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La audaz decisión del gobierno de Colombia de regularizar la situación legal de casi un millón de venezolanos y allanar el camino para facilitar la integración de casi otros tantos migrantes del vecino país, ha despertado elogios de la comunidad internacional y amplios sectores de la opinión pública nacional.
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Sin embargo, ese importante anuncio ha eclipsado el delicado asunto de la militarización de las fronteras que los países del cinturón andino suramericano han puesto en práctica casi de manera simultánea, desde finales del 2020 y las primeras semanas de 2021, para evitar el ingreso por sus fronteras de los venezolanos que huyen de la crisis en su país.
La situación descrita ha sido particularmente grave en Chile, Perú y Ecuador, estados que entre los tres albergan a casi dos millones de venezolanos, y también ha concernido, aunque de manera más discreta, a Colombia donde viven hoy cerca de 1.800.000 personas provenientes de Venezuela, país con el que comparte una larga, compleja y porosa frontera de más de 2.200 kilómetros.
No cuestionaremos el derecho soberano que asiste a cada uno de esos países a utilizar a las fuerzas armadas para salvaguardar sus fronteras, pues de hecho ese es el norte de los cuerpos militares nacionales. Pero sí podemos preguntarnos, si después de tanta agua que ha corrido en la ya larga crisis de movilidad humana de Venezuela, es esa la manera más eficaz y justa de afrontar la crisis humanitaria que ha llevado a 5.478.377 venezolanos a dejar su país.
Una seguidilla
Las primeras noticias datan del último trimestre de 2020 en Colombia, donde las autoridades pusieron en práctica la Operación Muralla, en el marco del Plan Frontera Segura y Regulada, para que de manera conjunta el ejército y la policía de este país intentasen sellar decenas de pasos fronterizos irregulares, conocidos como trochas, por donde diariamente miles de venezolanos y colombianos cruzan la línea fronteriza, bien sea para migrar hacia Colombia y otros países del continente o para comerciar, abastecerse, acceder a servicios de salud o simplemente visitar a familiares que viven a ambos lados del límite.
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En Chile, el presidente Sebastián Piñera firmó el 12 de enero un decreto que permite a las Fuerzas Armadas del país contribuir al control de la migración ilegal en los pasos “no habilitados” –equivalentes a las trochas colombo venezolanas- en las fronteras norteñas con Perú y Bolivia. Esta medida permitió la participación de los militares en las labores de control migratorio y, en palabras del jefe del Estado, pretende “poner orden en nuestra casa, proteger mejor nuestras fronteras y combatir la inmigración ilegal”.
Los primeros resultados de este decreto pudieron observarse el pasado 10 de febrero cuando fueron expulsadas del país 138 personas que habían entrado de manera irregular, entre ellos más de 80 venezolanos, así como otros nacionales de Colombia, Perú y Bolivia. Las imágenes de los deportados, uniformados con trajes blancos de bioseguridad y acompañados uno a uno por personal de seguridad uniformado, siendo montados en un avión de la Fuerza Aérea de Chile con destino a Venezuela y Colombia, pudieron verse en las pantallas de televisión y en las redes sociales.
La jornada contó con la presencia del más alto nivel del gobierno chileno, los ministros de Exteriores, Defensa y del Interior, cuyo titular, Rodrigo Delgado, informó que están previstos otros 15 vuelos para expulsar de Chile a más extranjeros.
El 27 de enero las agencias de noticias internacionales y los medios peruanos se hicieron eco del despliegue de las fuerzas armadas de ese país en la frontera con Ecuador, con el fin de controlar el paso de migrantes. Videos y fotografías dieron cuenta del paso de convoyes con tanques y camiones militares, enarbolando la bandera peruana, acompañados de helicópteros, en dirección a la frontera ecuatoriana. Los despachos de prensa hablaron de disparos al aire efectuados por militares del Perú para disuadir la entrada de migrantes por pasos no oficiales.
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De manera algo menos ostentosa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador ordenó el 1 de febrero la movilización de unos 200 efectivos del Ejército de ese país y 20 vehículos militares a la frontera con Perú, nuevamente con el argumento de intensificar la vigilancia en los pasos irregulares entre ambas naciones y buscar frenar la migración ilegal proveniente desde Venezuela.
Algunas conclusiones
Llama la atención la relativa simultaneidad con la que los países andinos mencionados tomaron la decisión de otorgar a las fuerzas armadas un rol más protagónico en el control del fenómeno migratorio venezolano, lo que hace suponer algún nivel de conversaciones y coordinación entre las autoridades civiles y militares de los países involucrados. Alguna pista en este sentido se desprende de la reunión que César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú mantuvo con su homólogo ecuatoriano, general Luis Lara Jaramillo, en el punto fronterizo entre Aguas Verdes y Huaquillas, poco antes de los acontecimientos, donde las dos partes hablaron de los problemas fronterizos.
Resalta, así mismo, que una medida de esta magnitud no se haya considerado en el seno del Grupo de Lima, instancia creada por los principales países suramericanos que han recibido contingentes migratorios venezolanos para gestionar ese fenómeno. En todo caso, los hechos demuestran que ha sido más fácil alcanzar acuerdos echando mano a opciones que priman la seguridad, por encima de una visión más holística con enfoque en los derechos humanos y la protección de los migrantes.
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Otorgar un rol protagónico a los militares en esta compleja situación acarrea riesgos que se desprenden del hecho de que no se trata de un cuerpo especializado en tratar un problema que mundialmente es responsabilidad de especialistas y organismos civiles. Enfrentar a quienes salen de Venezuela escapando del hambre, la falta de empleos y la represión, con tanques y armas de guerra no parece pues una buena idea y presagia eventuales tragedias que deberíamos evitar en América Latina. En el fondo, erróneamente se quiere ver a los venezolanos como migrantes clásicos en busca de mejores condiciones de vida y no, en una proporción importante, como refugiados sujetos de protección internacional.
Resalta el contraste como Chile y Colombia están abordando el tema migratorio. Santiago acogió a un buen número de venezolanos al comienzo del éxodo, aprovechando su pujante economía, ávida de profesionales y mano de obra, pero ha venido adoptando una posición crecientemente restrictiva y represiva. Mientras tanto Bogotá, más allá de algunas contradicciones, ha optado por acoger, regularizar e integrar a casi 2.000.000 de venezolanos, un número que no tiene ninguna de las naciones de la región. Un gesto valiente y un reto gigantesco al que deberían dirigir sus miradas los gobiernos latinoamericanos.
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*Txomin Las Heras Leizaola es investigador del proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.