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Asfixiada por la caída del precio del petróleo y las sanciones estadounidenses, Venezuela asegura ser un "buen pagador", pero las malas noticias se suceden en un país cuya población está sometida ya a la escasez de alimentos y medicinas a falta de dinero para importarlos.
Una delegación venezolana dirigida por el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, firmó este miércoles un acuerdo que reestructura un crédito otorgado en 2011 para comprar armamento ruso, indicó una fuente diplomática a la AFP.
El acuerdo prevé un nuevo calendario de reembolsos en 10 años con aportes "mínimos" durante los primeros seis años, indicó el ministerio ruso de Finanzas.
"Aliviar la carga de la deuda" permitirá "utilizar los fondos liberados para desarrollar la economía del país, mejorar la solvencia del deudor y aumentar las posibilidades para que todos los acreedores recuperen los créditos ya acordados", explicó el ministerio ruso en un comunicado.
"Hoy avanzamos hacia un acuerdo de recomposición de nuestra deuda con Rusia. Aún en circunstancias difíciles, el Gobierno revolucionario del Presidente @NicolasMaduro está enfocado en las condiciones favorables y justas" escribió en un tuit el vicepresidente venezolano a cargo del área económica, Wilmar Castro.
Ese mismo funcionario, también ministro de Agricultura, se congratuló durate una conferencia de prensa en Moscú de un acuerdo con "términos muy favorables" que Venezuela --dijo-- puede cumplir.
Más allá de esta operación, el gobierno ruso "no ha recibido ninguna petición" de ayuda adicional de parte de Venezuela, según el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.
Según Anton Tabakh, economista jefe de la agencia de calificación RAEX, es "normal" que Rusia quiera reestructurar la deuda de Caracas.
La operación permite "a ambas partes mantener las apariencias y ganar tiempo, ya que ahora la cuestión de la deuda venezolana no puede ser resuelta de ninguna manera", explica a la AFP.
La reestructuración de esa deuda es una gota de agua en el endeudamiento de Venezuela, que alcanza los 150.000 millones de dólares.
La deuda venezolana con Rusia incluye 6.000 millones de dólares pagados por adelantado por la petrolera semipública Rosneft a la venezolana PDVSA.
De estos, 2.500 millones fueron saldados entre mayo de 2016 y abril de 2017.
Oficialmente, se trata de un avance por contratos de entregas de petróleo y carburantes previstos hasta 2019 pero varios expertos consideran, sin embargo, que se trata de un apoyo financiero disimulado a Caracas, bastante más turbio.
Rosneft aseguró el martes que no veía ningún "riesgo" en no recuperar su crédito.
Para Caracas, todo depende de su acreedor principal, China, dado el monto en juego y también el tipo de apoyo de Pekín, más frágil que el de Moscú.
En el caso de China, su principal acreedor, los expertos estiman que las sumas ascienden a varias decenas de millones de dólares.
'Nos tiene sin cuidado'
El lunes y el martes, las agencias de calificación S&P Global Ratings y Fitch declararon consecutivamente a Venezuela en default parcial, tras constatar que el gobierno había incumplido varios vencimientos al término del período de gracia de 30 días.
Las dos agencias adoptaron una decisión similar en relación al grupo petrolero estatal PDVSA, por haber demorado una semana en pagar dos vencimientos por un monto de 2.000 millones de dólares.
"Somos buenos pagadores a pesar de lo que digan las calificadores de riesgo, el Departamento del Tesoro, la Unión Europea y Donald Trump", afirmó el martes el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez.
"Nos tiene sin cuidado, vamos a pagar en común acuerdo con los tenedores de los bonos", agregó.
Por su parte, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores de deuda, decidió aplazar hasta el jueves el análisis de si hubo cesación de pagos, con el fin de "obtener informaciones claras sobre el calendario de pagos efectuados".
El anuncio de default parcial podría preceder a un default general, es decir una situación en la que Venezuela se encontraría en una incapacidad total de pagar sus deudas.
Con reservas internacionales de 9.681 millones de dólares, Venezuela debe pagar en lo que resta del año unos 1.470 millones de dólares y en 2018 más de 8.000 millones.
Según S&P y Fitch, las sanciones del gobierno estadounidense, que prohíbe a sus ciudadanos y bancos aceptar cualquier acuerdo con las autoridades venezolanas, complicará y alargará las discusiones con los acreedores.
Según Venezuela, 70% de sus acreedores son estadounidenses o canadienses.
Venezuela corre el riesgo de quedarse fuera de los mercados al igual que PDVSA y de enfrentarse a demandas judiciales, con la posible incautación de activos venezolanos en el extranjero.