, quien será el último tras anunciar este vieres el Gobierno que no renovará el mandato de este ente, que vence en septiembre de 2019.
Castresana dimitió por el "incumplimiento" del Estado guatemalteco con su compromiso de combatir la impunidad, mientras que Dall'Anese no renovó contrato "por asuntos personales", luego de que el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) se quejara ante Naciones Unidas por su "participación" en "algunos procesos" legales en el país.
Velásquez no parece que pueda resistir los embates de quienes lo quieren fuera, manifestado claramente a través de la decisión del presidente, Jimmy Morales, de no renovar las funciones del ente y ordenar la inmediata transferencia de capacidades a las entidades locales de seguridad y Justicia.